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El Espectador reveló este domingo los nombres de algunos de los congresistas que estarían en el ojo de entidades por estar vinculados con presuntas irregularidades en la adquisición de tierra. En esas indagaciones ya habrían identificado rastros familiares y conyugales que establecen esa trazabilidad.
El representante Wadith Manzur (Partido Conservador) sería uno de los que tendría estas vinculaciones. Su familia tiene un amplio poder regional: entre ellos, su padre, el exsenador Julio Alberto Manzur, aparece vinculado con 161 propiedades en Cereté, mientras el representante se le rastrean 23, de acuerdo con la Superintendencia de Registro y Notariado. Además, sus tíos son los representantes legales de Manzur Aldana CIA. Sociedad en Comandita, que reporta como actividades económicas la cría de ganado bovino y bufalino.
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Por su lado, el congresista, quien este lunes renunció a la Comisión de Crédito Público tras ser señalado de una presunta implicación en la red de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), declaró en el informe de conflicto de intereses presentado a la Cámara actividades económicas relacionadas con el sector de ganadería y agricultura. También con la comercialización de productos agrícolas y pecuniarios con la empresa Manzur Imbett Sociedad en Comandita.
Cuando se le preguntó sobre las actividades de esa empresa, aseguró que “solo comercializa algodón” y “no tiene actividad agropecuaria”. Agregó que no tiene “ningún bien donde se practique esa actividad”, pues “todos son arrendados” a su “papá y a unos primos que no son hijos de [su tía] Martha”, quien aparece como una de las contribuyentes de su campaña. En esa línea, dijo que la mayoría de las tierras que tiene actualmente su familia había sido heredada de su abuelo.
Sobre el senador Alirio Barrera (Centro Democrático) circuló hace unos años una información que lo conectaba con 172 propiedades en Casanare, de donde es originario. El Espectador contactó al congresista para conocer más sobre esos señalamientos, ante lo que respondió que se trata de señalamientos provenientes de políticos que se oponen a su proyecto: “se vienen las campañas políticas y es una forma de dañarnos”.
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“Es un terreno que se subdividió, se hicieron los lotes y se vendió todo. Es una finca que se compró, sacamos una licencia en el 2012, 2013, pero por estar en el tema político, pues se abandonó el proyecto, no pude hacerlo y así me tocó venderlo”, dijo. Y agregó: “siempre me he dedicado a comprar y vender terrenos. Entonces, yo compro un lote, lo limpio, lo arreglo y lo vendo, compro una casa, la arreglo y la vendo, así, o sea, siempre me he dedicado a eso”.
El representante Wilmer Guerrero (Partido Liberal) también estaría entre los nombres que entidades rastrean. Entre sus propiedades, está un lote que adquirió en Ocaña en 2017 por un precio de $20 millones, dos meses después de que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas levantara “la declaratoria de inminencia de riesgo o desplazamiento forzado”, declarada por primera vez en 2005.
Guerrero le explicó a este medio que era un lote ubicado en el casco urbano de Ocaña, en un conjunto que había comenzado a construirse hace 23 años, con escrituras que datan de hace 20 años, llamado Torres del Cable. Agregó que “no tenía ni idea” de que la zona había sido calificada como bajo riesgo de desplazamiento forzado.
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“Yo estuve indagando del tema con el personero de allá. Y él me decía: Wilmer, mira, lo que pasa es que en los municipios donde hubo presencia del tema de paramilitarismo en muchos sectores de Colombia, a los predios, de manera directa, no era porque estuvieran en un proceso de restitución ni porque los hubieran desplazado, le declaraban la medida cautelar de declaratoria de inminencia de riesgo de desplazamiento forzado. Es que a todos los predios se les colocaba. Y cuando alguien quisiera vender tenía que iniciar un proceso en la personalidad de la Alcaldía para evitar que esa persona que fuera a vender no la estuvieran vendiendo a desplazarse, obligando a vender barato, etcétera”, le aclaró a El Espectador.
Entre los mencionados en el artículo también estuvieron los representantes Jorge Tovar (Citrep), Ana Paola García (Partido de la U) y Óscar Villamizar (Centro Democrático). Aunque fueron contactados para conocer su versión, al momento de publicación, no habían respondido.
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