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Justo a ocho días de que el denominado Comité del Paro retome las marchas y protestas en el país, en el marco del paro nacional, este martes el Gobierno Nacional presentó ante la opinión pública detalles de su nueva reforma tributaria. Aunque el proyecto promete tener un mayor énfasis social y hasta tiene mejor ambiente en el Congreso, no puede pasar por alto que fue una iniciativa similar la que desató el descontento en las calles.
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Es por ello que no puede perderse de vista que el próximo martes 20 de julio, cuando el Congreso inicia las sesiones de su cuarto y último año legislativo, el Comité tiene prevista una nueva jornada de protestas. Si bien aún no se conoce el texto completo de la reforma, el Comité dijo estar dispuesto a revisar el documento y destacó, preliminarmente, medidas como mayores dientes para combatir la evasión de impuestos.
Frente a la manifestación de la otra semana, el Comité del Paro explicó recientemente que se trata de “una gran movilización pacífica” en todo el país para exigir del Gobierno Nacional y de sus mayorías en el Congreso “una respuesta a la grave crisis humanitaria, social, económica y política que estamos atravesando”.
En paralelo a la jornada, los voceros del Comité anunciaron que, de la mano de varios congresistas, presentarán ese mismo martes varios proyectos de ley sobre los puntos de su pliego de emergencia, “para abrir un gran debate nacional para encontrar acuerdos de las medidas necesarias para aliviar la difícil situación que están padeciendo millones de colombianos y colombianas”.
Según Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y vocero del Comité, son en total diez proyectos, entre ellos, una renta básica para 10 millones de ciudadanos por un periodo de siete meses y por el monto de un salario mínimo. A ello se suma una iniciativa para consagrar la matrícula cero en las universidades públicas y un proyecto para cubrir el salario de algunas pymes (pequeñas y medianas empresas).
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El dirigente sindical agregó que otro de los proyectos buscará derogar decreto 1174, también llamado piso de protección social, una norma que el Gobierno considera como una solución para darle seguridad social a personas que no alcanzan a devengar un salario mínimo mensual porque trabajan a tiempo parcial. Sin embargo, el Comité ha insistido que, en realidad, se trata de “una reforma pensional y laboral”.
Otra de las iniciativas pretende que Colombia acoja las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), especialmente el punto relacionado con la reglamentación de la protesta.
La semana pasada, el Comité Nacional de Paro valoró las recomendaciones que hizo la CIDH tras una visita de una comisión a Colombia, destacando que recogen “casi totalmente las exigencias de garantías para el ejercicio de la protesta pacífica que habíamos presentado el pasado 16 de mayo, y que el Gobierno Nacional se negó a adoptar, razón por la cual suspendimos el proceso de negociación”.
En dicho pronunciamiento, el Comité reclamó que, por varias semanas, el Ejecutivo ha pretendido centrar la atención de la opinión pública en los efectos de las movilizaciones en la economía y en el incremento de los contagios del COVID, “todos desmentidos por cifras y estudios recientes, buscando distraer las causas no resueltas del paro y las graves consecuencias de la violencia policial”.