No es algo nuevo. Como dice Patricia Muñoz Yi, magíster en estudios políticos de la Universidad Javeriana, la concentración del poder en las familias colombianas y su traspaso de generación en generación son un fenómeno que se empezó a consolidar “desde las épocas en las que los partidos y actores políticos vieron que armar cuadros entre parientes y cercanos servía para mantener su dominación, primero a nivel regional y posteriormente ampliarlo hasta el nacional”. Esto se ve reflejado en las casas políticas -muchas de ellas también llamadas “clanes” cuando se han documentado prácticas ilegales como la parapolítica-, que tanto se escuchan mentar cada tres o cuatro años cuando el país celebra una elección.
Tampoco es algo ilegal. Como menciona Laura Wills, directora de Congreso Visible de la Universidad de los Andes, es completamente legítimo en el régimen colombiano que las personas aspiren a cargos que sus familiares han ostentado anteriormente, o que se presenten a un cargo de elección popular dentro de un mismo período (como lo son el Congreso, las alcaldías, las gobernaciones, las asambleas y los concejos municipales). “Hay familias políticas en las que los hijos empiezan a ocupar cargos que los papás ya no ocupan. Eso no solo pasa en este país, sino en muchos otros, pues hay familias cuyo interés es estar en la política. Los cargos se ganan en elecciones, entonces el voto cuenta”, señala.
No obstante, Wills agrega que si bien eso quiere decir que no están heredando un cargo “en el sentido estricto de la palabra”, no se puede ignorar que un apellido que ha ganado cierto capital político sí tiene peso en las urnas. “Los votos anteriores de un familiar, hayan sido de la mamá, papá, primo o abuela, pues claramente ayudan para triunfar en una elección”, afirma. Casos que den forma a esa idea hay muchos.
Por ejemplo, la base política de Piedad Zuccardi de García y Juan José García Romero impulsaron la candidatura de su hijo, Andrés García Zuccardi, senador del Partido de la U. “Era muy joven cuando quiso entrar al Congreso y sin duda los votos de su mamá le ayudaron”, señala Wills. García Zuccardi deja el Legislativo después de ocho años de haber representado a esta casa política del departamento de Bolívar. No obstante, él fue tan solo uno de los varios parientes de esa casa que durante más de 40 años conservaron una curul en el Congreso. Estos apellidos no salieron exentos de castigos jurídicos: la Corte Suprema de Justicia le dictó orden de captura a Piedad Zuccardi por nexos con paramilitares, mientras que Álvaro el Gordo García (tío de Andrés Zuccardi García), fue condenado por ser el autor intelectual de la masacre de Macayepo, en Bolívar.
Aunque distinto, otro ejemplo es el de los hermanos Galán: Juan Manuel y Carlos Fernando, hijos del asesinado líder Luis Carlos Galán, coincidieron en 2014 en el Congreso. En ese entonces, el excandidato a la Presidencia de 2022 fungía como senador por el Partido Liberal, mientras el exconcejal de Bogotá lo hizo por Cambio Radical, en la misma corporación, algo que es permitido por la ley.
Como era de esperarse, el fenómeno se repitió. Si bien aún falta que se conozcan los resultados de los escrutinios de Senado y Cámara de Representantes para saber quiénes finalmente tendrán asiento en el Capitolio, El Espectador encontró 15 casos en los que un congresista electo (para el período 2022-2026) pudo heredar una curul o comparte el Legislativo con algún familiar. Esa es la situación de legisladoras como María Angélica Guerra, que llega al Senado por el Centro Democrático, mientras su tía, la uribista María del Rosario Guerra, se despide del Legislativo. La familia Guerra ha sido muy poderosa en Sucre y como evidenció Cuestión Pública, Charo Guerra llegó al Congreso luego de que lo hicieran dos de sus hermanos, su padre, su tío y un primo. Ahora la curul la ostenta su sobrina.
También es el caso de María del Mar y María José Pizarro. La primera se estrena en la Cámara y la segunda en el Senado. Ambas se presentaron por la coalición del Pacto Histórico. Por ahora, en el Consejo de Estado reposan dos demandas contra María del Mar Pizarro que piden su “muerte política” por, supuestamente, haber violado el artículo 179 de la Constitución. Este dice que no podrán ser congresistas aquellos que “estén vinculados entre sí por matrimonio, o unión permanente, o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil, y se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para elección de cargos, o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha.
Entre los 15 casos documentados por El Espectador está el del representante electo Santiago Osorio Marín, primo del alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín. Aunque no existe inhabilidad alguna para que dos primos ostenten cargos de elección popular en un mismo período, organizaciones como Transparencia por Colombia reconocen que, en múltiples casos, puede haber un potencial conflicto de interés entre un parlamentario y un administrador del gasto, como lo es un alcalde o gobernador. Precisamente, en febrero, la Procuraduría abrió indagación preliminar a funcionarios de la Alcaldía de Manizales por presuntas presiones políticas en favor de la entonces candidatura de Osorio Marín.
“El caso de los Marín llama la atención, porque pareciera ser una familia que, pareciera, está buscando construir esa trayectoria política, pero hubo denuncias alrededor de presuntas presiones en la Alcaldía para favorecer la candidatura de Santiago Osorio. Al parecer estaban obligando traer listados de personas que pudieran apoyar al candidato, o presionaban a los contratistas, o se obligaba a algunas personas a llevar publicidad en sus carros. Eso sonó bastante en Manizales. Supimos que la Fiscalía había archivado un proceso de ese tema, pero haciendo nuestro análisis, la razón por la que lo hizo no está, en nuestro concepto, directamente asociada a los hechos denunciados, porque habría acumulado dos casos. El de la Procuraduría sigue abierto”, recordó Andrés Hernández, de Transparencia por Colombia.
Si bien no es ilegal y tampoco es nuevo, estos casos muestran los riesgos de la concentración de poder entre familiares. No significa que, per se, se cometerán crímenes por el simple hecho de tener vínculos de sangre, pero puede existir un potencial conflicto de interés en algunos casos, o como afirma Laura Wills, de Congreso Visible, puede haber otros efectos perjudiciales para la democracia, como desfavorecer la renovación del poder en el Congreso, o en alcaldías y gobernaciones. “Hay que revisar cómo las personas (que son parte de estas casas) hacen política. De entrada no hay que hacer juicios de valor, pero sí revisar cómo los individuos están trabajando dentro de sus partidos, qué iniciativas están impulsando para sus votantes. Cuando son vínculos personalistas con sus familiares, para satisfacer aspectos particulares, está fallando el sistema. Pero cuando estas personas, que tienen parentesco con otros políticos, están construyendo agendas programáticas que benefician a su electorado, están haciendo bien su trabajo”, concluyó Wills.