Este 20 de junio se cierra el segundo período de sesiones ordinarias del actual Congreso, hecho que le deja un sabor agridulce al presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial, por los logros y pérdidas sobre el paquete de reformas sociales. Las protagonistas de la legislatura fueron las aprobaciones sobre los sistemas pensional y laboral. Sin embargo, las ponencias sobre educación y salud no tuvieron un eco menor; en especial esta última, que ha sido una bandera del Gobierno y ha costado incluso algunos remesones de ministros.
Luego de que el pasado 4 de marzo se hundiera el proyecto de reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, el mandatario dijo que presentaría una nueva propuesta con mensaje de urgencia, para que el Congreso la discutiera antes de terminar el período de sesiones. El anuncio no fue recibido de la mejor forma por parte de los congresistas; incluso desde el ala cercana al Gobierno aseguraron que, en caso de radicarse la propuesta, era probable que se presentara un “colapso legislativo”, que llevaría al hundimiento de los demás proyectos en discusión.
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Pese a que el aviso se dio el 9 de mayo, el proyecto no llegó al Legislativo y se cerró de nuevo la posibilidad de que se salvara la intervención a la salud, lo que dio lugar a que avanzaran las discusiones en materia pensional, laboral y educativa. El representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, expresó en su momento que “hubo un arrebato de sensatez en el Gobierno Nacional y dejaron de lado los delirios y las fantasías del presidente”, lo que evitó que se radicara la iniciativa anunciada por el mandatario.
El Espectador recogió algunas dudas de la ciudadanía sobre la operación de un nuevo sistema de salud, si se llegara a presentar el proyecto en el segundo período de 2024. La senadora Martha Peralta (Pacto Histórico), defensora de la reforma en el Legislativo, y la representante Carolina Arbeláez (Cambio Radical), de la oposición, respondieron sobre asuntos clave como el futuro de la acción de tutela y de los tratamientos para enfermedades de alto costo.
Respecto a los tratamientos de pacientes con enfermedades graves y huérfanas que son atendidos en la actualidad por las EPS, la senadora Peralta explicó que “seguirán siendo atendidas, no se dejarán de prestar los servicios; la reforma lo que busca es garantizar mayor acceso”. Agregó que el objetivo de modificar la estructura y el funcionamiento actual del sistema es “eliminar las barreras” que dificultan el acceso de los pacientes a medicinas, tratamientos y procedimientos médicos.
Por su parte, la representante Arbeláez expresó su preocupación, dado que “los pacientes de alta complejidad no están hoy dentro del sistema; este modelo como está planteado es de enfoque preventivo, lo que quiere decir que todos los recursos se van a ir a una salud preventiva y no curativa”. En sus palabras, esa determinación implicaría que quienes tienen condiciones médicas de atención especial, no tengan cobertura, pues “no se sabe cómo se van a atender, porque se eliminan los presupuestos máximos con los que se financia la atención de estas enfermedades”.
También resaltó que las tutelas son otro aspecto en el que no es claro el manejo que quiere proponer el Gobierno dentro de su reforma, pues en caso de no prestarse la atención a los usuarios, estas ya no se interpondrían contra las EPS. “Sabemos la inoperancia del Estado y nos preocupa que la responsabilidad que pretenden darle a la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) de atender las tutelas y no está en la capacidad para hacerlo”.
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En contraposición, la senadora del Pacto Histórico dijo que la tutela no desaparecerá ni dejará de cumplir su función como “mecanismo de protección de los derechos fundamentales”. Aclaró que el sistema se encargará de gestionarlas, según el tipo de requerimiento que se haga con este instrumento. “Si son tutelas por pagos, irán dirigidas a la ADRES, pero si son sobre la prestación, estarán a cargo del Ministerio de Salud; se fortalece también la Superintendencia como ente de vigilancia y control para la prestación del servicio”.
Otro asunto importante sobre el cual hay dudas es el de la medicina preventiva, sobre el cual la senadora expresó que es lo que más le llama la atención de la propuesta del presidente pues “vamos a prevenir enfermedades y hacer la atención a tiempo, acercando el sistema a la gente”. Agregó que esperan que la medicina alternativa también quede dentro del bloque de atención del nuevo sistema, como parte de la atención especial para grupos étnicos y población rural.
Sin embargo, la representante de Cambio Radical fue enfática en decir que la salud preventiva ya existe en Colombia y está regulada por la ley, solo que hay vacíos en su aplicación, por lo que la población no se está beneficiando de ella como debería ser. “Lo que nos preocupa es que no hay claridad sobre de dónde van a salir los recursos, hoy la reforma a la salud no tiene viabilidad financiera, no sabemos si hay presupuesto para financiar los 2.000 CAPS (Centro de Atención Primaria en Salud) que está proponiendo el Gobierno y cómo pretende hacer la salud preventiva”, lo que se suma a un descuido de las garantías laborales para los profesionales de la salud.
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Si bien al cierre de la legislatura hubo acercamientos dentro del Gobierno y el Congreso para concertar una nueva propuesta de modificación del sistema, el futuro de la idea no es claro y la relación entre los distintos sectores del Legislativos está cada vez más tensionada. Solo la deuda de las seis EPS con mayor cartera vencida en el país (Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Savia Salud, Emssanar y Asmet Salud) suman al menos $6.1 billones, según cifras de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas.
Así las cosas, es probable que la discusión se dé una vez más en el segundo semestre de 2024, en un contexto de crisis del sistema, en el que hay actualmente ocho EPS intervenidas y tres más (Sura, Compensar y Salud Bolívar) que solicitaron la liquidación y retiro voluntario de sus operaciones; sumado al ensayo del Gobierno en el régimen especial de afiliación de los maestros, que tampoco dio resultado y tiene a los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) en apuros por la precariedad del servicio.
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