Este es el despliegue militar y económico para evitar el terrorismo durante la COP

A 88 días de la COP16 a partir de este jueves, el evento más importante para Cali en los últimos 50 años y para el país durante la administración del gobierno de Gustavo Petro, la sede de la cumbre de sostenibilidad se va llenando de uniformados. Hace dos semanas, llegaron a la capital del Valle del Cauca 100 y se espera que el próximo mes lo hagan otros 500. De esta forma, se espera eventualmente la presencia de 4.000 policías que se sumarán a los más de 6.700 con los que ya cuenta la ciudad, para protegerla de posibles amenazas terroristas.

A 88 días de la COP16 a partir de este jueves, el evento más importante para Cali en los últimos 50 años y para el país durante la administración del gobierno de Gustavo Petro, la sede de la cumbre de sostenibilidad se va llenando de uniformados. Hace dos semanas, llegaron a la capital del Valle del Cauca 100 y se espera que el próximo mes lo hagan otros 500. De esta forma, se espera eventualmente la presencia de 4.000 policías que se sumarán a los más de 6.700 con los que ya cuenta la ciudad, para protegerla de posibles amenazas terroristas.

Aunque la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, coinciden en su discurso de que buscan la seguridad de la ciudad ‘antes, durante y después de la COP’, los atentados en los municipios aledaños a la capital del departamento continúan sin cesar.

Ejemplo de ello es la detonación de un artefacto explosivo cerca de la subestación de Policía de Robles, en Jamundí, un municipio ubicado a menos de una hora de Cali, este miércoles. Algunos vallecaucanos aseguran que el objetivo de las disidencias es erradicar por completo esa estación a punta de atentados y tomas hostiles.

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“Sí tenemos una grave preocupación”, le dijo el alcalde Eder a este diario sobre la situación en Jamundí. Blindar a Cali de los hostigamientos de los actores criminales implica hacerlo también con los municipios que componen el área metropolitana, como Jamundí, Palmira, Dagua y Candelaria.

Precisamente fue a la altura de Jamundí donde la camioneta en la que se movilizaba Sigifredo Márquez Trujillo, padre de la vicepresidenta Francia Márquez, recibió cuatro disparos hace poco más de un mes, mientras se movilizaba entre de Cauca y Valle del Cauca, una zona con alta presencia de grupos ilegales. Entre los límites de estos departamentos se ha conformado un nuevo enclave de cultivos de hoja de coca que cubren 1.436 hectáreas entre Timba, Jamundí y Buenos Aires, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Este martes, veinticuatro horas antes de que en Jamundí estallara el explosivo, en Tuluá, dos horas al norte de Cali, sujetos armados asesinaron al empresario Javier Soto Velasco e hirieron a su esposa, Diana María Rojas, quien también es comerciante y fue candidata al concejo de ese municipio. En este territorio la ola de violencia no ha dado tregua en lo que va del año. Tanto así que en abril se canceló la Feria de Tuluá, que debía desarrollarse entre el 7 y 11 de junio, por razones de orden público.

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En este contexto de escalada de violencia que vienen viviendo los municipios vallecaucanos, desde el Ministerio de Defensa, según documentación en poder de El Espectador, se aprobaron recursos por $56.658 millones de pesos para el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía, que deben securitizar las vías de acceso a la capital del Valle del Cauca de cara la COP, que tendrá lugar entre el 21 de octubre y 1 de noviembre de este año y con la que se espera la participación de entre 8.000 y 12.000 personas en el marco de las diferentes actividades que están programadas como parte de la conferencia.

Según explicaron fuentes de la Secretaria de Seguridad de Cali, además de los 4.000 policías, llegarán 1.600 soldados que estarán a cargo de los puntos de control en el sector de los farallones. Ya había indicado, además, William Castaño, director de Carabineros de la Policía, que se espera poder desarticular toda la estructura criminal que dinamiza la explotación ilícita de minerales en el parque natural.

