Corte Constitucional, último intento para evitar cambios a la Ley de Garantías

La modificación a la Ley de Garantías, aprobada esta semana en el Congreso en medio de la discusión del presupuesto de 2022, generó bastante controversia entre diferentes sectores. Como advirtieron muchas voces antes de que se realizara el debate, avalar las modificaciones iba a tener un mayor impacto en el tema electoral que en el objetivo de ese cambio: acelerar la reactivación económica que, en el caso de algunas regiones, está soportado en las obras de infraestructura que quedaron detenidas por el confinamiento o que ni siquiera se alcanzaron a poner en marcha.

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Pero las alertas no solo provienen de quienes votaron no a la modificación del artículo 38 de la Ley de Garantías, que prohibía expresamente la celebración de convenios interadministrativos cuatro meses antes de las elecciones. La Misión de Observación Electoral (MOE) se pronunció al respecto y subrayó que dicha medida tenía como propósito evitar un uso electoral de esos recursos con el fin de beneficiar a determinados candidatos o partidos políticos.

Por tanto la modificación, para la MOE, abre la posibilidad de que haya “riesgos de corrupción administrativa”. El temor del organismo es que se usen recursos públicos para fortalecer el proselitismo en las elecciones del próximo año. Además de eso, al ser una ley estatutaria y englobar temas de transparencia y equilibrio electoral, para la MOE no puede modificarse mediante una ley ordinaria, así que solicitó que los cambios sean revisados por la Corte Constitucional. A ese argumento se ciñeron los congresistas que anunciaron demandas ante el alto tribunal.

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“Es indispensable que la modificación sea analizada por el alto tribunal previo a su vigencia, pues es necesario generar un control ante una medida como la adoptada, y a su vez garantizar que la actuación de los distintos poderes se dé en el marco de la Constitución”, aseguró Alejandra Barrios, directora de la MOE. Por su parte, para Marlon Pabón, coordinador de Administración Pública y Transparencia de la entidad, “resulta totalmente inconveniente y peligroso para la democracia que se modifiquen las reglas de transparencia”, teniendo en cuenta que el clientelismo y la corrupción son dos de los grandes problemas de los comicios en el país.

Además de la MOE, congresistas de diversas tendencias políticas coincidieron en que es inconstitucional modificar una ley estatutaria a través de una norma de inferior categoría y anticiparon demandas ante la Corte Constitucional. El senador Rodrigo Lara (Cambio Radical) aseguró que lo aprobado por el Congreso “abre todas las compuertas de la corrupción electoral en estas elecciones y lo hacen con el único fin de favorecer e impulsar a sus candidatos presidenciales”. El también precandidato presidencial por el Nuevo Liberalismo anunció que presentará demanda en la corte constitucional apenas la modificación sea sancionada por el presidente Iván Duque.

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“El gobierno lamentablemente será recordado en la historia por este hito infame, porque además lo hizo de manera abiertamente ilegal a través de una norma de inferior categoría, que es el presupuesto, suspende una de superior categoría que es una ley estatutaria”, agregó Lara. Entre tanto, Roy Barreras (Pacto Histórico) indicó que su demanda la presentará porque lo aprobado “viola la unidad de materia y contradice varias sentencias de la Corte que ordenan no incluir asuntos ajenos a la ley de presupuesto”.

Armando Benedetti, también hoy en el Pacto Histórico, tildó el cambio a la Ley de Garantías como una “legalización de la compra de votos desde las alcaldías y las gobernaciones” y le solicitó a la Corte Constitucional realizar un “control previo de constitucionalidad” al proyecto de presupuesto aprobado esta semana.

Y para el líder de dicha colectividad, Gustavo Petro, “cualquier aplicación del levantamiento de la ley de garantías sería ilegal. Al ser una norma estatutaria debe ir a control previo de la Corte Constitucional, si lo aplican sin este tramite, los funcionarios estarán prevaricando”.

El senador Iván Cepeda (Polo) fue otro de los que manifestó su inconformismo con la modificación de la ley, hecha bajo ”el pretexto” de acelerar la reactivación económica del país. “Las rapaces mayorías gobiernistas suspendieron la ley que evita que la contratación estatal sea botín en época electoral. Esa decisión es ilegal e inconstitucional y por eso anuncio que la demandaremos ante la Corte Constitucional”, indicó Cepeda, mientras que su copartidario en la Cámara, Germán Navas Talero, coincidió con Petro en que habría un delito de prevaricato y, como sus colegas, recalcó que no se puede derogar una ley estatutaria con una ordinaria.

El tema es de tal relevancia que incluso Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, opinó sobre la modificación aseverando que “permitirá que el Gobierno asigne discrecionalmente recursos del presupuesto a gobernadores y alcaldes durante el proceso electoral. No parece una buena señal. Ojalá la Corte Constitucional haga rápidamente un control previo del artículo”. En días anteriores, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, también dijo que no era conveniente hacer cambios a la ley en plena campaña electoral y alertó que “hay grandes dudas sobre la pertinencia de hacerlo a través del mecanismo escogido”.

