Crece escándalo por dineros para la paz
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, reveló que se tienen 80.000 registros telefónicos con los que se comprobaría de qué manera funcionaba la red de corrupción que pretendía apoderarse de los fondos para la paz.
-Redacción Política
“No venimos de manera vergonzante a defender el Acuerdo de Paz”. Con esas palabras llegó ayer al recinto de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el ministro del Interior, Guillermo Rivera, sin pensar que a pocos metros de donde se encontraba sentado, el fiscal general Néstor Humberto Martínez soltaría una “bomba” aún más grande que, de alguna manera, puede terminar perjudicando la credibilidad en lo pactado en La Habana con las Farc.
Se trataba de un debate de control político organizado por el Centro Democrático y que, al final, terminó siendo opacado por las revelaciones de jefe del ente acusador, quien sacó a la luz pública nuevos episodios que revelarían cómo operaba la red de corrupción que intentó apoderarse de los recursos para implementar los compromisos adquiridos entre el Estado y la hoy exguerrilla.
Lo primero que anunció Martínez es que a finales de este mes, Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez y protagonista del más reciente escándalo de corrupción y narcotráfico, rendirá una declaración ante los estrados judiciales de Estados Unidos con la que promete salpicar a varios funcionarios del Estado en este vergonzoso episodio. A partir de allí vendrá una avalancha de imputaciones y responsabilidades penales para llevar a la cárcel, según dijo, a los involucrados en los contratos que “a dedo” se intentaron asignar.
Pero, ¿qué exactamente reveló Martínez? Dijo tener en su poder 80.000 registros telefónicos con los que se comprobaría de qué manera funcionaba esta red. En total, eran 12 y no 9 los intermediarios dedicados a conseguir contrapartes para la contratación de recursos del posconflicto (beneficios económicos, coimas y sobornos), a través de información privilegiada que tenían sobre cómo iban a asignarse los contratos.
“Marín dice que él cobraba el 5 % de los proyectos productivos y no el 12 o 13 %, como es propio de los políticos tradicionales. Ese testimonio lo conocerá en su momento el país en las audiencias de imputación respectivas”, dijo el fiscal. Confirmó, además, que esta red conocía los departamentos y municipios exactos en donde se iban a llevar a cabo los proyectos y ello le permitió consolidar relaciones con gobernadores, alcaldes y contratistas de las regiones para sacar provecho de los futuros contratos. Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, La Guajira, Guaviare, Meta, Nariño, Putumayo, Santander, Tolima y Vaupés son algunos de ellos.
“Una segunda fase de investigación tiene que ver con las llamadas Zomac (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado). Este entramado de intermediarios se encargaba de conseguir proyectos y buscaban coimas del 5 %, el 10 % y el 12 %”, dijo Martínez. Peor aún, agregó que la corrupción llegó hasta el Departamento Nacional de Planeación, donde se identificaron seis contratos “que habrían logrado concluir su gestión criminal y funcionarios habrían recibido recursos”. Y, adicionalmente, se identificaron 22 empresas a través de las cuales se estarían ejecutando los proyectos “en el entramado de corrupción que se ha montado”.
“No podemos terminar siendo veedores de una de las más grande defraudaciones que se han montado por parte de esta estructura delictiva. Habrá responsabilidades penales para cada uno de los implicados en lo que, de lejos, hubiera sido un caso de corrupción que no se reeditará en los próximos siglos en Colombia”: concluyó Néstor Humberto Martínez.
El Gobierno, no obstante, entregó en detalle la forma en la que se han ejecutado los recursos de los fondos para la paz, incluido el Fondo Colombia Sostenible —que es el que está en el ojo del huracán— y señaló que a raíz de las investigaciones ya fueron despedidos cuatro funcionarios, cuyos nombres se reservan, pero que ya reposan en manos de la Fiscalía.
Finalmente, a raíz de la polémica renuncia de Néstor Raúl Correa a la Secretaría General de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), éste argumentó que había dimitido del cargo porque nunca estuvo de acuerdo con la forma estructural en la que se conformó el sistema en sí. “Propuse otra cosa, pero al final perdí. Quedó un modelo ordinario para una justicia extraordinaria que repite las falencias de las Rama Judicial y por eso renuncié. No es cierto que sea por investigaciones de corrupción. Cuando no hay condiciones para trabajar, me voy. Pero yo he actuado con total transparencia”, concluyó.
