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“Una vez vide una lora
y esa lora me decía:
¿tuavía los siguen jodiendo?
Yo le dije que tuavía.
Antón la lora me dijo:
¿Pa que se dejan joder?
Si se juntan pa peliala
naiden los va a detener”.
Con estos versos comienza “La Lora Proletaria”, una de las primeras canciones de Jorge Velosa en la Universidad Nacional, y en parte resumen de la lucha campesina en Colombia. Junto a otras canciones como “A desalambrar” o “El Turbión”, era entonada mientras los miembros de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) realizaban jornadas de recuperación de tierras. Cientos de campesinos, durante la década de los 70, ocuparon baldíos del Estado o latifundios improductivos con el argumento de ponerlos a producir. Algunos les fueron titulados a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), en otras partes fueron sacados a sangre y fuego.
La ANUC ha sido considerado el movimiento campesino más importante en la historia del país. Así lo definieron desde el recordado sociólogo Orlando Fals Borda hasta el historiador Álvaro Tirado Mejía. Este último incluso recuerda que ese movimiento “aglutinó a miles de campesinos” y que sus acciones fueron multitudinarias. Paradójicamente, no nacieron por iniciativa campesina y sus raíces se afincan en la reforma agraria impulsada por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo en los años 60. Un mandato que pasó a la historia por la modernización del aparato estatal y también por el intento de impulsar la industria y el campo atendiendo los postulados de la CEPAL.
Durante su vida pública, Lleras Restrepo tuvo claro que la cuestión agraria debía ser uno de los ejes de su accionar político, anotó Tirado Mejía. Por eso, desde que fue secretario de Cundinamarca, en la década de los años 30, se preocupó por los campesinos de la región del Sumapaz. Más adelante, en la década de los 60, fue uno de los promotores y ejecutores de la ley 135 de 1961, pináculo de la reforma agraria liderada por el gobierno de Alberto Lleras Camargo. Esta legislación fue la que después dio origen al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), entidad que sirvió para promover la recuperación de baldíos de la nación y de grandes latifundios para redistribuirlos a los campesinos, en aplicación de políticas para fortalecer las áreas rurales de Colombia.
Esos primeros intentos de reforma agraria en los años 60 se apagaron durante el gobierno conservador de Guillermo León Valencia (1962-1966). Pero revivieron con la llegada al poder de Carlos Lleras Restrepo en 1966. Además del impulso reformista, a través del decreto 755 de mayo de 1967 y de la resolución 061 de 1968, el mandatario dio respaldo a la gestión que había comenzado en el gobierno de Lleras Camargo para la redistribución de la tierra en el país y, de paso, le dio aval a la creación de la ANUC. Consciente de que, ante el férreo poder económico del latifundista, una reforma agraria era imposible, Lleras Restrepo consideró que era necesario aliarse al poder campesino y congregarlo en una sola organización y así hacer frente a los intentos contrareformistas.
La ANUC comenzó a tomar forma hacia 1967 para “inscribir a arrendatarios y aparceros para hacerlos propietarios, generar propuestas de crédito supervisado, y convertirse en un canal entre campesinos y Estado para el fomento y utilización de los servicios que brindaba al agro colombiano”. El trabajo de la Asociación se inició principalmente en las sábanas de lo que un año después sería el departamento de Sucre y en el Valle del Cauca. El proyecto fue impulsado por antiguos movimientos campesinos, sindicatos y las iglesias católica y protestante. Con asesoría del Ministerio de Agricultura, se fueron montando los comités veredales y las asociaciones municipales de la ANUC. En principio su alcance solo fue regional, ante la falta de articulación nacional.
Además del proceso de enseñanza, los primeros pasos de la ANUC fueron para diagnosticar la situación del campo. Entonces se encontró que la violencia había afectado de gran manera al campesinado y que pocos eran propietarios. La mayoría de la población era aparcera, arrendataria o no tenía dónde cultivar. Muchos habían sido expulsados de las haciendas donde trabajaban ante el temor de que el Incora llegara y les comprara a bajos precios la tierra para entregarla al campesinado. En ese difícil panorama, la ANUC, con beneplácito del Gobierno, pasó a la ocupación de predios, estrategia que prosperó durante los primeros años. Los miembros de la Asociación invadían un baldío o un latifundio y después el Incora hacía el trámite para escriturarlo.
