Congreso le dijo sí a la Jurisdicción Especial para la Paz

El reloj aún no marcaba las 3:00 de la tarde, la hora cero para el debate definitivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuando en los pasillos del Congreso ya comenzaba a rondar el fantasma del ausentismo. Antes de iniciar la discusión de la que ha sido la llamada columna vertebral del Acuerdo de Paz con las Farc, el Centro Democrático anunciaba su intención de retirarse del recinto y no participar en la sesión. “El país tiene que estar preparado para ver a los pájaros tirándoles a las escopetas”, advirtió el senador uribista Jaime Amín. Pero al final decidieron quedarse.

Mientras tanto, el Gobierno hacía votos porque la ya resquebrajada Unidad Nacional no se diluyera en el momento de votar la JEP y, aunque cada quien se encargó de ocupar su curul en el Senado hasta altas horas de la noche, las críticas y alertas sobre algunos aspectos del proyecto no faltaron. Pero la orden del presidente Juan Manuel Santos se cumplió y anoche el Congreso avaló con 61 votos la justicia especial que se encargará de procesar a miembros de las Farc, integrantes de la Fuerza Pública y terceros involucrados en el conflicto.

Lo primero que hay que decir es que a partir de este momento la JEP empieza a funcionar y, con ella, se activan las facultades del Comité de Escogencia que tiene a su cargo designar a los magistrados que formarán parte de las salas y secciones de esa Jurisdicción de Paz, de la Unidad de Investigación y Acusación, y de la Secretaría Ejecutiva de los tribunales que se crearon en los acuerdos de La Habana. Pero más allá de las cuestiones técnicas que, sin duda, no han estado exentas de debates, la discusión de anoche produjo importantes aclaraciones.

Mientras el país se prepara para recibir este mismo martes, desde Washington, la noticia de que hubo un importante aumento en las hectáreas sembradas con cultivos de uso ilícito, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, rechazó una paz que, según dijo, se combine con el renacimiento del narcotráfico que crece en Colombia. Así lo dejó claro en el Senado cuando, en medio del debate, afirmó que “necesitamos que quienes viven en esas zonas de consolidación de la paz empiecen a trabajar en la política renovada, porque esa es la próxima batalla que no podemos perder. El país no puede revivir los episodios de los años 80 y 90, y en esa materia el balance está en rojo”.

Y tiene razón. Las cifras reportan un total de 188.000 hectáreas cultivadas con coca y, bajo ese supuesto, el jefe del ente acusador reclamó la tarea para la cual fue creada la Fiscalía. Por eso, el Gobierno cedió y dejó claro que el narcotráfico no podrá ser cobijado con la Jurisdicción para la Paz, una práctica de la que se ha beneficiado la guerrilla, entre otras cosas, para financiar la rebelión.

De esta manera, quedará reglamentado en la ley posterior que desarrolle la JEP, un tratamiento penal diferenciado en lo referente a la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos y determinará en qué casos y bajo qué circunstancias corresponde a la jurisdicción ordinaria la investigación y juzgamiento de los delitos de conservación y financiamiento de plantaciones, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y destinación ilícita de muebles o inmuebles cometidos por las personas respecto de quienes la JEP tendría competencia. Por ejemplo, cuando se estudien casos relacionados con los delitos políticos y conexos.

Otra de las preocupaciones, y que fue expresada por Cambio Radical, tuvo que ver con la comparecencia de terceros ante los tribunales de la JEP. Según dijo el senador Germán Varón, no se hace lógico amnistiar e indultar a miembros de las Farc, mientras que, por ejemplo, empresarios coaccionados a financiar grupos ilegales sí tendrían el deber de acudir ante la Jurisdicción de Paz para ser procesados. En ese sentido, se dejó claridad en que será una decisión libre de los particulares acudir a la JEP, salvo los casos que involucren delitos como violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales, tortura, reclutamiento forzado o desplazamientos. Y tampoco bastará un testimonio para que la JEP ordene la comparecencia de terceros.

Un punto neurálgico, el de la responsabilidad de los altos mandos militares, quedó intacto. Habrá que ver si, en efecto, se materializan las advertencias de quienes criticaban la ausencia de una referencia explícita del Estatuto de Roma y entra a operar la Corte Penal Internacional si considera que hay impunidad en la Jurisdicción de Paz. En todo caso, falta mucha tela por cortar. La justicia transicional fue creada para devolver a las víctimas un justo resarcimiento, como la verdad, la justicia efectiva, la reparación y las garantías de no repetición. En otras palabras, como dijo Jairo Estrada, del movimiento político Voces de Paz, debe ser “la respuesta al régimen de impunidad que ha permanecido en este país. Es el esfuerzo intelectual y político más importante que se ha hecho hasta ahora para avanzar con limitaciones en el reconocimiento de los derechos de las víctimas”.

Es de precisar que la JEP funcionará hasta por 10 años contados a partir de la entrada en funcionamiento de la totalidad de salas y secciones de la JEP, y un plazo posterior de 5 años más para concluir su actividad. Este plazo puede ser prorrogado por el mismo tiempo. Hay un plazo adicional para recibir informes por parte de la Sala de Reconocimiento de Verdad que será de 2 años y podrá prorrogarse hasta completar un periodo máximo de 3 años,

Finalmente, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señaló que fueron 83 las modificaciones que se hicieron al proyecto original del Gobierno, a través de proposiciones de los congresistas, que mejoraron el texto, lo que comprueba que no es verdad, como dice la oposición, de que el Legislativo es un convidado de piedra en la implementación de la paz. “Hoy es un día importante para la paz en Colombia, garantiza la desmovilización y el desarme de las Farc el 1° de junio, su transformación en partido político y garantiza un sistema integral de justicia, verdad y no repetición a las víctimas”, enfatizó.

