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En la agenda política siempre está presente la idea de una reforma a la justicia. En los últimos años, en cada instalación de legislatura, tanto desde el Gobierno como desde los diferentes sectores del Congreso se escucha de manera repetida la propuesta para hacer modificaciones “profundas y estructurales”, bajo los argumentos de garantizar una justicia eficaz e independiente, y evitar la politización de los procesos. Pero las intenciones casi nunca pasan de los primeros debates y las iniciativas de reforma, que una vez radicadas lucen como enormes cruceros llenos de cambios, terminan al final convertidas en canoas varadas en la orilla.
Durante el gobierno del presidente Iván Duque ya se vivió esa historia a finales de 2018, cuando la reforma que lideraba la entonces ministra de Justicia, Gloria María Borrero, naufragó en la Cámara de Representantes. Sin embargo, las trompetas que anuncian la reapertura de este debate en el país sonaron el martes, luego de que se conociera la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dictar medida de aseguramiento en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, dentro del proceso que se le adelanta por presunto fraude procesal y sobornos.
La propuesta no llegaría como una simple reforma a la justicia, sino, tal como lo anunció la senadora uribista Paloma Valencia, en forma de constituyente. “Colombia necesita una gran reforma a la justicia. Queremos proponerle al país una constituyente”, dijo la congresista en la sesión plenaria del Senado que, por la pandemia, aún se realiza de manera remota. Esta idea del uribismo para hacer una nueva Constitución es, sin duda, la respuesta a la decisión de la Corte que, por supuesto, no los deja contentos y como la notificación al país de que intentará hacer uso de la coyuntura política generada por la detención de su líder.
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Si bien una constituyente abre la puerta a una discusión amplia sobre el Estado y su estructura, los puntos claves que ha planteado el uribismo para reformar la justicia son tres, incluyendo algunos que ya habían sido echados a andar en la opinión pública en años anteriores: la creación de una “supercorte” que, en palabras de Valencia, permita unificación y claridad en el sistema y anule el “sentimiento de selectividad”; la desvinculación de los magistrados que integren esa corte única de la política electoral, y la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Y básicamente, porque lo que se complica en el terreno judicial, se entra a disputar en el campo de la política. Ha quedado claro que, ante la llegada de líderes exguerrilleros al Congreso, la libertad del exmandatario se convierte en un punto de honor. Hacia ese punto ha girado el discurso de los miembros del Centro Democrático, comenzando por el mismo presidente Duque, quien sin cuidado de la dignidad que representa, ha instalado un escudo en defensa de su mentor político. La pregunta es: ¿Hay ambiente para una constituyente?
La primera respuesta viene desde la misma Casa de Nariño. El primer mandatario ha hecho la advertencia que no se puede desechar ningún camino para lograr una reforma estructural en el sistema de justicia, pero lo que debe primar es el tiempo. Por esa razón, se inclina más por tramitar una reforma vía Congreso. Una constituyente, según dijo, es un camino “muy largo” que, entre otras cosas, requiere una ley que la convoque y una posterior elección de los constituyentes por parte de la ciudadanía. En cálculos del jefe de Estado, bastante conservadores, el proceso podría tomar un año y medio, y por eso plantea que la discusión se dé en el Legislativo, con la voz de todas las fuerzas del espectro político.
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Duque asegura que hay consenso en la política, en la Rama Judicial y en la academia para hacer esa gran reforma, pero es precisamente ese el camino que no quiere una gran parte del uribismo. Para la misma senadora Valencia, por ejemplo, una reforma a la justicia no debe pasar por la vía legislativa, y lo más democrático, amplio y participativo sería la estructuración de una nueva Constitución.
El senador liberal Luis Fernando Velasco considera que actualmente no se cumplen dos condiciones fundamentales para activar una constituyente, que son “acuerdos políticos mínimos” en torno a los temas que se abordarían y cuáles son los problemas estructurales del Estado que necesitan un cambio. “El ciudadano está pidiendo cómo enfrentar la pandemia, conseguir la vacuna, proteger al personal de salud, recuperar los empleos y los negocios. Las prioridades de las grandes mayorías muy seguramente no están en una constituyente”, comentó. Y planteó una lógica bastante congruente: sin acuerdos mínimos, la convocatoria a una constituyente será una pérdida de tiempo para la que no se prestará el Partido Liberal.
Algo muy similar señaló el exministro de Justicia Yesid Reyes, al decir que no hay un programa claro de modificación, más allá de la reforma a las cortes. “Si una de las razones para promover la constituyente es la politización de la justicia, no le veo fundamento. Es decir, acusan a algunos jueces de no tomar decisiones con fundamento jurídico, sino político. Si a eso se refiere, una modificación constitucional no podría cambiar la forma incorrecta de actuar de los jueces. Esa forma de actuar es contraria a la ley y más bien se debería denunciar penalmente”, recalcó.
A su vez, el expresidente Ernesto Samper se acerca a lo planteado por Duque, en cuanto a construir un consenso constitucional que incluya asuntos de interés nacional, como la reforma a la justicia, el manejo de la pospandemia, la sostenibilidad del proceso de paz o el ordenamiento territorial. “El Congreso podría convocar a las voces representativas de la sociedad civil, no solo los gremios económicos, y podría liderar este diálogo constitucional para identificar una agenda nacional de convivencia política, como se comienza a hacer hoy en Chile”, anotó.
Otros sectores, como el que representa el excandidato presidencial Sergio Fajardo, también descartan de tajo una constituyente para reformar la justicia porque implica “abrir una caja de Pandora”. “En estos momentos no estamos para eso”, escribió en su cuenta de Twitter. Y desde organizaciones internacionales, como Human Rights Watch, se considera que la detención domiciliaria de Uribe es una prueba de fuego para el Estado social de derecho en Colombia. “El gobierno del presidente Duque y el Centro Democrático deben respetar la decisión y la independencia de la Corte Suprema y garantizar que el expresidente Uribe se defienda a través de los mecanismos legales, no con amenazas de reforma judicial y acusaciones de sesgo ideológico que no tienen ningún fundamento”, comentó José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG. ¿Se queda solo el uribismo en su propuesta de una nueva Constitución?