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El pasado lunes 30 de enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado colombiano es culpable por el exterminio de más de 6.000 líderes y militantes de la Unión Patriótica, entre las décadas de 1980 y 1990. Con el fallo, el Tribunal Internacional obliga al Estado a reparar a las víctimas y cumplir con una serie de medidas que tendrán que cumplirse antes de que termine el mandato de Gustavo Petro como presidente.
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Ante esto, el Congreso se pronunció y aseguró que, como parte del Estado, se compromete a cumplir con medidas de reparación a las víctimas. El presidente del Congreso, Roy Barreras, expresó que desde las Cámaras darán cumplimiento a lo dicho por la Corte IDH con tres acciones:
- Convocar a una “sesión solemne de reconocimiento y ofrecimiento de perdón por el genocidio”.
- Impulsar un proyecto de ley para crear el “día nacional en conmemoración de las víctimas de la Unión Patriótica”.
- La construcción de un monumento y placas en memoria de las víctimas.
Asimismo, Barreras señala que el caso de la UP debe sentar un precedente en el país para que no se repitan hechos como ese, en el que se asesinó por diferencias en las ideologías políticas. Por otra parte, aunque el Tribunal Internacional reconoce que se ha avanzado con la reparación a las víctimas, dice que las acciones siguen siendo insuficientes.
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En un documento de más de 180 páginas ordenó al estado que tome acciones como Investigar los hechos, identificar y juzgar a los responsables, restitución para que personas desplazadas retornen a su lugar de origen, Garantías de no repetición y Medidas de protección para los actuales militantes de la UP.
Asimismo, el Estado tiene que reparar económicamente a la UP, tomar medidas en la rehabilitación de las víctimas y hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad.
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