Se pagan tres cuotas: así opera la maquinaria de la compra de votos en elecciones

La imagen cruda del “mochilero”, esa persona que con un morral cargado de dinero recorría los barrios negociando de frente los votos para congresistas, alcaldes o gobernadores, desapareció hace algunos años con los escándalos de corrupción, los nuevos controles de las autoridades y el auge de las redes sociales. Hoy son cosa del pasado o una rareza difícil de encontrar, incluso en los pueblos más recónditos del país.

La imagen cruda del “mochilero”, esa persona que con un morral cargado de dinero recorría los barrios negociando de frente los votos para congresistas, alcaldes o gobernadores, desapareció hace algunos años con los escándalos de corrupción, los nuevos controles de las autoridades y el auge de las redes sociales. Hoy son cosa del pasado o una rareza difícil de encontrar, incluso en los pueblos más recónditos del país.

Sin embargo, lo que se esfumó fue el arquetipo del comprador de votos, mas no la práctica, que regresa una elección tras otra, cada vez con métodos más sofisticados. El Espectador recorrió varios municipios del Caribe, cuna de casos como el de Aída Merlano, Eduardo Pulgar o María Cristina Soto, y encontró que, desde las sombras, las fichas de algunos políticos ya preparan el terreno para asegurar sus votos.

Los protagonistas son los líderes barriales, a quienes algunos siguen llamando mochileros, eslabón entre votantes y candidatos o sus coordinadores de campaña. Generalmente son hombres o mujeres con reconocimiento en sus barrios, muchas veces con aspiraciones políticas. El exsenador Laureano Acuña, conocido como el “gato volador”, tiene la fama de haber iniciado como mochilero de la casa Gerlein en el sur de Barranquilla, para luego convertirse en concejal y más adelante uno de los congresistas más poderosos del Atlántico. Él ha negado el señalamiento y asegura que no compra, sino que “coloca” votos.

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Un líder barrial de Barranquilla, que conoce de cerca el movimiento de las campañas, le dijo a este diario que las maquinarias de la compra de votos ya empezaron a andar desde hace varios meses. Asegura que en la región se están haciendo tres pagos: “al primero le dicen auxilio de marcha y es el que entregan casi tres meses antes de las elecciones. El otro adelanto llega más o menos el 15 de septiembre y el último se hace el mismo día de las elecciones, cuando la persona muestra su certificado de votación o, incluso, al otro día, cuando ya están los resultados”.

Una parte del dinero se queda en manos de los líderes, quienes cobran su comisión o la destinan para gastos logísticos, como el alquiler de buses o la compra de almuerzos para el día de las votaciones. “Aquí hay bastantes personas que se dedican a eso, pero ahora todo es más callado porque es delito”, agregó el líder.

Un candidato de la ciudad, que pidió no ser citado, también aseguró que los compradores de votos ya están trabajando y añadió que varios venden los llamados paquetes, que es el voto por edil, concejal, diputado y alcalde. “Lo que hacen es preguntarles a sus líderes cuántos votos tienen y ahí hacen la cuentas. Suponiendo que el enlace tenga 100 votos en el barrio, a $150.000 cada uno, entonces son $15 millones. Lo que hacen es que les sueltan primero $5 millones, en septiembre otros $5 millones y el día de las elecciones, esta vez el 29 de octubre, los $5 millones que faltan”.

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Todo este andamiaje requiere por lo menos un año de trabajo, tiempo en el cual los líderes contactan a sus votantes, los planillan y zonifican. En las planillas se incluyen los nombres completos del ciudadano, su cédula, dirección y el puesto de votación, así como el dato del líder encargado.

En la etapa de zonificación aparece otro delito, la trashumancia electoral, ya que en muchos casos los votantes son trasladados de ciudad o simplemente de localidad, para lograr un mayor control el día de las elecciones. Según la Registraduría, para las elecciones del 29 de octubre, municipios como La Jagua del Pilar (La Guajira), Tununguá (Boyacá) y El Tambo (Cauca) presentan un incremento desmesurado en la inscripción de cédulas, con variaciones que superan el 196 %.

La inscripción de la cédula es uno de los momentos en los que el mochilero debe adelantar una parte del pago a los electores. El saldo final también se les entrega a los líderes, quienes verifican ante el comando de campaña, con certificado electoral en mano, que el ciudadano depositó su voto como lo había prometido.

