Constitución de 1991: un cambio radical para los indígenas

“Váyanse de aquí, indios”, se escucha a una mujer mientras hombres armados atacaban a la minga indígena que estaba en Cali. Luego, otro con pistola en mano le pega a uno de los mingueros para que se fuera de aquel lugar. Todo esto ocurrió el pasado domingo en las calles de la capital del Valle del Cauca, mientras las redes sociales se llenaban de mensajes en contra de los indígenas, incluso de líderes políticos. Algunos desconocían su condición de ciudadanos, otros los llamaban indios y algunos más llegaban a tildarlos de salvajes. En fin, en una sola jornada se evidenció el racismo y el desconocimiento de los derechos que las poblaciones originarias de Colombia por más de 200 años.

Lea también: “La Constitución de 1991 fue planteada para la paz, pero no ha sido así”: Lorenzo Muelas

Y es que, hasta hace 30 años, las comunidades indígenas no tenían un claro reconocimiento en el ordenamiento colombiano. Esto solo lo vino a cambiar en la Constitución de 1991. Antes de esta, dichas poblaciones no tenían mención alguna al nivel constitucional. La tradición española impuesta durante la colonia se prolongó por más de 150 años de historia republicana. El país estaba articulado bajo la idea de una uniformidad étnica, de creencias y lengua. Como indica Roberto Pineda Camacho, en su texto Constitución de 1991 y la perspectiva del multiculturalismo en Colombia, se destacaba a Simón Bolívar junto a América representada como indígena, pero al mismo tiempo se proscribía las lenguas y las costumbres de estas comunidades.

Esa visión se plasmó en varias de las leyes durante el siglo XIX y una buena parte del siglo XX. Por ejemplo, en la Constitución de 1886, que rigió a Colombia por 105 años, no hay ninguna mención a los indígenas u otra etnia. Todo estaba centrado a hombres blancos y católicos. Luego, cuatro años después, se expidió la norma más lesiva en contra de los indígenas en Colombia: ley 89 de 1890 por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada. Desde la misma denominación de salvajes a los pueblos indígena se fijaba la visión peyorativa que tenía el Estado y la sociedad hacia estas comunidades.

Esta misma legislación les imponía la moral cristiana y los condenaba a castigos por violarla. Sin embargo, uno de los temas que hoy es más cuestionados es la categoría de “menores de edad” que se les dio para el manejo de sus propiedades en los resguardos, por lo que debían solicitar un permiso judicial para la venta de bienes raíces y esta solo se podría llevar a cabo bajo subasta. Por poco más de 100 años esta fue la visión que rigió el ordenamiento colombiano y la concepción colectiva que se tenía de los indígenas. A pesar de que se les otorgaba autonomía legal en sus resguardos, esta misma figura era problemática pues implicaba que su reconocimiento cultural solo se daba en estos espacios de exclusión.

Esta visión, que rigió en buena parte del Siglo XX, fue el motivo de varias luchas indígenas, siendo de las más destacadas la de Manuel Quintín Lame, miembro de la etnia nasa. Encarcelado más de 100 veces, Quintín Lame lideró movimientos para el reconocimiento indígena, específicamente del Cauca, y para la recuperación de territorios que históricamente les había pertenecido. Luego, la lucha por las tierras ancestrales fue un tema recurrente y central. Tanto así que de la mano del movimiento campesino lideraron las campañas de ocupación y recuperación de territorios a través de la Asociación nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Precisamente en el marco de esta organización fue que se dio el origen al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), una de las confederaciones indígenas más importantes del país.

A pesar del trabajo por el reconocimiento de derechos y que las poblaciones indígenas fueron las más beneficiadas por las titulaciones de tierras del Incora, en el país aún se mantenía un ordenamiento que desconocía la igualdad y dignidad de los pueblos originarios. Solo en el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) se comenzó a dar un mayor reconocimiento a las poblaciones indígenas. Sin embargo, aún estaba pendiente varios temas de ordenamiento que seguían poniendo en desventaja a los indígenas frente al resto de colombianos. Esto solo vendría a ser solucionado en el papel por la Constitución de 1991.