La modificación a la Ley de Garantías, aprobada esta semana en el Congreso en medio de la discusión del presupuesto de 2022, generó bastante controversia entre diferentes sectores. Como advirtieron muchas voces antes de que se realizara el debate, avalar las modificaciones iba a tener un mayor impacto en el tema electoral que en el objetivo de ese cambio: acelerar la reactivación económica que, en el caso de algunas regiones, está soportado en las obras de infraestructura que quedaron detenidas por el confinamiento o que ni siquiera se alcanzaron a poner en marcha.

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Pero las alertas no solo provienen de quienes votaron no a la modificación del artículo 38 de la Ley de Garantías, que prohibía expresamente la celebración de convenios interadministrativos cuatro meses antes de las elecciones. La Misión de Observación Electoral (MOE) se pronunció al respecto y subrayó que dicha medida tenía como propósito evitar un uso electoral de esos recursos con el fin de beneficiar a determinados candidatos o partidos políticos.

Por tanto la modificación, para la MOE, abre la posibilidad de que haya “riesgos de corrupción administrativa”. El temor del organismo es que se usen recursos públicos para fortalecer el proselitismo en las elecciones del próximo año. Además de eso, al ser una ley estatutaria y englobar temas de transparencia y equilibrio electoral, para la MOE no puede modificarse mediante una ley ordinaria, así que solicitó que los cambios sean revisados por la Corte Constitucional. A ese argumento se ciñeron los congresistas que anunciaron demandas ante el alto tribunal.

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“Es indispensable que la modificación sea analizada por el alto tribunal previo a su vigencia, pues es necesario generar un control ante una medida como la adoptada, y a su vez garantizar que la actuación de los distintos poderes se dé en el marco de la Constitución”, aseguró Alejandra Barrios, directora de la MOE. Por su parte, para Marlon Pabón, coordinador de Administración Pública y Transparencia de la entidad, “resulta totalmente inconveniente y peligroso para la democracia que se modifiquen las reglas de transparencia”, teniendo en cuenta que el clientelismo y la corrupción son dos de los grandes problemas de los comicios en el país.

Además de la MOE, congresistas de diversas tendencias políticas coincidieron en que es inconstitucional modificar una ley estatutaria a través de una norma de inferior categoría y anticiparon demandas ante la Corte Constitucional. El senador Rodrigo Lara (Cambio Radical) aseguró que lo aprobado por el Congreso “abre todas las compuertas de la corrupción electoral en estas elecciones y lo hacen con el único fin de favorecer e impulsar a sus candidatos presidenciales”. El también precandidato presidencial por el Nuevo Liberalismo anunció que presentará demanda en la corte constitucional apenas la modificación sea sancionada por el presidente Iván Duque.

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“El gobierno lamentablemente será recordado en la historia por este hito infame, porque además lo hizo de manera abiertamente ilegal a través de una norma de inferior categoría, que es el presupuesto, suspende una de superior categoría que es una ley estatutaria”, agregó Lara. Entre tanto, Roy Barreras (Pacto Histórico) indicó que su demanda la presentará porque lo aprobado “viola la unidad de materia y contradice varias sentencias de la Corte que ordenan no incluir asuntos ajenos a la ley de presupuesto”.

Armando Benedetti, también hoy en el Pacto Histórico, tildó el cambio a la Ley de Garantías como una “legalización de la compra de votos desde las alcaldías y las gobernaciones” y le solicitó a la Corte Constitucional realizar un “control previo de constitucionalidad” al proyecto de presupuesto aprobado esta semana.

Y para el líder de dicha colectividad, Gustavo Petro, “cualquier aplicación del levantamiento de la ley de garantías sería ilegal. Al ser una norma estatutaria debe ir a control previo de la Corte Constitucional, si lo aplican sin este tramite, los funcionarios estarán prevaricando”.

El senador Iván Cepeda (Polo) fue otro de los que manifestó su inconformismo con la modificación de la ley, hecha bajo ”el pretexto” de acelerar la reactivación económica del país. “Las rapaces mayorías gobiernistas suspendieron la ley que evita que la contratación estatal sea botín en época electoral. Esa decisión es ilegal e inconstitucional y por eso anuncio que la demandaremos ante la Corte Constitucional”, indicó Cepeda, mientras que su copartidario en la Cámara, Germán Navas Talero, coincidió con Petro en que habría un delito de prevaricato y, como sus colegas, recalcó que no se puede derogar una ley estatutaria con una ordinaria.

El tema es de tal relevancia que incluso Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, opinó sobre la modificación aseverando que “permitirá que el Gobierno asigne discrecionalmente recursos del presupuesto a gobernadores y alcaldes durante el proceso electoral. No parece una buena señal. Ojalá la Corte Constitucional haga rápidamente un control previo del artículo”. En días anteriores, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, también dijo que no era conveniente hacer cambios a la ley en plena campaña electoral y alertó que “hay grandes dudas sobre la pertinencia de hacerlo a través del mecanismo escogido”.