Desde este lunes, 26 de junio, la atención ha estado puesta sobre La Guajira, departamento que eligió el presidente Gustavo Petro para comenzar su iniciativa de gobernar desde el territorio. Durante toda la semana él y su gabinete despacharán desde el extremo norte del país buscando atender las necesidades de la población. Se conoció, además, que la segunda jornada del llamado “Gobierno con el pueblo” se desarrollará en el departamento de Arauca.
El presidente también afirmó el pasado 23 de junio que estudiaba la posibilidad de declarar una emergencia social y económica para atender la crisis por la escasez del agua en La Guajira. En este contexto, el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, hizo un llamado: “La Guajira merece toda la atención, la vida y dignidad de personas son prioridad del presidente Gustavo Petro. Desde Nariño seguimos clamando atención urgente a la crisis humanitaria. Los confinamientos, desplazamientos, conflicto no cesan. Necesitamos se decrete Emergencia social y económica”.
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“Desde enero, la destrucción de la vía Panamericana por deslizamiento ha incrementado el costo de vida, arruina a productores y pequeñas empresas. La situación del campo es crítica, igual sucede con pequeñas empresas. Nariño también necesita medidas urgentes”, continuó el gobernador en su cuenta de Twitter.
El llamado de atención no es exclusivo de Rojas. Ayer, la Oficina de Naciones Unidas en Colombia para los Derechos Humanos también expresó su preocupación con respecto a la situación de persistente violencia en Nariño: “en los primeros seis meses del año hubo cuatro masacres, en las que murieron 12 hombres y una mujer, y tres personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas. También el desplazamiento forzado y el confinamiento han afectado gravemente a la población”. En lo que va del año, 16.400 personas han sido desplazadas.
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“Ante la violencia que enfrentan las comunidades en Nariño, provocada por los grupos armados no estatales, es indispensable que se implementen, por parte de las autoridades, estrategias de protección de la vida de las personas defensoras y de las comunidades, al igual que acciones de prevención de la violencia. El Estado debe asegurar su presencia integral y el goce de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, especialmente para la población indígena, campesina y afrodescendiente”, dijo Juliette De Rivero, Representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
“Llamo a la Gobernación de Nariño y a las alcaldías, a la UARIV y al Gobierno Nacional a atender de forma oportuna y adecuada a la población que sufre esta violencia y a prevenir más acciones en su contra”, dijo De Rivero. La entidad que dirige contó que, por el accionar de los grupos armados, los pueblos Awá, Eperara Siapidara y afrodescendientes sufren graves afectaciones en términos de recolección de alimentos, acceso a la educación y la posibilidad de desarrollar los rituales espirituales en sitios sagrados.
De acuerdo con Indepaz (Instituto de estudios para el desarrollo y la paz), este año se han registrado dos masacres, tres eventos de desplazamiento forzado, seis asesinatos de defensores de derechos humanos y 19 víctimas de minas antipersonales.
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