La Asamblea Constituyente de 1991, como se ha dicho en anteriores ocasiones, fue un momento de primeras veces políticas, entre estas, fue la primera vez que líderes indígenas tuvieron representación y participación. A esta llegaron Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Birry por voto popular y el exguerrillero Alfonso Peña Chepe, que recibió una curul con voz pero sin voto luego de las negociaciones de paz con la guerrilla indígena Movimiento Armado Quintín Lame. Aunque en un principio hubo dudas sobre aspirar o no a la constituyente, sectores indígenas vieron en este espacio como una nueva oportunidad para obtener el reconocimiento histórico que les había sido negado. Su llegada a esta instancia, sin tantos votos (poco más de 40.000 entre los dos constituyentes), se dio en gran parte a la displicencia con la que la política tradicional asumió la asamblea.

Por el contrario, los representantes indígenas se lo tomaron con toda la seriedad, pues, como comentó Lorenzo Muelas a este diario, “para nosotros fue la primera vez en 500 años de la historia de Colombia que tuvimos representación”. Esta solemnidad se evidenció desde el día uno, cuando Muelas regañó a todos los constituyentes por enfrascarse en peleas por la presidencia: “Nos espera algo muy grande para los 30 millones de colombianos. Defendamos los derechos de cada uno. Aprendan de los indígenas que tomamos soluciones con bases en consenso y no en hegemonías. Tenemos una gran responsabilidad con la política nacional. De lo contrario me tocará pedirle a mi compañero Francisco Rojas Birry que aprendamos también el manzanillismo”.

La presencia indígena también se notó en la vestimenta de Muelas, que fue de la comidilla de los medios por asistir a las sesiones con su vestimenta guambiana tradicional: Turi (ruana blanca), Pali (falda azul) y sombrero. Esto elementos también evidenciaron el carácter diverso que los indígenas buscaban imprimir en la constitución. “Me acuerdo que una vez fueron y le hicieron una entrevista también a Lorenzo Muelas. Y dijeron ‘usted porque siempre viene con sombrero. Y él dijo: ‘Por varias cosas. Primero, pues el sombrero hace parte de mi vestimenta: el sombrero, las enaguas, y todo lo demás. Y segundo, pues porque el sombrero es mío. Yo no se lo quité a nadie”, contó Aida Avella a este diario.

A pesar de los muchos temas que los afectaba, el trabajo de los representantes indígenas se centró a la Comisión Primera (derechos fundamentales) y Comisión Segunda (ordenamiento territorial). En la primera estuvo Rojas Birry como vicepresidente, mientras que Muelas prefirió ir a la Segunda, para lograr una vez por todas que “nos reconocieran como territorios indígenas y tuviéramos autonomía”. El enfoque era llevar su concepción del derecho mayor y de la necesidad de que reconociera en su diferencia. “Sentimos distinto: frente al aire, frente a la naturaleza, frente al agua, frente al dinero, frente a la autoridad, frente al mundo y frente a los demás, dando a nuestras vidas una ubicación y una dimensión diferentes”.

Por otro lado, Rojas Birry fue encargado de llevar a la comisión la ponencia dedicada a los derechos de los grupos étnicos, que buscaba que en el texto constitucional quedara expresamente un capítulo que desarrollara varios de los derechos ya propuestos, pero con un enfoque a favor de indígenas, afro y otras comunidades étnicas. El texto tenía entre sus peticiones hacer una prohibición constitucional al racismo, una garantía de participación en el Gobierno y se buscaba dejar expreso que como parte del derecho a la identidad cultural se reconocería la organización social, costumbre, lenguas, educación, medicina tradicional y formas de propiedad tradicional.

