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La administración de Iván Duque no cumplió los compromisos que asumió con las comunidades negras, afros, raizales y palenqueras (NARP) de Colombia. Así lo advirtió este viernes la Contraloría General, que hizo un seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (PND) del pasado Gobierno y los puntos que contemplaba para estas comunidades.
Según el reporte de esa entidad, en las bases del PND, el Gobierno Duque se había comprometido a que para junio de 2020 habría reglamentado la totalidad de la Ley 70 de 1993, norma fundamental que les reconoce a dichas comunidades sus derechos colectivos. Sin embargo, dijo la Contraloría, al cierre de la vigencia de su PND quedaron tres capítulos sin reglamentar.
Lo que no se reglamentó son los asuntos que obedecen al uso de la tierra y protección de los recursos naturales y el ambiente; los recursos mineros y la planeación y fomento del desarrollo económico.
“La Contraloría General de la República mantiene su preocupación por el hecho de que sigan sin reglamentarse capítulos importantes de la Ley 70 de 1993, lo que vulnera los derechos individuales y colectivos de las comunidades NARP del país”, se lee en el reporte que esa entidad emitió con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad (se celebra el próximo 21 de mayo) y del mes de la Herencia Africana.
Hitler Rouseau Chaverra Ovalle, contralor delegado para la Población Focalizada, explicó que de acuerdo a un estudio que realizaron en diciembre de 2020, iba en apenas el 5% el cumplimiento en la ejecución del presupuesto de $19 billones para los 239 acuerdos que se establecieron con esas comunidades.
“Encontramos que, con cierre a 31 de diciembre de 2022, en cuanto a gestión se había avanzado en un 81%, pero eso contrasta con la cifra de ese presupuesto de $19 billones, pues al momento del estudio (diciembre de 2020) solo se había llegado a un cumplimiento del 5%”, explicó el contralor delegado.
Por su parte, Carlos Hernán Rodríguez, contralor general, se pronunció sobre el incumplimiento: “Lo que hemos observado en la práctica es que el discurso y el tema presupuestal es muy bueno pero la realidad cuando vamos a mirar el impacto es completamente diferente”.
Por eso, sostuvo que la Contraloría debe hacer uso de sus facultades de control preventivo y poder contribuir en el diseño de una política consensuada que se convierta en una política de Estado en estos temas.