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Tras la decisión de cambiar el modelo de contratación pública para 2023 por orden del Gobierno, varios alcaldes de Colombia han hecho pública su preocupación y dudas sobre lo que propone la circular que empieza a regir desde el 1 de enero del próximo año. Según algunos mandatarios, esta decisión choca con algunas leyes vigentes. ¿Por qué?
La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) comentó que los alcaldes y alcaldesas del país tienen “preocupación sobre los lineamientos expuestos en la circular conjunta 100-005-2022 emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) con respecto al Plan de Formalización de Empleo Público”. Aunque apoyan la intención reformista del presidente, también encuentran algunas preguntas sin resolver.
Para Fedemunicipios, varias normativas en distintos Gobiernos los han obligado a reducir sus plantas de trabajo y esta los pondría en aprietos para cumplir lo dispuesto en la circular. De acuerdo con el documento de los alcaldes, “la gran mayoría de municipios (en especial 1.033 municipios de categorías 4, 5 y 6) no tienen los recursos para financiar los estudios de planta que la ley exige en estos casos”.
Adicionalmente, señala el documento, que en el hipotético caso de poder cumplir con los estudios que exige la circular, se vería igualmente frenados por la ley de garantías, que no les permite hacer cambios en la nómina en los cuatro meses previos a elecciones.
De acuerdo con Fedemunicipios, así lograran hacer los estudios, estos terminarían estando listos después de la veda de la ley de garantías, por lo que los cargos quedarían vacíos hasta después de los procesos electorales de octubre del próximo año.
Bajo estos argumentos, la agremiación de alcaldes le pidió al presidente que los efectos de la circular de formalización no se apliquen de inmediato sino que lo hagan en un tiempo prudencial.