El reloj aún no marcaba las 3:00 de la tarde, la hora cero para el debate definitivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuando en los pasillos del Congreso ya comenzaba a rondar el fantasma del ausentismo. Antes de iniciar la discusión de la que ha sido la llamada columna vertebral del Acuerdo de Paz con las Farc, el Centro Democrático anunciaba su intención de retirarse del recinto y no participar en la sesión. “El país tiene que estar preparado para ver a los pájaros tirándoles a las escopetas”, advirtió el senador uribista Jaime Amín. Pero al final decidieron quedarse.

Mientras tanto, el Gobierno hacía votos porque la ya resquebrajada Unidad Nacional no se diluyera en el momento de votar la JEP y, aunque cada quien se encargó de ocupar su curul en el Senado hasta altas horas de la noche, las críticas y alertas sobre algunos aspectos del proyecto no faltaron. Pero la orden del presidente Juan Manuel Santos se cumplió y anoche el Congreso avaló con 61 votos la justicia especial que se encargará de procesar a miembros de las Farc, integrantes de la Fuerza Pública y terceros involucrados en el conflicto.

Lo primero que hay que decir es que a partir de este momento la JEP empieza a funcionar y, con ella, se activan las facultades del Comité de Escogencia que tiene a su cargo designar a los magistrados que formarán parte de las salas y secciones de esa Jurisdicción de Paz, de la Unidad de Investigación y Acusación, y de la Secretaría Ejecutiva de los tribunales que se crearon en los acuerdos de La Habana. Pero más allá de las cuestiones técnicas que, sin duda, no han estado exentas de debates, la discusión de anoche produjo importantes aclaraciones.

Mientras el país se prepara para recibir este mismo martes, desde Washington, la noticia de que hubo un importante aumento en las hectáreas sembradas con cultivos de uso ilícito, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, rechazó una paz que, según dijo, se combine con el renacimiento del narcotráfico que crece en Colombia. Así lo dejó claro en el Senado cuando, en medio del debate, afirmó que “necesitamos que quienes viven en esas zonas de consolidación de la paz empiecen a trabajar en la política renovada, porque esa es la próxima batalla que no podemos perder. El país no puede revivir los episodios de los años 80 y 90, y en esa materia el balance está en rojo”.

Y tiene razón. Las cifras reportan un total de 188.000 hectáreas cultivadas con coca y, bajo ese supuesto, el jefe del ente acusador reclamó la tarea para la cual fue creada la Fiscalía. Por eso, el Gobierno cedió y dejó claro que el narcotráfico no podrá ser cobijado con la Jurisdicción para la Paz, una práctica de la que se ha beneficiado la guerrilla, entre otras cosas, para financiar la rebelión.

De esta manera, quedará reglamentado en la ley posterior que desarrolle la JEP, un tratamiento penal diferenciado en lo referente a la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos y determinará en qué casos y bajo qué circunstancias corresponde a la jurisdicción ordinaria la investigación y juzgamiento de los delitos de conservación y financiamiento de plantaciones, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y destinación ilícita de muebles o inmuebles cometidos por las personas respecto de quienes la JEP tendría competencia. Por ejemplo, cuando se estudien casos relacionados con los delitos políticos y conexos.

Otra de las preocupaciones, y que fue expresada por Cambio Radical, tuvo que ver con la comparecencia de terceros ante los tribunales de la JEP. Según dijo el senador Germán Varón, no se hace lógico amnistiar e indultar a miembros de las Farc, mientras que, por ejemplo, empresarios coaccionados a financiar grupos ilegales sí tendrían el deber de acudir ante la Jurisdicción de Paz para ser procesados. En ese sentido, se dejó claridad en que será una decisión libre de los particulares acudir a la JEP, salvo los casos que involucren delitos como violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales, tortura, reclutamiento forzado o desplazamientos. Y tampoco bastará un testimonio para que la JEP ordene la comparecencia de terceros.

Un punto neurálgico, el de la responsabilidad de los altos mandos militares, quedó intacto. Habrá que ver si, en efecto, se materializan las advertencias de quienes criticaban la ausencia de una referencia explícita del Estatuto de Roma y entra a operar la Corte Penal Internacional si considera que hay impunidad en la Jurisdicción de Paz. En todo caso, falta mucha tela por cortar. La justicia transicional fue creada para devolver a las víctimas un justo resarcimiento, como la verdad, la justicia efectiva, la reparación y las garantías de no repetición. En otras palabras, como dijo Jairo Estrada, del movimiento político Voces de Paz, debe ser “la respuesta al régimen de impunidad que ha permanecido en este país. Es el esfuerzo intelectual y político más importante que se ha hecho hasta ahora para avanzar con limitaciones en el reconocimiento de los derechos de las víctimas”.

Es de precisar que la JEP funcionará hasta por 10 años contados a partir de la entrada en funcionamiento de la totalidad de salas y secciones de la JEP, y un plazo posterior de 5 años más para concluir su actividad. Este plazo puede ser prorrogado por el mismo tiempo. Hay un plazo adicional para recibir informes por parte de la Sala de Reconocimiento de Verdad que será de 2 años y podrá prorrogarse hasta completar un periodo máximo de 3 años,

Finalmente, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señaló que fueron 83 las modificaciones que se hicieron al proyecto original del Gobierno, a través de proposiciones de los congresistas, que mejoraron el texto, lo que comprueba que no es verdad, como dice la oposición, de que el Legislativo es un convidado de piedra en la implementación de la paz. “Hoy es un día importante para la paz en Colombia, garantiza la desmovilización y el desarme de las Farc el 1° de junio, su transformación en partido político y garantiza un sistema integral de justicia, verdad y no repetición a las víctimas”, enfatizó.