Al final muchas de esas propuestas quedaron consagradas en la constitución, pero no bajo un capítulo explícito sobre los derechos étnicos. Pero, sin lugar a dudas se puede decir que la nueva carta magna volcó una buena parte de su articulado para reivindicar a los indígenas y otros grupos étnicos que históricamente habían sido marginados. Entre los muchos logros en la Constitución de 1991, se destacó el reconocimiento como un país multicultural, lo que implicó un reconocimiento que en este país también había indígenas, afros y otras culturas, además de la hegemónica. Bajo este enfoque se ordenó proteger las “riquezas culturales” de la nación, lo que permitió una atención especial a las comunidades que por más de 200 años habían sido marginadas.

Asimismo, se les reconoció la plena autonomía de sus territorios y la tenencia colectiva, un elemento por el que habían luchado por varias décadas. Esto implicó un gobierno con autoridades propias, administración de los recursos a su consideración y ser partícipes de las rentas nacionales. En un camino parecido se reconoció a sus lenguas como oficiales en sus territorios y se consagró la libertad de enseñanza. También, dentro de la libertad religiosa, se les dio el mismo peso a sus creencias frente a la mayoritaria, la religión cristiana católica. La nueva constitución también les garantizó representación política propia, pues les asignó unas circunscripciones especiales sin que esto afectara poder ser elegidos por otras listas. Gracias a esto, años después, Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Birry llegaron al Senado.

No obstante, aún quedaron muchos pendientes, como lo comentó a este diario Lorenzo Muelas. “Nos negaron el derecho al subsuelo en nuestros territorios, que en mi Proyecto yo traía ese reconocimiento. También nos negaron la Objeción Cultural. Yo tenía mi argumento que decía que a los lugares sagrados hay que respetarlos. Así como nosotros no podemos ir a sembrar yuca ni papa en el Vaticano, ni tampoco en las iglesias, donde ellos consideran que es sagrado, a nosotros tampoco se nos puede irrespetar nuestros lugares sagrados”. Además, aunque en el papel pareciera todo perfecto, la aplicación no ha sido lo ideal y como buen ejemplo está lo ocurrido en Cali hace una semana, donde el histórico racismo volvió a aflorar.

“Váyanse de aquí, indios”, se escucha a una mujer mientras hombres armados atacaban a la minga indígena que estaba en Cali. Luego, otro con pistola en mano le pega a uno de los mingueros para que se fuera de aquel lugar. Todo esto ocurrió el pasado domingo en las calles de la capital del Valle del Cauca, mientras las redes sociales se llenaban de mensajes en contra de los indígenas, incluso de líderes políticos. Algunos desconocían su condición de ciudadanos, otros los llamaban indios y algunos más llegaban a tildarlos de salvajes. En fin, en una sola jornada se evidenció el racismo y el desconocimiento de los derechos que las poblaciones originarias de Colombia por más de 200 años.

Lea también: “La Constitución de 1991 fue planteada para la paz, pero no ha sido así”: Lorenzo Muelas

Y es que, hasta hace 30 años, las comunidades indígenas no tenían un claro reconocimiento en el ordenamiento colombiano. Esto solo lo vino a cambiar en la Constitución de 1991. Antes de esta, dichas poblaciones no tenían mención alguna al nivel constitucional. La tradición española impuesta durante la colonia se prolongó por más de 150 años de historia republicana. El país estaba articulado bajo la idea de una uniformidad étnica, de creencias y lengua. Como indica Roberto Pineda Camacho, en su texto Constitución de 1991 y la perspectiva del multiculturalismo en Colombia, se destacaba a Simón Bolívar junto a América representada como indígena, pero al mismo tiempo se proscribía las lenguas y las costumbres de estas comunidades.

Esa visión se plasmó en varias de las leyes durante el siglo XIX y una buena parte del siglo XX. Por ejemplo, en la Constitución de 1886, que rigió a Colombia por 105 años, no hay ninguna mención a los indígenas u otra etnia. Todo estaba centrado a hombres blancos y católicos. Luego, cuatro años después, se expidió la norma más lesiva en contra de los indígenas en Colombia: ley 89 de 1890 por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada. Desde la misma denominación de salvajes a los pueblos indígena se fijaba la visión peyorativa que tenía el Estado y la sociedad hacia estas comunidades.

