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El Senado, a través de su secretario general, Gregorio Eljach, le solicitó a la Corte Suprema de Justicia los documentos legales relacionados con la situación jurídica del senador del Centro Democrático Ciro Ramírez, quien permanece preso (detención preventiva) desde el pasado 14 de diciembre. Esto, “con el fin de dar el trámite que corresponde” se lee en el documento. Es decir, suspender su condición como congresista.
“Con el fin de dar el trámite que corresponde, este despacho solicita copia de la providencia del 14 de diciembre del 2023 [...] por medio del cual resolvió definir la situación jurídica al senador Ciro Ramírez mediante la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión, dentro del proceso CUI. De igual forma, se requiere certificación en la cual conste, si dicha providencia a la fecha se encuentra ejecutoriada. Lo anterior, teniendo en cuenta el artículo 277 de a Ley 5 de 1992″, se lee en el documento publicado por La FM.
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Más allá de la suspensión de la investidura de Ramírez, en este caso podría decretarse “silla vacía” temporal. Esta medida implicaría la pérdida definitiva de la curul en el Congreso tanto para el senador como para la agrupación política que lo respaldó, en este caso, el Centro Democrático, por avalarlo. La “silla vacía” se puede aplicar cuando un congresista está relacionado con actividades delictivas y no solo tiene implicaciones en la representación del partido, sino en el funcionamiento del Congreso. En caso de que se le declarara culpable, la figura de la “silla vacía” sería permanente.
Ramírez es investigado por, supuestamente, haber participado en un entramado de corrupción en contratación estatal desde el Congreso. Dentro de los documentos de la Corte Suprema, a los que tuvo acceso este diario, resalta que el senador Ramírez hizo grandes contratos entre el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la empresa Proyecta.
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Este martes, 19 de diciembre, Pierre García, exdirector encargado del DPS durante el gobierno de Iván Duque, fue imputado por la Fiscalía, dentro de la investigación que adelanta en su contra por, presuntamente, participar en el entramado de corrupción que llevó a la cárcel a Ramírez. En su audiencia afirmó que es inocente.
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