Corte Penal Internacional no será obstáculo para la paz

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La Universidad del Rosario, en Bogotá, alojó ayer el debate sobre el papel de la Corte Penal Internacional (CPI) con ocasión de los diálogos de paz en Colombia. Al encuentro  asistieron James Stewart, vicefiscal de la CPI; Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno; el fiscal Eduardo Montealegre y el procurador Alejandro Ordóñez, además de un grupo de expertos en la materia. La principal conclusión fue que la justicia internacional no será un obstáculo para alcanzar la paz, pero con la advertencia de que los crímenes al Derecho Internacional Humanitario (DIH), los de lesa humanidad y el genocidio tienen que ser investigados y los máximos responsables  asumir sus responsabilidades.

 

Así lo dio a entender Stewart al señalar  que si la CPI determina que las autoridades locales han adelantado actuaciones genuinas contra quienes han cometido graves delitos no tendrá motivos para actuar. “En Colombia, la fiscal apoya plenamente los esfuerzos por terminar con el conflicto armado que ha causado tanto sufrimiento y por hacerlo de conformidad con los principios del Estatuto de Roma. Estos principios reflejan el consenso de la comunidad internacional respecto del rol esencial que la justicia cumple en la creación de una paz, estabilidad y seguridad sostenibles”, dijo.

 

El vicefiscal recordó que la CPI tiene abierta una investigación preliminar por las graves violaciones cometidas en el país por las guerrillas, los paramilitares y la Fuerza Pública. “El informe de 2012 aclaró que nuestro foco principal incluía los crímenes de carácter sexual, los traslados forzosos de población civil y los asesinatos escenificados para parecer muertes en combate, comúnmente llamados falsos positivos, así como las acciones relativas al apoyo a los grupos paramilitares”, agregó.

 

Al final, Stewart señaló que la Corte aceptaría penas alternativas: “Las sanciones penales efectivas pueden adoptar distintas formas. Sin embargo, deben satisfacer objetivos adecuados vinculados a la pena, como la condena pública de la conducta criminal, el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y la disuasión de conductas criminales ulteriores”. Y agregó que estas penas serían aceptadas si el condenado acepta la responsabilidad penal, cumple con el desarme y desmovilización, brinda garantías de no repetición, contribuye a la construcción de la verdad y se tenga una posible prohibición a participar en asuntos públicos de manera provisional.

 

La posición fue compartida por el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, quien fue enfático en que los derechos de las víctimas son la piedra angular de las negociaciones, y explicó que no se trata de que las Farc sean los únicos victimarios. “Estamos trabajando en un modelo de justicia transicional para los uniformados. No estamos olvidando la responsabilidad nuestra. No estamos pidiendo condena a las Farc e impunidad para los agentes de Estado. Estamos trabajando en decisiones de carácter simétricas”, refirió. 

 

Por su parte, el fiscal Eduardo Montealegre defendió la idea de que la pena privativa de la libertad no es un indicador de justicia y que la alternatividad es una opción que permitirá una salida jurídica al conflicto.  “En aras de la consecución de la paz es posible relativizar y restringir el alcance de investigar y juzgar las graves violaciones a los derechos humanos”, explicó Montealegre, para quien el interés por la justicia debe ponderarse con el interés de la paz. “Circunscribir al interés de la justicia y no tener en cuenta el de la paz es hacer una interpretación fragmentaria del Estatuto de Roma”, puntualizó el jefe del ente acusador, quien concluyó que “existe un ámbito de discrecionalidad de los Estados para la instauración de la pena, según el propio Estatuto de Roma”.

 

Por su parte, el procurador Alejandro Ordóñez propuso seis mínimos de la justicia transicional. Afirmó que la obligación del Estado incluye investigar, sancionar y hacer efectiva la pena. Lo segundo es que es necesario que esta sea proporcional a la gravedad de los delitos. “Una pena grosera o inadecuada invalidaría el proceso”, dijo. El tercer mínimo de Ordóñez consiste en que “para graves violaciones del DIH la pena debe ser encarcelamiento”. El cuarto es que la cárcel debe cumplirse con estándares internacionales, es decir, en establecimiento carcelario sin regímenes especiales. “El quinto mínimo es que no procede la suspensión total de la ejecución de la pena”, subrayó, explicando que para ello el condenado tendrá que haber pagado las dos terceras partes de la pena. Finalmente  enfatizó que los máximos responsables de delitos atroces no pueden participar en política. “Se ha dicho que el narcotráfico sería conexo con el delito político. Las cosas hay que ponerlas al derecho. Para el Ministerio Público, ese es un delito conexo, pero con los delitos de lesa humanidad”, concluyó Ordóñez.