Esta misma legislación les imponía la moral cristiana y los condenaba a castigos por violarla. Sin embargo, uno de los temas que hoy es más cuestionados es la categoría de “menores de edad” que se les dio para el manejo de sus propiedades en los resguardos, por lo que debían solicitar un permiso judicial para la venta de bienes raíces y esta solo se podría llevar a cabo bajo subasta. Por poco más de 100 años esta fue la visión que rigió el ordenamiento colombiano y la concepción colectiva que se tenía de los indígenas. A pesar de que se les otorgaba autonomía legal en sus resguardos, esta misma figura era problemática pues implicaba que su reconocimiento cultural solo se daba en estos espacios de exclusión.

Esta visión, que rigió en buena parte del Siglo XX, fue el motivo de varias luchas indígenas, siendo de las más destacadas la de Manuel Quintín Lame, miembro de la etnia nasa. Encarcelado más de 100 veces, Quintín Lame lideró movimientos para el reconocimiento indígena, específicamente del Cauca, y para la recuperación de territorios que históricamente les había pertenecido. Luego, la lucha por las tierras ancestrales fue un tema recurrente y central. Tanto así que de la mano del movimiento campesino lideraron las campañas de ocupación y recuperación de territorios a través de la Asociación nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Precisamente en el marco de esta organización fue que se dio el origen al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), una de las confederaciones indígenas más importantes del país.

A pesar del trabajo por el reconocimiento de derechos y que las poblaciones indígenas fueron las más beneficiadas por las titulaciones de tierras del Incora, en el país aún se mantenía un ordenamiento que desconocía la igualdad y dignidad de los pueblos originarios. Solo en el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) se comenzó a dar un mayor reconocimiento a las poblaciones indígenas. Sin embargo, aún estaba pendiente varios temas de ordenamiento que seguían poniendo en desventaja a los indígenas frente al resto de colombianos. Esto solo vendría a ser solucionado en el papel por la Constitución de 1991.

La Asamblea Constituyente de 1991, como se ha dicho en anteriores ocasiones, fue un momento de primeras veces políticas, entre estas, fue la primera vez que líderes indígenas tuvieron representación y participación. A esta llegaron Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Birry por voto popular y el exguerrillero Alfonso Peña Chepe, que recibió una curul con voz pero sin voto luego de las negociaciones de paz con la guerrilla indígena Movimiento Armado Quintín Lame. Aunque en un principio hubo dudas sobre aspirar o no a la constituyente, sectores indígenas vieron en este espacio como una nueva oportunidad para obtener el reconocimiento histórico que les había sido negado. Su llegada a esta instancia, sin tantos votos (poco más de 40.000 entre los dos constituyentes), se dio en gran parte a la displicencia con la que la política tradicional asumió la asamblea.

Por el contrario, los representantes indígenas se lo tomaron con toda la seriedad, pues, como comentó Lorenzo Muelas a este diario, “para nosotros fue la primera vez en 500 años de la historia de Colombia que tuvimos representación”. Esta solemnidad se evidenció desde el día uno, cuando Muelas regañó a todos los constituyentes por enfrascarse en peleas por la presidencia: “Nos espera algo muy grande para los 30 millones de colombianos. Defendamos los derechos de cada uno. Aprendan de los indígenas que tomamos soluciones con bases en consenso y no en hegemonías. Tenemos una gran responsabilidad con la política nacional. De lo contrario me tocará pedirle a mi compañero Francisco Rojas Birry que aprendamos también el manzanillismo”.

