Congresista Iván Cepeda denuncia al Estado por violar sus derechos
Lo hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
EFE
El representante a la Cámara Iván Cepeda denunció al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por vulnerar sus derechos políticos a raíz de dos investigaciones disciplinarias de la Procuraduría en su contra.
La demanda fue presentada por el equipo de abogados de Cepeda el pasado 24 de enero en la sede de la CIDH en Washington, y está dirigida al secretario ejecutivo de este organismo, Emilio Álvarez Icaza.
Las investigaciones en contra de Cepeda, del Polo Democrático, derivan, según el documento, del ejercicio de "su obligación constitucional de control político" y tienen origen en quejas de particulares admitidas por la Procuraduría que aseguran que el congresista se extralimitó en sus funciones.
En el primer caso, el propietario de una empresa que se atribuye la propiedad de la emblemática finca Las Pavas, que pertenecía a 120 familias despojadas por paramilitares y que quedó luego en manos de palmicultores, considera que el acompañamiento de Cepeda a las víctimas deriva de su compromiso con el "Partido Comunista".
El abogado del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), Jaime Granados, también consideró que el legislador cometió una falta disciplinaria "de abuso de la función pública y fraude procesal" por unas entrevistas que le hizo a exparamilitares en 2011 que acreditaban vínculos del exmandatario con el nacimiento de esos grupos de ultraderecha armada.
Cepeda presentó después esos casos a la Fiscalía General.
Los abogados del representante a la Cámara, elegido por Bogotá para el periodo entre 2010 y 2014 con 35.000 votos, argumentan que el ultraconservador procurador general, Alejandro Ordóñez, dio trámite a estas investigaciones disciplinarias "como represalia por la ideología política" de izquierdas de Cepeda.
Argumentaron que, si bien Ordóñez está facultado por la legislación colombiana para dictar sanciones extremas contra funcionarios elegidos democráticamente, el procurador ha actuado "con una clara parcialidad a favor de personajes políticos afines" y "de manera discriminatoria para afectar de manera desproporcionada" contra sus contradictores.
Cepeda busca frenar una sanción como las que ha aplicado recientemente Ordóñez en contra del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, cuya destitución e inhabilitación por 15 años no está aún en ejecución, y la inhabilitación por 18 años de su correligionaria la exsenadora Piedad Córdoba en 2010.
"Los procesos disciplinarios que existen en contra de Iván Cepeda atentan contra los derechos políticos del representante y de sus electores, por cuando el mismo podría ser inhabilitado por el procurador General de la Nación, aún sin ser éste una autoridad judicial y sin que pesen en su contra investigación o cargos por la comisión de un delito", expone la denuncia.
Con esta demanda, se acude al CIDH al considerar que las medidas de la Procuraduría no pueden ser recurridas y el diseño de esta figura en la Constitución de 1991 deja al afectado desprovisto de garantías.
El documento considera vulnerados los derechos a la integridad personal de Cepeda, a las garantías judiciales, a los derechos políticos, al derecho de igualdad, a la protección judicial y a la falta del deber de adoptar disposiciones del derecho interno reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por eso, conmina a la CIDH a declarar que el Estado colombiano ha violado estos derechos, le pide que le ordene reparar "integralmente" a Cepeda y que promueva una limitación de poderes del procurador.
"Que tome las medidas legislativas para adecuar su ordenamiento interno a obligaciones derivadas de la Convención, en el sentido de derogar la facultad que tiene el procurador, como autoridad administrativa, de inhabilitar a las personas para el ejercicio de cargos políticos de elección popular", solicita la demanda.
El representante a la Cámara Iván Cepeda denunció al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por vulnerar sus derechos políticos a raíz de dos investigaciones disciplinarias de la Procuraduría en su contra.
La demanda fue presentada por el equipo de abogados de Cepeda el pasado 24 de enero en la sede de la CIDH en Washington, y está dirigida al secretario ejecutivo de este organismo, Emilio Álvarez Icaza.
Las investigaciones en contra de Cepeda, del Polo Democrático, derivan, según el documento, del ejercicio de "su obligación constitucional de control político" y tienen origen en quejas de particulares admitidas por la Procuraduría que aseguran que el congresista se extralimitó en sus funciones.
En el primer caso, el propietario de una empresa que se atribuye la propiedad de la emblemática finca Las Pavas, que pertenecía a 120 familias despojadas por paramilitares y que quedó luego en manos de palmicultores, considera que el acompañamiento de Cepeda a las víctimas deriva de su compromiso con el "Partido Comunista".
El abogado del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), Jaime Granados, también consideró que el legislador cometió una falta disciplinaria "de abuso de la función pública y fraude procesal" por unas entrevistas que le hizo a exparamilitares en 2011 que acreditaban vínculos del exmandatario con el nacimiento de esos grupos de ultraderecha armada.
Cepeda presentó después esos casos a la Fiscalía General.
Los abogados del representante a la Cámara, elegido por Bogotá para el periodo entre 2010 y 2014 con 35.000 votos, argumentan que el ultraconservador procurador general, Alejandro Ordóñez, dio trámite a estas investigaciones disciplinarias "como represalia por la ideología política" de izquierdas de Cepeda.
Argumentaron que, si bien Ordóñez está facultado por la legislación colombiana para dictar sanciones extremas contra funcionarios elegidos democráticamente, el procurador ha actuado "con una clara parcialidad a favor de personajes políticos afines" y "de manera discriminatoria para afectar de manera desproporcionada" contra sus contradictores.
Cepeda busca frenar una sanción como las que ha aplicado recientemente Ordóñez en contra del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, cuya destitución e inhabilitación por 15 años no está aún en ejecución, y la inhabilitación por 18 años de su correligionaria la exsenadora Piedad Córdoba en 2010.
"Los procesos disciplinarios que existen en contra de Iván Cepeda atentan contra los derechos políticos del representante y de sus electores, por cuando el mismo podría ser inhabilitado por el procurador General de la Nación, aún sin ser éste una autoridad judicial y sin que pesen en su contra investigación o cargos por la comisión de un delito", expone la denuncia.
Con esta demanda, se acude al CIDH al considerar que las medidas de la Procuraduría no pueden ser recurridas y el diseño de esta figura en la Constitución de 1991 deja al afectado desprovisto de garantías.
El documento considera vulnerados los derechos a la integridad personal de Cepeda, a las garantías judiciales, a los derechos políticos, al derecho de igualdad, a la protección judicial y a la falta del deber de adoptar disposiciones del derecho interno reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por eso, conmina a la CIDH a declarar que el Estado colombiano ha violado estos derechos, le pide que le ordene reparar "integralmente" a Cepeda y que promueva una limitación de poderes del procurador.
"Que tome las medidas legislativas para adecuar su ordenamiento interno a obligaciones derivadas de la Convención, en el sentido de derogar la facultad que tiene el procurador, como autoridad administrativa, de inhabilitar a las personas para el ejercicio de cargos políticos de elección popular", solicita la demanda.