Reforma pensional: así responden desde el Congreso a las dudas ciudadanas

Avanza el trámite de la reforma pensional en el Legislativo y se acerca cada vez más a ser el primer proyecto aprobado del paquete de reformas sociales del presidente Gustavo Petro. Pese a haber sido entregado por parte del Senado a la Cámara de Representantes con poco más de un mes para la construcción y discusión de la ponencia, el trámite en la Comisión Séptima fue ágil y ahora el articulado debe someterse a su último debate, agendado para el 11 de junio, a las 11:00 de la mañana.

La discusión se da en el marco de uno de los momentos más difíciles para el Ejecutivo, por los recientes escándalos por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el presunto pago de coimas para agilizar el trámite de las reformas, realizado por parte de Sandra Ortiz, exconsejera Presidencial para las Regiones, y en el cual también estaría salpicado el presidente del Senado, Iván Name, ambos del Partido Alianza Verde.

Mientras que las discusiones en el Legislativo parecen aclararse y abrir la vía a la reforma, donde temas como el aumento del umbral de 2.3 salarios mínimos para la cotización en fondos privados han querido enredar el proyecto, para la ciudadanía no es clara su aplicación práctica. El Espectador le preguntó a la gente cuáles son sus dudas al respecto; la representante Martha Alfonso (Pacto Histórico) y la senadora Norma Hurtado (Partido de la U), respondieron las preguntas desde distintas orillas.

Respecto a la decisión de la Corte Constitucional de invalidar el Artículo 9 de la Ley 797 de 2003, sobre el sistema general de pensiones, las congresistas explicaron que esta no se reversará, sino que será acogida la regulación, cuyo plazo máximo inicialmente era hasta el 31 de diciembre de 2025. “De aquí al 2036, las mujeres vamos a tener una cotización mínima de mil semanas, en reconocimiento a nuestra labor de cuidado, no 1.300, como hoy está establecido en la ley”, dijo la representante Alfonso, coordinadora ponente de la iniciativa.

Por su parte, la senadora Hurtado explicó que “va a haber una reducción gradual”; sin embargo, será autónoma la decisión se cotizar más del tiempo establecido: “sabemos que 1.000 semanas cotizadas no es suficiente para una pensión digna; la ley ha sido muy explícita en dejar la voluntariedad de que puedan seguir cotizando hasta 1.300 semanas”. Además, todas las mujeres que alcancen la edad de pensión serán beneficiadas por la reducción de cincuentas semanas de cotización por hasta tres hijos, en reconocimiento a su labor de cuidado.

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Frente a qué sucederá con los ahorros de las personas que coticen en fondos privados, la senadora del Partido de la U explicó que se podrán agotar a través de la ventana pensional en sus dos fases: “mujeres que tenga 750 semanas y hombres que tengan 900 semanas, más diez años de cotización, se quedarán en el régimen anterior y solo cuando cumplan edad y semanas de cotización estos ahorros pasarán a Colpensiones integralmente y se otorgará la mesada pensional. En la fase de desacumulación, se unifican las cuantías y poco a poco (2025, 2050 y 2070) se va desacumulando el fondo del ahorro privado en un 5.89%, 6.68% y 0.26%; en el tiempo, el fondo privado tiende a desaparecer”.

Por otro lado, la representante del Pacto Histórico explicó cuáles son las garantías inclusivas de la reforma pensional para personas con algún tipo de discapacidad, quienes a partir de la certificación de la discapacidad laboral del 50% podrán solicitar la pensión por invalidez. Por otro lado, destacó la entrega de la pensión anticipada a madres y padres cuidadores, previo cumplimiento de requisitos como la cotización de 1.000 semanas, como reconocimiento a su labor, de forma similar al funcionamiento del sistema para mujeres.

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Desde su rol a cargo del proyecto, concluyó que el mayor reto de la reforma es convencer al Congreso de que el país tendrá la capacidad instalada para que entre en vigor hacia julio de 2025: “el Gobierno reafirma que está haciendo estudios e inversiones, buscando la mejor manera de fortalecer la infraestructura tecnológica de Colpensiones para lograr recibir la reforma pensional y administrarla con absolutas garantías de operatividad”.

Pese a las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, estas no fueron impedimento para sacar adelante el proyecto de reforma pensional, cuyo cuarto debate será definitivo. Caso contrario para la laboral, pues de no lograr que se agende su debate en la presente legislatura, se hundiría definitivamente por vencimiento de plazos.

