Irene Vélez no es la única: hay más ministros con familiares en el Estado
El director del Dapre y los ministros de Minas, Salud, Hacienda y Trabajo tienen a sus parejas o hijos como contratistas del Estado o en otros cargos en el sector público. Apenas uno de ellos, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, reportó que podría existir un conflicto de intereses con su esposa, trabajadora de la Supersalud.
La polémica por el contrato por $128 millones de Sjoerd Van Grootheest, esposo de la ministra de Minas, Irene Vélez, como encargado de la estrategia de comunicación de la dirección del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), sacó a la luz otros casos de funcionarios del Alto Gobierno que tienen a sus familiares como contratistas en otras entidades.
El mismo Felipe Tascón, director del PNIS, defendió el contrato que tiene su entidad con Van Grootheest y aseguró que se trata de una relación laboral por su experiencia, y no por ser el esposo de la ministra. “Es un documentalista con un currículum envidiable, soportado en premios nacionales e internacionales”, dijo en su cuenta de Twitter.
Los polémicos contratos de Van Grootheest no han sido únicamente desde que su pareja está en el Gobierno. Cuando la ministra Irene Vélez trabajaba en la Universidad del Valle, su esposo obtuvo seis contratos con esa universidad, a través de la Fundación Mississippi Dragonfly, de la que es representante legal. Según la página web de la Universidad del Valle, los contratos eran ordenados y aprobados, en su mayoría, por la dirección de Ingenierías, mientras Vélez era docente de la Escuela de Ingeniería de los Recursos Naturales y del Ambiente.
En 2019, por ejemplo, la Univalle firmó con Mississippi Dragonfly firmó un contrato $40.000.000 para producir videos y contenido audiovisual en un proyecto llamado Planeación Territorial para la Paz y la Construcción del Estado en el Alto Cauca, un proyecto en el que Irene Vélez aparece como directora.
En contexto: El esposo de la ministra de Minas se queda con contrato de $128 millones
Sin embargo, la polémica no deja de girar en torno a un posible nepotismo que no sólo podría recaer en la ministra Irene Vélez, sino también de otros funcionarios del Alto Gobierno, que tienen familiares en puestos políticos o como contratistas del Estado. Como el caso de Carlos Ramón González Merchán, director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), quien tiene a su esposa Luz Dana Leal Ruiz como directora de trabajo, empleo y emprendimiento en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
En su declaración de conflicto de intereses, colgada en la página de Función Pública, González Merchán afirmó que los intereses personales de su esposa, Luz Dana Leal, no generaban ningún posible conflicto de intereses frente a su labor en el Dapre.
La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, también tiene a dos de sus hijos trabajando en el Estado. Diego Alejandro Restrepo Ramírez, es el director de la oficina jurídica de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), la entidad que ha estado en la mira de la Procuraduría por negarse a continuar garantizando la alimentación de los presos en centros penitenciarios transitorios, como las URI. A ese cargo habría llegado Restrepo apenas en marzo de este año, según su hoja de vida. El otro hijo de la ministra es Álvaro Eduardo Restrepo Ramírez, quien se beneficia como contratista del Ministerio de Cultura.
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Uno de los casos que más llama la atención, por tratarse de una pareja que trabaja en el mismo sector, es el del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y su esposa Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, superintendente delegada de la Superintendencia de Salud. Sin embargo, el ministro Jaramillo, en la página de transparencia Función Pública, sí dejó claro que podría llegar a existir un conflicto de intereses la labor de su esposa en la Supersalud, como se ve en la siguiente imagen.
Un caso más es el de Claudia Liliana Cortés, la esposa de Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda, quien es la directora de la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria, desde junio de este año. Aunque no hay ninguna irregularidad en que familiares o amigos de funcionarios públicos también contraten con el Estado, es un acto de transparencia que lo declaren en los documentos de Función Pública. La administradora de empresas ya había trabajado en esa entidad y en temas de ordenamiento territorial; sin embargo, ninguno de los dos mencionó en su declaración de conflicto de intereses que su pareja también trabajaba en el sector público.
Por el caso del esposo de la ministra Irene Vélez, varios congresistas se han pronunciado, como Katherine Miranda, quien calificó el hecho como “nepotismo” y dijo que “el cambio que se prometió era para acabar estas viejas y malas prácticas”.