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La Universidad del Rosario, en Bogotá, alojó ayer el debate sobre el papel de la Corte Penal Internacional (CPI) con ocasión de los diálogos de paz en Colombia. Al encuentro  asistieron James Stewart, vicefiscal de la CPI; Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno; el fiscal Eduardo Montealegre y el procurador Alejandro Ordóñez, además de un grupo de expertos en la materia. La principal conclusión fue que la justicia internacional no será un obstáculo para alcanzar la paz, pero con la advertencia de que los crímenes al Derecho Internacional Humanitario (DIH), los de lesa humanidad y el genocidio tienen que ser investigados y los máximos responsables  asumir sus responsabilidades.

 

Así lo dio a entender Stewart al señalar  que si la CPI determina que las autoridades locales han adelantado actuaciones genuinas contra quienes han cometido graves delitos no tendrá motivos para actuar. “En Colombia, la fiscal apoya plenamente los esfuerzos por terminar con el conflicto armado que ha causado tanto sufrimiento y por hacerlo de conformidad con los principios del Estatuto de Roma. Estos principios reflejan el consenso de la comunidad internacional respecto del rol esencial que la justicia cumple en la creación de una paz, estabilidad y seguridad sostenibles”, dijo.

 

El vicefiscal recordó que la CPI tiene abierta una investigación preliminar por las graves violaciones cometidas en el país por las guerrillas, los paramilitares y la Fuerza Pública. “El informe de 2012 aclaró que nuestro foco principal incluía los crímenes de carácter sexual, los traslados forzosos de población civil y los asesinatos escenificados para parecer muertes en combate, comúnmente llamados falsos positivos, así como las acciones relativas al apoyo a los grupos paramilitares”, agregó.

 

Al final, Stewart señaló que la Corte aceptaría penas alternativas: “Las sanciones penales efectivas pueden adoptar distintas formas. Sin embargo, deben satisfacer objetivos adecuados vinculados a la pena, como la condena pública de la conducta criminal, el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y la disuasión de conductas criminales ulteriores”. Y agregó que estas penas serían aceptadas si el condenado acepta la responsabilidad penal, cumple con el desarme y desmovilización, brinda garantías de no repetición, contribuye a la construcción de la verdad y se tenga una posible prohibición a participar en asuntos públicos de manera provisional.

 

La posición fue compartida por el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, quien fue enfático en que los derechos de las víctimas son la piedra angular de las negociaciones, y explicó que no se trata de que las Farc sean los únicos victimarios. “Estamos trabajando en un modelo de justicia transicional para los uniformados. No estamos olvidando la responsabilidad nuestra. No estamos pidiendo condena a las Farc e impunidad para los agentes de Estado. Estamos trabajando en decisiones de carácter simétricas”, refirió. 

 

Por su parte, el fiscal Eduardo Montealegre defendió la idea de que la pena privativa de la libertad no es un indicador de justicia y que la alternatividad es una opción que permitirá una salida jurídica al conflicto.  “En aras de la consecución de la paz es posible relativizar y restringir el alcance de investigar y juzgar las graves violaciones a los derechos humanos”, explicó Montealegre, para quien el interés por la justicia debe ponderarse con el interés de la paz. “Circunscribir al interés de la justicia y no tener en cuenta el de la paz es hacer una interpretación fragmentaria del Estatuto de Roma”, puntualizó el jefe del ente acusador, quien concluyó que “existe un ámbito de discrecionalidad de los Estados para la instauración de la pena, según el propio Estatuto de Roma”.

 

Por su parte, el procurador Alejandro Ordóñez propuso seis mínimos de la justicia transicional. Afirmó que la obligación del Estado incluye investigar, sancionar y hacer efectiva la pena. Lo segundo es que es necesario que esta sea proporcional a la gravedad de los delitos. “Una pena grosera o inadecuada invalidaría el proceso”, dijo. El tercer mínimo de Ordóñez consiste en que “para graves violaciones del DIH la pena debe ser encarcelamiento”. El cuarto es que la cárcel debe cumplirse con estándares internacionales, es decir, en establecimiento carcelario sin regímenes especiales. “El quinto mínimo es que no procede la suspensión total de la ejecución de la pena”, subrayó, explicando que para ello el condenado tendrá que haber pagado las dos terceras partes de la pena. Finalmente  enfatizó que los máximos responsables de delitos atroces no pueden participar en política. “Se ha dicho que el narcotráfico sería conexo con el delito político. Las cosas hay que ponerlas al derecho. Para el Ministerio Público, ese es un delito conexo, pero con los delitos de lesa humanidad”, concluyó Ordóñez.