“No venimos de manera vergonzante a defender el Acuerdo de Paz”. Con esas palabras llegó ayer al recinto de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el ministro del Interior, Guillermo Rivera, sin pensar que a pocos metros de donde se encontraba sentado, el fiscal general Néstor Humberto Martínez soltaría una “bomba” aún más grande que, de alguna manera, puede terminar perjudicando la credibilidad en lo pactado en La Habana con las Farc.
Se trataba de un debate de control político organizado por el Centro Democrático y que, al final, terminó siendo opacado por las revelaciones de jefe del ente acusador, quien sacó a la luz pública nuevos episodios que revelarían cómo operaba la red de corrupción que intentó apoderarse de los recursos para implementar los compromisos adquiridos entre el Estado y la hoy exguerrilla.
Lo primero que anunció Martínez es que a finales de este mes, Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez y protagonista del más reciente escándalo de corrupción y narcotráfico, rendirá una declaración ante los estrados judiciales de Estados Unidos con la que promete salpicar a varios funcionarios del Estado en este vergonzoso episodio. A partir de allí vendrá una avalancha de imputaciones y responsabilidades penales para llevar a la cárcel, según dijo, a los involucrados en los contratos que “a dedo” se intentaron asignar.
Pero, ¿qué exactamente reveló Martínez? Dijo tener en su poder 80.000 registros telefónicos con los que se comprobaría de qué manera funcionaba esta red. En total, eran 12 y no 9 los intermediarios dedicados a conseguir contrapartes para la contratación de recursos del posconflicto (beneficios económicos, coimas y sobornos), a través de información privilegiada que tenían sobre cómo iban a asignarse los contratos.
“Marín dice que él cobraba el 5 % de los proyectos productivos y no el 12 o 13 %, como es propio de los políticos tradicionales. Ese testimonio lo conocerá en su momento el país en las audiencias de imputación respectivas”, dijo el fiscal. Confirmó, además, que esta red conocía los departamentos y municipios exactos en donde se iban a llevar a cabo los proyectos y ello le permitió consolidar relaciones con gobernadores, alcaldes y contratistas de las regiones para sacar provecho de los futuros contratos. Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, La Guajira, Guaviare, Meta, Nariño, Putumayo, Santander, Tolima y Vaupés son algunos de ellos.
“Una segunda fase de investigación tiene que ver con las llamadas Zomac (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado). Este entramado de intermediarios se encargaba de conseguir proyectos y buscaban coimas del 5 %, el 10 % y el 12 %”, dijo Martínez. Peor aún, agregó que la corrupción llegó hasta el Departamento Nacional de Planeación, donde se identificaron seis contratos “que habrían logrado concluir su gestión criminal y funcionarios habrían recibido recursos”. Y, adicionalmente, se identificaron 22 empresas a través de las cuales se estarían ejecutando los proyectos “en el entramado de corrupción que se ha montado”.
“No podemos terminar siendo veedores de una de las más grande defraudaciones que se han montado por parte de esta estructura delictiva. Habrá responsabilidades penales para cada uno de los implicados en lo que, de lejos, hubiera sido un caso de corrupción que no se reeditará en los próximos siglos en Colombia”: concluyó Néstor Humberto Martínez.
El Gobierno, no obstante, entregó en detalle la forma en la que se han ejecutado los recursos de los fondos para la paz, incluido el Fondo Colombia Sostenible —que es el que está en el ojo del huracán— y señaló que a raíz de las investigaciones ya fueron despedidos cuatro funcionarios, cuyos nombres se reservan, pero que ya reposan en manos de la Fiscalía.
Finalmente, a raíz de la polémica renuncia de Néstor Raúl Correa a la Secretaría General de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), éste argumentó que había dimitido del cargo porque nunca estuvo de acuerdo con la forma estructural en la que se conformó el sistema en sí. “Propuse otra cosa, pero al final perdí. Quedó un modelo ordinario para una justicia extraordinaria que repite las falencias de las Rama Judicial y por eso renuncié. No es cierto que sea por investigaciones de corrupción. Cuando no hay condiciones para trabajar, me voy. Pero yo he actuado con total transparencia”, concluyó.