La senadora María Fernanda Cabal también aprovechó la oportunidad para referirse al contrato de Van Grootheest como nepotismo, al igual que el exsenador Gustavo Bolívar, quien se pronunció y dijo que era “inmoral que las hojas de vida en mi familia compitan con las de millones que no tienen esa influencia”.
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El mismo Felipe Tascón, director del PNIS, defendió el contrato que tiene su entidad con Van Grootheest y aseguró que se trata de una relación laboral por su experiencia, y no por ser el esposo de la ministra. “Es un documentalista con un currículum envidiable, soportado en premios nacionales e internacionales”, dijo en su cuenta de Twitter.
Los polémicos contratos de Van Grootheest no han sido únicamente desde que su pareja está en el Gobierno. Cuando la ministra Irene Vélez trabajaba en la Universidad del Valle, su esposo obtuvo seis contratos con esa universidad, a través de la Fundación Mississippi Dragonfly, de la que es representante legal. Según la página web de la Universidad del Valle, los contratos eran ordenados y aprobados, en su mayoría, por la dirección de Ingenierías, mientras Vélez era docente de la Escuela de Ingeniería de los Recursos Naturales y del Ambiente.
En 2019, por ejemplo, la Univalle firmó con Mississippi Dragonfly firmó un contrato $40.000.000 para producir videos y contenido audiovisual en un proyecto llamado Planeación Territorial para la Paz y la Construcción del Estado en el Alto Cauca, un proyecto en el que Irene Vélez aparece como directora.
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Sin embargo, la polémica no deja de girar en torno a un posible nepotismo que no sólo podría recaer en la ministra Irene Vélez, sino también de otros funcionarios del Alto Gobierno, que tienen familiares en puestos políticos o como contratistas del Estado. Como el caso de Carlos Ramón González Merchán, director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), quien tiene a su esposa Luz Dana Leal Ruiz como directora de trabajo, empleo y emprendimiento en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
En su declaración de conflicto de intereses, colgada en la página de Función Pública, González Merchán afirmó que los intereses personales de su esposa, Luz Dana Leal, no generaban ningún posible conflicto de intereses frente a su labor en el Dapre.
La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, también tiene a dos de sus hijos trabajando en el Estado. Diego Alejandro Restrepo Ramírez, es el director de la oficina jurídica de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), la entidad que ha estado en la mira de la Procuraduría por negarse a continuar garantizando la alimentación de los presos en centros penitenciarios transitorios, como las URI. A ese cargo habría llegado Restrepo apenas en marzo de este año, según su hoja de vida. El otro hijo de la ministra es Álvaro Eduardo Restrepo Ramírez, quien se beneficia como contratista del Ministerio de Cultura.
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Uno de los casos que más llama la atención, por tratarse de una pareja que trabaja en el mismo sector, es el del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y su esposa Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, superintendente delegada de la Superintendencia de Salud. Sin embargo, el ministro Jaramillo, en la página de transparencia Función Pública, sí dejó claro que podría llegar a existir un conflicto de intereses la labor de su esposa en la Supersalud, como se ve en la siguiente imagen.
Un caso más es el de Claudia Liliana Cortés, la esposa de Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda, quien es la directora de la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria, desde junio de este año. Aunque no hay ninguna irregularidad en que familiares o amigos de funcionarios públicos también contraten con el Estado, es un acto de transparencia que lo declaren en los documentos de Función Pública. La administradora de empresas ya había trabajado en esa entidad y en temas de ordenamiento territorial; sin embargo, ninguno de los dos mencionó en su declaración de conflicto de intereses que su pareja también trabajaba en el sector público.
Por el caso del esposo de la ministra Irene Vélez, varios congresistas se han pronunciado, como Katherine Miranda, quien calificó el hecho como “nepotismo” y dijo que “el cambio que se prometió era para acabar estas viejas y malas prácticas”.
La senadora María Fernanda Cabal también aprovechó la oportunidad para referirse al contrato de Van Grootheest como nepotismo, al igual que el exsenador Gustavo Bolívar, quien se pronunció y dijo que era “inmoral que las hojas de vida en mi familia compitan con las de millones que no tienen esa influencia”.
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