Lo mismo para el proyecto de reforma a la salud —tal vez la más sonada del Gobierno—, pues tras hundirse en el Senado el pasado mes de marzo, tuvo la posibilidad de revivir luego del anuncio que hizo el presidente el 9 de mayo de presentarla con mensaje de urgencia; una carta que, al parecer, decidió no jugar en esta legislatura, evitando la posibilidad de que se presentara un “colapso legislativo”, como lo llamaron en su momento algunos congresistas de gobierno y oposición.

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Avanza el trámite de la reforma pensional en el Legislativo y se acerca cada vez más a ser el primer proyecto aprobado del paquete de reformas sociales del presidente Gustavo Petro. Pese a haber sido entregado por parte del Senado a la Cámara de Representantes con poco más de un mes para la construcción y discusión de la ponencia, el trámite en la Comisión Séptima fue ágil y ahora el articulado debe someterse a su último debate, agendado para el 11 de junio, a las 11:00 de la mañana.

La discusión se da en el marco de uno de los momentos más difíciles para el Ejecutivo, por los recientes escándalos por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el presunto pago de coimas para agilizar el trámite de las reformas, realizado por parte de Sandra Ortiz, exconsejera Presidencial para las Regiones, y en el cual también estaría salpicado el presidente del Senado, Iván Name, ambos del Partido Alianza Verde.

Mientras que las discusiones en el Legislativo parecen aclararse y abrir la vía a la reforma, donde temas como el aumento del umbral de 2.3 salarios mínimos para la cotización en fondos privados han querido enredar el proyecto, para la ciudadanía no es clara su aplicación práctica. El Espectador le preguntó a la gente cuáles son sus dudas al respecto; la representante Martha Alfonso (Pacto Histórico) y la senadora Norma Hurtado (Partido de la U), respondieron las preguntas desde distintas orillas.

Respecto a la decisión de la Corte Constitucional de invalidar el Artículo 9 de la Ley 797 de 2003, sobre el sistema general de pensiones, las congresistas explicaron que esta no se reversará, sino que será acogida la regulación, cuyo plazo máximo inicialmente era hasta el 31 de diciembre de 2025. “De aquí al 2036, las mujeres vamos a tener una cotización mínima de mil semanas, en reconocimiento a nuestra labor de cuidado, no 1.300, como hoy está establecido en la ley”, dijo la representante Alfonso, coordinadora ponente de la iniciativa.

Por su parte, la senadora Hurtado explicó que “va a haber una reducción gradual”; sin embargo, será autónoma la decisión se cotizar más del tiempo establecido: “sabemos que 1.000 semanas cotizadas no es suficiente para una pensión digna; la ley ha sido muy explícita en dejar la voluntariedad de que puedan seguir cotizando hasta 1.300 semanas”. Además, todas las mujeres que alcancen la edad de pensión serán beneficiadas por la reducción de cincuentas semanas de cotización por hasta tres hijos, en reconocimiento a su labor de cuidado.

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Por otro lado, la representante del Pacto Histórico explicó cuáles son las garantías inclusivas de la reforma pensional para personas con algún tipo de discapacidad, quienes a partir de la certificación de la discapacidad laboral del 50% podrán solicitar la pensión por invalidez. Por otro lado, destacó la entrega de la pensión anticipada a madres y padres cuidadores, previo cumplimiento de requisitos como la cotización de 1.000 semanas, como reconocimiento a su labor, de forma similar al funcionamiento del sistema para mujeres.

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Desde su rol a cargo del proyecto, concluyó que el mayor reto de la reforma es convencer al Congreso de que el país tendrá la capacidad instalada para que entre en vigor hacia julio de 2025: “el Gobierno reafirma que está haciendo estudios e inversiones, buscando la mejor manera de fortalecer la infraestructura tecnológica de Colpensiones para lograr recibir la reforma pensional y administrarla con absolutas garantías de operatividad”.

Pese a las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, estas no fueron impedimento para sacar adelante el proyecto de reforma pensional, cuyo cuarto debate será definitivo. Caso contrario para la laboral, pues de no lograr que se agende su debate en la presente legislatura, se hundiría definitivamente por vencimiento de plazos.

Lo mismo para el proyecto de reforma a la salud —tal vez la más sonada del Gobierno—, pues tras hundirse en el Senado el pasado mes de marzo, tuvo la posibilidad de revivir luego del anuncio que hizo el presidente el 9 de mayo de presentarla con mensaje de urgencia; una carta que, al parecer, decidió no jugar en esta legislatura, evitando la posibilidad de que se presentara un “colapso legislativo”, como lo llamaron en su momento algunos congresistas de gobierno y oposición.

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