La última semana de trabajo en el Congreso ha sido de tensión para gobierno y oposición, dadas las aceleradas discusiones para salvar las reformas sociales del presidente Gustavo Petro y su gabinete de ministros. El último avance y tal vez el más polémico, fue la aprobación del proyecto de reforma pensional en la plenaria de la Cámara de Representantes, tal y como había llegado la propuesta luego de su discusión en el Senado. El argumento de la proposición que le dio lugar al “pupitrazo” de la iniciativa fue la premura del tiempo.
Mientras tanto, las manifestaciones de los maestros sindicalizados a través de Fecode buscan frenar y reconsiderar varios puntos del proyecto de reforma educativa, tras caerse su ponencia de archivo en la Comisión Primera del Senado. En ese órgano, donde se llevará a cabo su último debate la próxima semana, la falta de consensos ha sido el palo en la rueda.
Las partes no lograron un acuerdo frente al texto que irá a su última discusión y existen dos ponencias, una firmada por los senadores opositores David Luna (Cambio Radical), Paloma Valencia (Centro Democrático), Juan Carlos García y Germán Blanco (Partido Conservador). La otra, firmada por la ministra de Educación, Aurora Vergara, y los senadores Ariel Ávila (Alianza Verde), María José Pizarro, Clara López y Carlos Benavides (Pacto Histórico), Fabio Amín (Partido Liberal) y Julián Gallo (Comunes).
En este contexto, el trámite de la reforma laboral ha tenido un último impulso. El interés del Gobierno es que el proyecto no se hunda por vencimiento de plazos, lograr su aprobación en la Comisión Séptima y que su debate en plenaria se agende para la siguiente legislatura. Los representantes María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico), coordinadora ponente de la iniciativa, y Andrés Forero (Centro Democrático), de la oposición, respondieron algunas dudas sobre su aplicación, recogidas por El Espectador con la ciudadanía.
Respecto a la formalización laboral de los servidores públicos, que busca aumentar la cantidad de funcionaros vinculados a entidades estatales mediante contrato laboral, la representante Carrascal explicó que “la reforma laboral no aplica para ningún plan de formalización de contratistas del sector público”. Y agregó: “no se requiere una ley para formalizar a los contratistas, sino voluntad política por parte de las entidades”.
Lo anterior, dado que la contratación en el sector público está regulada por la Ley 80 de 1993, que en su Artículo 32 define que para el desarrollo de trabajos con instituciones del Estado la figura que prevalece es la del contrato por prestación de servicios, en caso de que la actividad contratada no pueda ser ejecutada por personal de planta. Otras alternativas que permite la ley son el contrato de consultoría, de obra, de concesión y los encargos fiduciarios.
Por su parte, el representante Forero expresó que “a pesar de que el Gobierno tiene un discurso en contra de las órdenes de prestación de servicios, básicamente se elimina en el sector privado, pero en el sector público las sigue permitiendo con un doble racero”. A lo que añadió que “hay que tener cuidado” con la prohibición del contrato por prestación de servicios, pues “no se puede permitir que ese tipo de instrumentos sean utilizados para precarizar a los trabajadores”.
Cabe resaltar que en noviembre de 2022, tras un par de meses de llegar a la Presidencia de la República, el presidente Petro y su ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, iniciaron un proceso de formalización de contratistas del Estado. Según dijo la funcionaria en su momento, “el sistema de contratación que se tiene hoy en el sector público es perverso, porque se ha venido utilizando de alguna manera para invisibilizar las relaciones laborales”. Para entonces, en el país había 1.3 millones de servidores públicos, la mayoría de ellos (52%) mujeres y un 48% hombres.
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Otra de las dudas recurrentes de la ciudadanía sobre la aplicación de la reforma es la permanencia del contrato como una garantía de la celebración de un acuerdo de trabajo entre empleado y empleador. Al respecto, el representante del Centro Democrático aclaró que “siguen manteniéndose; plantea el Gobierno que los contratos, como regla general, deben ser a término indefinido, sin embargo, mantiene los contratos a término fijo”.
Sin embargo, hizo énfasis en que otros puntos del proyecto podrían abrir la puerta a “incentivos perversos” relacionados con penalizaciones e indemnizaciones por despidos sin justa causa, llevando a que tengan mayor incidencia los contratos a término fijo, con una duración máxima de tres años, como lo contempla el proyecto de la reforma. Esto, sumado a su preocupación por la desconexión que la oposición ve entre este proyecto y el de la reforma pensional, ambos claves para el sistema laboral colombiano.
Desde la coordinación de la ponencia, la representante del Pacto Histórico ratificó que el contrato en sí mismo no desaparecerá y seguirá existiendo como garantía para el trabajo: “la reforma laboral promueve la estabilidad, al clarificar que la regla general de contratación para la realización de labores de carácter indefinido; de esta forma, no se eliminan los contratos existentes actualmente, sino que se adecúan”.
Recientemente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dio a conocer las cifras actualizadas del mercado laboral del país, que en abril de 2024 presentó una tasa de desocupación del 10.6%, una reducción resaltable frente al 11.3% registrado en marzo, pero mínima frente a la tasa del 10.7% registrada en abril de 2023. Por otro lado, el índice de ocupación se ubicó en el 57.2%, con una caída de cinco puntos porcentuales respecto al cálculo del mes anterior.
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Pese a haber estado engavetada desde diciembre de 2023, el Gobierno hace un esfuerzo para evitar que la reforma laboral se hunda en la Cámara de Representantes, pues la falta de consensos, como lo expresaron varios congresistas, fue el motivo por el cual no se logró que fuera agendada a tiempo.
En medio de discusiones e incertidumbres, incluso sobre la reforma pensional que, pese a haber salido librada del Congreso, la oposición anunció que denunciará su aprobación antes los entes competentes, la última semana de la actual legislatura proyecta ser apretada y de decisiones definitivas para reafirmar el lugar del Gobierno, sus ministros y su bancada en el escenario político, o el de la oposición.
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