Congresistas del Pacto Histórico denunciaron ante la CIDH una “persecución judicial”

Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentran de paso por Colombia para una visita “in loco”, con la que evalúan la situación de derechos humanos en el país. En ese contexto, el representante del Pacto Histórico (PH) Alejandro Toro convocó una reunión en la que varios congresistas de la bancada denunciaron la “persecución judicial” a posibles candidatos a la Presidencia.

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Entre los mencionados por Toro están Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena; Daniel Quintero, exalcalde de Medellín; y Camilo Romero, excandidato presidencial y embajador de Colombia en Argentina. De acuerdo con los congresistas, “la Procuraduría y algunas cortes” llevan a cabo “una persecución” que “ha sido consecutiva durante los últimos años”.

Se trató de una reunión de seguimiento a algunos temas tocados en un encuentro previo en Washington D. C. hace dos meses, donde los congresistas ya habían hecho advertencias sobre las acciones de la Procuraduría. Los legisladores hablaron sobre la “ruptura institucional” y la “crisis en el sistema democrático” que pueden desencadenar actuaciones como esta.

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“Situaciones que han resultado en el incumplimiento de las obligaciones de respeto, garantía y adecuación de la Convención Americana y de manifiestas violaciones a los derechos civiles y políticos, particularmente al derecho a la integridad personal (artículo 5), a las garantías judiciales (artículo 8), a la protección judicial (artículo 25)”, se lee en el informe presentado por la coalición del PH.

La Procuraduría investiga a Caicedo por irregularidades en un proyecto de laboratorio de covid-19 que no fue entregado satisfactoriamente. El Ministerio Público alega que se compraron equipos para el lugar sin tener la infraestructura para su instalación, además de que se solicitaron más recursos y una prórroga en el plazo de ejecución, cuando la pandemia ya fue superada.

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Por su parte, Quintero, quien admitió que está buscando una candidatura presidencial para el 2026, está siendo indagado por supuesta participación en política durante las elecciones presidenciales de 2022. Su abogado es Héctor Carvajal, quien defendió al presidente Gustavo Petro cuando la Procuraduría lo sacó de su cargo como alcalde de Bogotá. De acuerdo con el ente de control, este cometió una falta gravísima al “utilizar el cargo para participar en controversias políticas”.

Romero, quien actualmente cuenta con un puesto en el Gobierno Petro, fue sancionado con una multa de $31 millones por omisiones en la venta a crédito de cajas de Aguardiente Nariño cuando era gobernador de este departamento, entre 2016 y 2019. Según la Procuraduría, es culpable de omisiones, pues en un período de ausencia, el entonces secretario de Hacienda, Mario Fernando Benavides Jiménez, manipuló los precios de este licor.

El mismo presidente Petro ha denunciado en varias ocasiones una “ruptura institucional”. El pasado enero, señaló que se debe a la “extrema derecha”, que presuntamente tenía un plan de desestabilización.

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Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentran de paso por Colombia para una visita “in loco”, con la que evalúan la situación de derechos humanos en el país. En ese contexto, el representante del Pacto Histórico (PH) Alejandro Toro convocó una reunión en la que varios congresistas de la bancada denunciaron la “persecución judicial” a posibles candidatos a la Presidencia.

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Se trató de una reunión de seguimiento a algunos temas tocados en un encuentro previo en Washington D. C. hace dos meses, donde los congresistas ya habían hecho advertencias sobre las acciones de la Procuraduría. Los legisladores hablaron sobre la “ruptura institucional” y la “crisis en el sistema democrático” que pueden desencadenar actuaciones como esta.

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