En 1970, después del escándalo de las elecciones presidenciales del 19 de abril que dejaron dudas sobre la victoria de Misael Pastrana, el gobierno Lleras necesitaba darle un último impulso a la reforma agraria, por lo que convocó al primer Congreso Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia. Ese encuentro se llevó a cabo el 7 de julio de 1970 en el Capitolio Nacional y desde entonces se tomó como la fecha fundacional de la ANUC, pues fue en este evento donde la organización tomó connotación nacional. Allí se nombró la primera junta directiva y se conocieron los dirigentes del primer comité ejecutivo. Entre esos líderes campesinos estuvieron, entre otros, Carlos Ancizar Rico, Jaime Vásquez, Leonel Aguirre Valencia y Francisco Barrios.
Este último tomó la vocería del movimiento campesino para celebrar los esfuerzos del Gobierno y su discurso pasó a la posteridad por sentar las bases de la acción de la ANUC: “el movimiento de organización campesina es ya una realidad nacional que nada ni nadie podrá detener. Hace cuatro años, cuando este movimiento se ideó, nadie pensaba que fuera posible. Hoy podemos afirmar, con certeza, que los campesinos organizados hemos entrado a ocupar el sitio que nos corresponde en nuestro país”. Sin embargo, sobre este discurso, hay versiones de que el primer mandatario quedó tan consternado por su tinte de izquierda que, a pesar de ser impulsor de la ANUC, advirtió después el peligro de que esas ideas prosperaran dentro del movimiento.
Lastimosamente, el apoyo que la ANUC había recibido desde los entes gubernamentales cambió radicalmente cuando Carlos Lleras dejó el poder. Aunque Misael Pastrana llegó con el apoyo de su antecesor, e incluso fue su ministro de gobierno, su interés por la reforma agraria fue mínimo e incluso deshizo buena parte de las reformas. “Pastrana fue el enterrador de las esperanzas del campesinado”, señala Alfonso Cuéllar, miembro del Incora para la época y uno de los principales gestores de la ANUC, al describir la relación que tuvo el mandatario conservador con la causa campesina. Primero restringió la participación de la ANUC en las juntas a las que por ley tenía representación y luego buscó cómo ejercer control para frenar el crecimiento de la izquierda en el movimiento campesino.
Las respuestas de la Asociación de Usuarios fueron a través de multitudinarias marchas y la recuperación de tierras en varias regiones del país, siendo la más importante la del 21 de febrero de 1971. En esa fecha, más de 15.000 familias relacionadas con la ANUC de forma coordinada se tomaron 1.250 haciendas, latifundios y baldíos no productivos. “Fueron más de 2 millones de hectáreas en la costa y los llanos. Se recuperaron los baldíos y las tierras robadas por los terratenientes para hacer latifundios”. Así describe Heladio Moreno, tesorero de la Asociación por casi una década, lo que hoy califica como una de las grandes gestas de la organización campesina. Según Moreno, la respuesta del gobierno no se hizo esperar: “los encendieron a garrote”.
Las invasiones fueron duramente condenadas por el presidente Pastrana que, en respaldo a los gremios de la producción, dejó claro que “serían severamente reprimidas y que no habría adjudicación de títulos” para quienes tomaran tierras por la fuerza. Esta posición fue reforzada a principios de 1972 en una reunión en Chicoral (Tolima) entre el Gobierno y los terratenientes, líderes gremiales y representantes de los partidos tradicionales, con excepción de los liberales lleristas. “El pacto de Chicoral desmontó la reforma agraria de Lleras”, señala Cuéllar al resumir lo que significó ese encuentro. En este municipio de Tolima se pactó el pago de impuestos en vez de redistribuir los grandes predios y se estableció que los baldíos a entregar serían en regiones remotas por colonizar.