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En este punto entra a jugar lo que llaman el castigo del voto, la manera en la que se mide qué tanto de lo invertido se traduce en apoyos para el candidato. Los más optimistas aseguran que se pierde un 30 o 40 %, pero otros dicen que en este momento las cosas están al revés. “Se pierde un 70 % de la plata; sin embargo, en muchos casos con ese 30 % que sí vota es suficiente para hacer la diferencia”, advirtió otro político barranquillero.

En busca de reducir esos márgenes de error, las campañas han desarrollado nuevas estrategias para vigilar los recursos e incluso herramientas tecnológicas para contabilizar los votos, el número de líderes y hasta para contrastar sus datos con bases oficiales.

Un proceso sofisticado

En las elecciones legislativas de 2018, una “organización criminal electoral”, como la definió la justicia, armó una de las redes de compra de votos más grandes que se haya conocido. Políticos, empresarios y particulares conformaron un grupo de casi 1.000 personas dedicadas a pagar por sufragios en Barranquilla y municipios del Atlántico, Magdalena, Bolívar y Cesar.

La cabeza de esta operación era la exsenadora Aída Merlano, cuya captura, condena y posterior fuga desataron una tormenta política que lanzó sus coletazos contra importantes casas políticas del Caribe, como la de los Char y la de los Gerlein. Merlano, quien también fue mochilera, lideró la estrategia económica y operativa de la compra masiva de votos para ella y su fórmula, Lilibeth Llinás.

La complejidad de este entramado queda en evidencia desde el mismo funcionamiento del comando o sede de campaña, la famosa “Casa Blanca” de Barranquilla. A este lugar solo ingresaban los líderes y coordinadores carnetizados, quienes estaban registrados con nombres y cargo y, además, recibían una mensualidad para permanecer pendientes del proceso y no dejar la campaña por el ofrecimiento de otros políticos.

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Una vez los líderes armaban sus planillas de votantes, recibían un adelanto de $15.000, más otros $20.000 si era necesario cambiar de puesto de votación. Toda la información de los ciudadanos y los líderes era manejada por un equipo administrativo que, según la investigación, tenía un software para comparar la información con la de la Registraduría.

Los datos se compartían entre algunas campañas, con el fin de evitar que los líderes vendieran sus votantes a otros candidatos. En la estructura también participaban unas personas llamadas “didactas” y “punteadores”, encargadas de ayudar a verificar el voto y entregar un sticker con la frase “Gracias por tu apoyo” y un código QR.

Con el sticker y el certificado, los líderes cobraban $35.000 más y los pagaban a los votantes. En “Casa Blanca”, con cada código QR se identificaba a qué líder correspondía cada voto. Según la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia de primera instancia de septiembre de 2019, la campaña creó un modelo de comisiones, ya que quienes lograban el 70 % de los votos prometidos recibían $15.000 por cada voto adicional. Ese 70 % correspondía a la ya mencionada tasa de castigo.

Según Aída Merlano, el dinero para la compra de votos, calculado en más de $6.000 millones, habría salido de las coimas que contratistas como Faisal Cure, Julio Gerlein y Héctor Amaris, entre otros, pagaron presuntamente por contratos con las administraciones de la casa Char. Todos lo han negado.

En las grabaciones que el tribunal utilizó para condenar a Merlano se escucha a la excongresista hablar de los pagos e incluso quejarse por la falta de dinero: “Tú crees que yo voy a dejar de pagarles a los líderes (...) por mucho que quiera ahorrar esa vaina no baja de $1.500 millones”.

Actualmente, la Corte Suprema investiga otra supuesta gran red de compra de votos en el Caribe, específicamente en Maicao (La Guajira). Según las denuncias y varias interceptaciones de la Fiscalía, una poderosa maquinaria presuntamente habría comprado votos para políticos como María Cristina Soto, madre del representante Juan Loreto Gómez; Eduardo Pulgar y Armando Benedetti.

La compra de votos es uno de los males que ponen en riesgo la contienda electoral de este 29 de octubre. Sumado a los riesgos de violencia y la financiación irregular de las campañas, es uno de los delitos que exigen mayor atención de los autoridades y la Organización Electoral.

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