En febrero de este año fue capturado alias ‘Zarco’, un hombre acusado de coordinar múltiples delitos ambientales en los Farallones. Según el Ministerio de Ambiente, antes de que esta entidad tomara medidas para recuperar este territorio, los grupos ilegales extraían 78.000 gramos de oro en este Parque Nacional Natural, lo que les generaba ingresos de aproximadamente $13.200 millones. Además, la Alcaldía de Cali también destaca datos como haber desmantelado 39 bandas criminales en los últimos seis meses y reducir el homicidio en un 17% entre enero y mayo de este año.

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La paulatina llegada de los uniformados, a pesar de que pretende generar un parte de tranquilidad, también ha suscitado preguntas en la población. “Aspectos de logística también preocupan, porque van a tener que aumentar el número de hombres de la Policía y el Ejército, ¿dónde los van a hospedar? Se ha visto que Cali no tiene infraestructura para hospedar”, dijo el senador vallecaucano de Cambio Radical Carlos Motoa.

Aunque la semana pasada el ministro de Defensa, Iván Velásquez, le dijo a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, que lo citó a debate de control político, que los detalles del servicio de Policía se encuentran en “fase de planeación”, este diario supo que ha habido ciertos avances en materia de hospedaje.

Este jueves, se entregará la estación de Policía del barrio El Diamante, adecuada para hospedar uniformados durante la COP16. Con una inversión de $400 millones, es la tercera instalación que la Secretaría de Seguridad de Cali pone en funcionamiento para recibir a los policías que reforzarán la seguridad. En algunas de las estaciones caben cerca de 60 miembros de la fuerza pública. Más allá de esto, las autoridades territoriales han afirmado que es inconveniente compartir algunos detalles del plan de seguridad, precisamente por el riesgo de que la información sea aprovechada por los grupos disidentes y demás actores ilegales.

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La semana pasada el alcalde de Cali se desplazó hasta Nueva York, donde le solicitó a la policía de esa ciudad asesoría para proteger a los caleños y a los visitantes “del terrorismo”. La idea es que los uniformados de ambas ciudades, al igual que la Policía Nacional colombiana, hagan intercambios de conocimientos técnicos y que vengan los expertos estadounidenses a partir de agosto.

Sin embargo, por esos días, la disidencia de alias Iván Mordisco publicó un mensaje: “La COP16 fracasará aunque militarice con gringos la ciudad. Señor Gustavo Petro, su discurso de protección de la naturaleza se derrumbará”. Tal es la alerta que, hace tres días, cuando la Cancillería y otros ministerios presentaron la agenda de la cumbre, el canciller Luis Gilberto Murillo y la vicepresidenta, Francia Márquez, le pidieron a “los grupos al margen de la ley en esas zonas que siguen promoviendo la violencia” que “den una señal al país y acuerden entre sí voluntariamente un cese el fuego de las hostilidades”.

Según el alcalde Eder, el tema de las amenazas a la seguridad no ha afectado la intención de que los extranjeros lleguen hasta su ciudad: 145 de casi 200 delegaciones posibles han confirmado su asistencia. Aunque hay quienes critican que ha faltado celeridad en la planeación de cara al foro internacional, el mandatario local explicó que hay que tener en cuenta que Colombia fue elegida como sede de la COP a penas en diciembre de 2023, luego de que Turquía retirara su postulación, y en febrero el gobierno Petro anunció que la cumbre se desarrollaría específicamente en Cali.

Sin embargo, el representante por el Valle del Cauca Duvalier Sánchez, quien desde el Congreso ha alertado sobre la situación en el departamento, reprocha que la fuerza pública no haya estado integrada a la organización del evento desde el día uno.

Aunque ni el mandatario de la ciudad ni la gobernadora Toro han desconocido la amenaza, también coinciden en que “la seguridad está garantizada”. Esta última compartió que los antidrones que protegerán el espacio aéreo de la capital del Valle ya fueron comprados y que llegarán en 20 días. “Hemos trabajado muchísimo para eso y estoy segura de que todo va a salir súper bien”, le dijo la gobernadora a El Espectador.

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