Sin mayores vínculos con el Gobierno, la ANUC abandonó toda forma de representación ante el Ministerio de Agricultura y, según observadores de su evolución, les dio mayor cabida a los movimientos de izquierda en su interior. Además, un sector del mismo, aunque minoritario, entró a comulgar directamente con las ideas del Ejecutivo. Fue esta circunstancia la que precipitó el cisma definitivo de la ANUC. A mediados de 1972, la línea gobiernista convocó a un segundo Congreso en Armenia, mientras que la línea mayoritaria convocó a un evento paralelo, pero en Sincelejo. Ambos congresos campesinos se realizaron, siendo el de Sucre el más multitudinario. Sin embargo, desde entonces, la Asociación de Usuarios Campesinos quedó dividida entre los gobiernistas de la línea Armenia y la línea opositora Sincelejo.
Sin representación campesina, la primera organización perdió relevancia, mientras que la segunda se fortaleció, pero desde la resistencia, sobre todo a través de su premisa “la tierra pa’ el que la trabaja”. El movimiento se abrió a diferentes corrientes políticas, se nutrió del respaldo teórico de sociólogos y pensadores como Estanislao Zuleta y Orlando Fals Borda. Pero después se sumaron diversas facciones de izquierda más contestatarias y se desató una lucha interna por la toma del poder. “Eso no era problema de los campesinos, pero en adelante la vida de la ANUC estuvo marcada por las peleas entre diversas tendencias ideológicas”, contó a este diario Marcelino Chacón, miembro de la ANUC, que aseguró que esos choques debilitaron al exceso la organización.
Las disputas entre maoístas, comunistas soviéticos o nacionalistas escaló hasta el tercer Congreso, llevado a cabo en 1974 en Bogotá. Este evento demostró la grandeza, pero, al mismo tiempo, la fragilidad del movimiento. Más de 40.000 campesinos llegaron hasta la capital e hicieron parte de varias marchas. “El Tercer Congreso fue la expresión del movimiento más grande del país”, contó Chacón. Sin embargo, el baño de masas pasó a choques entre las diferentes facciones, incluso los “anarquistas cogieron a garrote a la guardia campesina”, contó Heladio Moreno, que calificó esa convocatoria como “improductiva” pues no se pudo avanzar en la agenda de la Asociación y se llegó a tildar de infiltrado de la CIA a Fals Borda por su propuesta de crear un partido campesino.
Mientras las luchas intestinas impidieron el desarrollo del movimiento campesino, las recuperaciones de tierras se hicieron cada vez más difíciles. Los terratenientes contrataron bandas privadas, conocidas como “Pájaros”, para proteger sus haciendas mientras la acción del Ejército se hizo cada vez más férrea. Sobre este momento, Moreno recordó: “La gente se metía a las haciendas. Al otro día llegaba los militares y metían a 400 campesinos a la cárcel. Las mujeres seguían trabajando y buscaban abogados para sacarlos. Luego se volvían a ocupar las tierras y la Fuerza Pública volvía a intervenir”. Fue un círculo vicioso hasta que la acción de Pájaros y militares se tornó más violenta. Varios campesinos que participaron de las invasiones murieron por agentes del Estado o por sus aliados.
Aunque Alfonso López Michelsen llegó al poder con un discurso liberal, el mismo que había ostentado durante su vida pública y que lo llevó a separarse de su partido para fundar el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), terminó ajustándose a la línea terrateniente. Las acciones contra la ANUC continuaron, al mismo tiempo que las luchas ideológicas debilitaron el movimiento más y más. Fue en este marco adverso que se convocó al cuarto congreso, esta vez en Tomala, un corregimiento de Sucre, lejos de cualquier centro poblado. Debido a la dificultad para llegar y lo agreste de las condiciones, los asistentes consideraron que era un ejemplo de la vida del campesino y sirvió para depurar al movimiento de algunas facciones de la izquierda.
La creciente paz dentro del movimiento desembocó en el Congreso de la Unidad en 1981. Con impulso del expresidente Lleras Restrepo, y, según uno de los primeros miembros de la ANUC, Octavio de Jesús Ordoñez, se limaron asperezas para que la línea Armenia y Sincelejo volvieran a ser una. Y esa reunificación sirvió para afrontar uno de los momentos más duros de su historia: la presidencia de Julio César Turbay (1978-1982) y su estatuto de seguridad. Con el otorgamiento de autonomía a la Fuerzas Militares para controlar el orden público, aumentaron las expulsiones violentas de los predios y la persecución y tortura de los líderes campesinos. Muchos de ellos murieron. La acción militar llevó a frenar de tajo la toma de tierras. Se pasó de 11 en 1977 a ninguna entre 1978 y 1979 y solo 4 de 1980 a 1981. El temor a la respuesta del Ejército diezmó y debilitó a la ANUC.
