Congreso aprueba polémica proposición que suspendería ley de garantías

En medio de la discusión del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2022, este miércoles causó controversia la inclusión de un punto que modificaría la ley de garantías, la cual le pone freno a cierta contratación de los entes territoriales cuatro meses antes de elecciones. Si bien la incorporación de este tema fue considerada por algunos como un mico, lo cierto es que finalmente fue aprobada una proposición para incluir ese punto en la discusión.

Lea también: Intentan derogar la ley de garantías en pleno año electoral

En efecto, las comisiones económicas del Congreso dieron su visto bueno para que se discuta un nuevo artículo en el proyecto con el objetivo, se argumenta, de “promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones”. Por ello, se autorizaría a las entidades territoriales a celebrar convenios interadministrativos para ejecutar programas y proyectos relacionados con el Presupuesto General. Lo anterior, solo durante 2022.

Ahora, tras la aprobación de esa proposición y los demás artículos del proyecto de ley, la última palabra la tendrán las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado, que deben seguir con la discusión y definir si quitan o no el cerrojo de la ley de garantías.

La inclusión de la proposición en la discusión causó el descontento de varios congresistas de la Comisión Primera del Senado, que explicaron que la eventual modificación de la ley de garantías, dado su carácter estatutario, es potestad de esa comisión y no de las comisiones económicas.

“Dicha norma corresponde al desarrollo de un mandato constitucional que reglamenta la elección del presidente de la República y su contenido guarda estrecha relación con la salvaguarda del derecho fundamental a la participación ciudadana. Así lo determinó la Corte Constitucional en la sentencia C-1153 de 2005, mediante la cual efectuó control de constitucionalidad de la norma”, señalaron.

Incluso, el exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, alegó que la “suspensión” de la ley de garantías no puede hacerse a través de una ley ordinaria, sino que debe hacerse a través de una ley estatutaria, seguida de una revisión de la Corte.

La representante de oposición Katherine Miranda (Alianza Verde) también reprochó la inclusión del tema y calificó como inaceptable que el Gobierno y el Congreso usaran la ley de presupuesto para “meter un mico sin precedentes como la eliminación de la ley de garantías”.

“Con la aprobación de este artículo se abre la puerta a que los recursos públicos, los impuestos de todos los colombianos, sean usados para aceitar las maquinarías políticas y para la reelección de los partidos tradicionales”, dijo Miranda, quien reclamó también que el 56 % de los recursos de funcionamiento destinados al Gobierno de Iván Duque no han sido ejecutados y el 39 % de los recursos de inversión tampoco ha sido ejecutado.

En medio de la controversia, este miércoles la Federación Colombiana de Municipios, la Federación Nacional de Departamentos y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales insistieron en sus llamados y se unieron a las voces que piden derogar la norma, que prohíbe la contratación cuatro meses antes de elecciones para evitar que los mandatarios salientes terminen beneficiando con la chequera del Estado a ciertos candidatos.

Según argumentaron las agremiaciones territoriales, se “ha demostrado” que la ley “está desactualizada, no corresponde al escenario actual y ha creado más limitaciones y desincentivas a la gestión pública que cualquier otro beneficio”.

Este mismo miércoles, el presidente Iván Duque, desde Nueva York, cambió de opinión y dio su espaldarazo a que se le ponga fin a la iniciativa. “Hay que recordar las cosas en contexto. En Colombia ya no hay reelección, al no haber reelección tenemos una circunstancia distinta”, fueron las palabras del primer mandatario, que recordó que los mandatarios locales comenzaron en enero de 2020 y no tuvieron un tiempo prudencial para llevar a cabo sus proyectos debido a que a los pocos meses enfrentaron la pandemia.

Según el presidente, además de este año y medio de retrasos en la ejecución por la situación sanitaria, la ley de garantías le agregaría casi un año más a esta imposibilidad de desarrollar la contratación. “Si usted mira lo que sería limitar por seis meses su capacidad de firmar convenios y después lo que tendrían que enfrentar seis meses antes de su elección, esto quiere decir que perderían un año adicional a las afectaciones que han sufrido a la pandemia”, argumentó el primer mandatario.

Sin embargo, el presidente ha sido cuestionado debido a que tuvo una posición totalmente distinta cuando fue senador y ya se había revocado la reelección presidencial. Son varias las ocasiones en las que el ahora primer mandatario se expresó contra la propuesta del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos de eliminar la ley de garantías debido a que ya no existía la reelección.