La presencia indígena también se notó en la vestimenta de Muelas, que fue de la comidilla de los medios por asistir a las sesiones con su vestimenta guambiana tradicional: Turi (ruana blanca), Pali (falda azul) y sombrero. Esto elementos también evidenciaron el carácter diverso que los indígenas buscaban imprimir en la constitución. “Me acuerdo que una vez fueron y le hicieron una entrevista también a Lorenzo Muelas. Y dijeron ‘usted porque siempre viene con sombrero. Y él dijo: ‘Por varias cosas. Primero, pues el sombrero hace parte de mi vestimenta: el sombrero, las enaguas, y todo lo demás. Y segundo, pues porque el sombrero es mío. Yo no se lo quité a nadie”, contó Aida Avella a este diario.

A pesar de los muchos temas que los afectaba, el trabajo de los representantes indígenas se centró a la Comisión Primera (derechos fundamentales) y Comisión Segunda (ordenamiento territorial). En la primera estuvo Rojas Birry como vicepresidente, mientras que Muelas prefirió ir a la Segunda, para lograr una vez por todas que “nos reconocieran como territorios indígenas y tuviéramos autonomía”. El enfoque era llevar su concepción del derecho mayor y de la necesidad de que reconociera en su diferencia. “Sentimos distinto: frente al aire, frente a la naturaleza, frente al agua, frente al dinero, frente a la autoridad, frente al mundo y frente a los demás, dando a nuestras vidas una ubicación y una dimensión diferentes”.

Por otro lado, Rojas Birry fue encargado de llevar a la comisión la ponencia dedicada a los derechos de los grupos étnicos, que buscaba que en el texto constitucional quedara expresamente un capítulo que desarrollara varios de los derechos ya propuestos, pero con un enfoque a favor de indígenas, afro y otras comunidades étnicas. El texto tenía entre sus peticiones hacer una prohibición constitucional al racismo, una garantía de participación en el Gobierno y se buscaba dejar expreso que como parte del derecho a la identidad cultural se reconocería la organización social, costumbre, lenguas, educación, medicina tradicional y formas de propiedad tradicional.

Al final muchas de esas propuestas quedaron consagradas en la constitución, pero no bajo un capítulo explícito sobre los derechos étnicos. Pero, sin lugar a dudas se puede decir que la nueva carta magna volcó una buena parte de su articulado para reivindicar a los indígenas y otros grupos étnicos que históricamente habían sido marginados. Entre los muchos logros en la Constitución de 1991, se destacó el reconocimiento como un país multicultural, lo que implicó un reconocimiento que en este país también había indígenas, afros y otras culturas, además de la hegemónica. Bajo este enfoque se ordenó proteger las “riquezas culturales” de la nación, lo que permitió una atención especial a las comunidades que por más de 200 años habían sido marginadas.

Asimismo, se les reconoció la plena autonomía de sus territorios y la tenencia colectiva, un elemento por el que habían luchado por varias décadas. Esto implicó un gobierno con autoridades propias, administración de los recursos a su consideración y ser partícipes de las rentas nacionales. En un camino parecido se reconoció a sus lenguas como oficiales en sus territorios y se consagró la libertad de enseñanza. También, dentro de la libertad religiosa, se les dio el mismo peso a sus creencias frente a la mayoritaria, la religión cristiana católica. La nueva constitución también les garantizó representación política propia, pues les asignó unas circunscripciones especiales sin que esto afectara poder ser elegidos por otras listas. Gracias a esto, años después, Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Birry llegaron al Senado.

No obstante, aún quedaron muchos pendientes, como lo comentó a este diario Lorenzo Muelas. “Nos negaron el derecho al subsuelo en nuestros territorios, que en mi Proyecto yo traía ese reconocimiento. También nos negaron la Objeción Cultural. Yo tenía mi argumento que decía que a los lugares sagrados hay que respetarlos. Así como nosotros no podemos ir a sembrar yuca ni papa en el Vaticano, ni tampoco en las iglesias, donde ellos consideran que es sagrado, a nosotros tampoco se nos puede irrespetar nuestros lugares sagrados”. Además, aunque en el papel pareciera todo perfecto, la aplicación no ha sido lo ideal y como buen ejemplo está lo ocurrido en Cali hace una semana, donde el histórico racismo volvió a aflorar.