Los años de la clandestinidad
En junio de 1982 fue secuestrada Gloria Lara de Echeverri, directora nacional de Acción Comunal y Asuntos Indígenas del gobierno Turbay. Su cautiverio duró hasta noviembre del mismo año, cuando su cuerpo fue encontrado cubierto por una bandera de la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP), facción armada campesina que tenía algunos lazos con la ANUC. La respuesta de las autoridades fue inmediata. Se capturó y se encontró culpables a varios miembros de la Asociación, incluido Froilán Rivera, líder histórico. Tiempo después se determinó que el proceso estuvo viciado, y que las confesiones del crimen se obtuvieron bajo tortura. Los procesados fueron liberados y varios salieron del país como refugiados ante el falso positivo judicial.
Tras la salida del poder de Turbay, vino un leve reverdecer de la ANUC. Tanto Belisario Betancur como Virgilio Barco tuvieron posiciones conciliadoras, que llevaron a que los campesinos retomaran las recuperaciones de tierras tanto en la costa Atlántica como el Llano. Asimismo, el diálogo con esos gobiernos fue más cercano. Sin embargo, fue también esta época la más devastadora para el movimiento por las agresiones tanto de las Farc como del paramilitarismo. “Quedamos en el fuego cruzado entre guerrilla y paramilitares, no les importaba la inclinación ideológica solo querían quedarse con la tierra. La Fuerza Pública llegaba a decir que los miembros de la ANUC eran auxiliadores y también les quitaban las tierras” señala Luis Alejandro Jiménez, actual presidente de la organización.
De los actores armados, el que más se cebó contra la ANUC fue el paramilitarismo. Carlos Castaño, líder de las Autodefensas, incluso aceptó en su libro “Mi Confesión” que declararon objetivo militar a los miembros de la Asociación. Las reivindicaciones campesinas les olían a izquierda y a guerrilla, y por eso las buscaron acallar. “Del 85 para acá se intensificó la persecución de nuestros dirigentes, y todo el que hablara de la ANUC se ponía la lápida encima”, contó Jiménez, haciendo referencia a los cientos de dirigentes que murieron a manos del paramilitarismo: “En 1995 al entonces presidente nacional de la ANUC, William Gustavo Jaimes, lo sacaron de Córdoba. Este se escondió en la Casa Campesina de Bogotá, pero vinieron, lo buscaron y lo mataron”.
Al igual que William Gustavo Jaimes, fueron miles los casos en los que los paramilitares asesinaron a miembros de la Asociación. Incluso en algunos de estos crímenes se encontraron indicios de participación de agentes del Estado. En total, según cifras de la propia ANUC, más de 3.500 usuarios campesinos fueron asesinados por su trabajo social en diversas regiones de Colombia. Tanto así que la organización tuvo que pasar prácticamente a la semiclandestinidad y también cambió su estrategia de lucha. En medio de esa resistencia, se redujo a escasamente 10.000 afiliados. Solo con la desmovilización del paramilitarismo fue que la situación de la organización campesina empezó a recuperarse y sus miembros volvieron a la acción publica.
Hoy, para su presidente, Luis Alejandro Jiménez, la ANUC mantiene su rol de interlocutor entre los campesinos y el Gobierno. Incluso, señala que tuvieron un importante papel en la redacción del capítulo agrario de los acuerdos de La Habana, que volvieron a poner la reforma agraria sobre la mesa, y también sobre las reformas a la ley de restitución de tierras, que anteriormente desconocía a los campesinos que compraron tierras despojadas por paramilitares de buena fe. Reconoce que su fuerza no es la de antaño, y que hasta ahora se están recuperando. Incluso califica la supervivencia de la organización como milagrosa, pero a pesar de las peleas internas y de los ataques de los gobiernos de turno y de los actores armados, siguen en la lucha con su premisa de 50 años, que la tierra sea “pal’ que la trabaja”.