En medio de la discusión del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2022, este miércoles causó controversia la inclusión de un punto que modificaría la ley de garantías, la cual le pone freno a cierta contratación de los entes territoriales cuatro meses antes de elecciones. Si bien la incorporación de este tema fue considerada por algunos como un mico, lo cierto es que finalmente fue aprobada una proposición para incluir ese punto en la discusión.

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En efecto, las comisiones económicas del Congreso dieron su visto bueno para que se discuta un nuevo artículo en el proyecto con el objetivo, se argumenta, de “promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones”. Por ello, se autorizaría a las entidades territoriales a celebrar convenios interadministrativos para ejecutar programas y proyectos relacionados con el Presupuesto General. Lo anterior, solo durante 2022.

Ahora, tras la aprobación de esa proposición y los demás artículos del proyecto de ley, la última palabra la tendrán las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado, que deben seguir con la discusión y definir si quitan o no el cerrojo de la ley de garantías.

La inclusión de la proposición en la discusión causó el descontento de varios congresistas de la Comisión Primera del Senado, que explicaron que la eventual modificación de la ley de garantías, dado su carácter estatutario, es potestad de esa comisión y no de las comisiones económicas.

“Dicha norma corresponde al desarrollo de un mandato constitucional que reglamenta la elección del presidente de la República y su contenido guarda estrecha relación con la salvaguarda del derecho fundamental a la participación ciudadana. Así lo determinó la Corte Constitucional en la sentencia C-1153 de 2005, mediante la cual efectuó control de constitucionalidad de la norma”, señalaron.

Incluso, el exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, alegó que la “suspensión” de la ley de garantías no puede hacerse a través de una ley ordinaria, sino que debe hacerse a través de una ley estatutaria, seguida de una revisión de la Corte.

La representante de oposición Katherine Miranda (Alianza Verde) también reprochó la inclusión del tema y calificó como inaceptable que el Gobierno y el Congreso usaran la ley de presupuesto para “meter un mico sin precedentes como la eliminación de la ley de garantías”.

“Con la aprobación de este artículo se abre la puerta a que los recursos públicos, los impuestos de todos los colombianos, sean usados para aceitar las maquinarías políticas y para la reelección de los partidos tradicionales”, dijo Miranda, quien reclamó también que el 56 % de los recursos de funcionamiento destinados al Gobierno de Iván Duque no han sido ejecutados y el 39 % de los recursos de inversión tampoco ha sido ejecutado.

En medio de la controversia, este miércoles la Federación Colombiana de Municipios, la Federación Nacional de Departamentos y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales insistieron en sus llamados y se unieron a las voces que piden derogar la norma, que prohíbe la contratación cuatro meses antes de elecciones para evitar que los mandatarios salientes terminen beneficiando con la chequera del Estado a ciertos candidatos.

Según argumentaron las agremiaciones territoriales, se “ha demostrado” que la ley “está desactualizada, no corresponde al escenario actual y ha creado más limitaciones y desincentivas a la gestión pública que cualquier otro beneficio”.

Este mismo miércoles, el presidente Iván Duque, desde Nueva York, cambió de opinión y dio su espaldarazo a que se le ponga fin a la iniciativa. “Hay que recordar las cosas en contexto. En Colombia ya no hay reelección, al no haber reelección tenemos una circunstancia distinta”, fueron las palabras del primer mandatario, que recordó que los mandatarios locales comenzaron en enero de 2020 y no tuvieron un tiempo prudencial para llevar a cabo sus proyectos debido a que a los pocos meses enfrentaron la pandemia.

Según el presidente, además de este año y medio de retrasos en la ejecución por la situación sanitaria, la ley de garantías le agregaría casi un año más a esta imposibilidad de desarrollar la contratación. “Si usted mira lo que sería limitar por seis meses su capacidad de firmar convenios y después lo que tendrían que enfrentar seis meses antes de su elección, esto quiere decir que perderían un año adicional a las afectaciones que han sufrido a la pandemia”, argumentó el primer mandatario.

Sin embargo, el presidente ha sido cuestionado debido a que tuvo una posición totalmente distinta cuando fue senador y ya se había revocado la reelección presidencial. Son varias las ocasiones en las que el ahora primer mandatario se expresó contra la propuesta del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos de eliminar la ley de garantías debido a que ya no existía la reelección.