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La Ley 130 de 1994 o Estatuto de los Partidos establece que el Estado financiará el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica o representación en el Congreso a través del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, que se constituye anualmente por el aporte de dinero que determine el Consejo Nacional Electoral (CNE), de acuerdo con el número de ciudadanos inscritos en el censo electoral y por el producto de las multas impuestas a las mismas organizaciones.
La norma establece que el CNE distribuirá los dineros según los siguientes criterios: una suma básica fija equivalente al 10% del fondo distribuida por partes iguales entre todos los partidos; el 50% en proporción al número de curules obtenidas en la última elección para Congreso o para Asambleas, según el caso; y el 30% para contribuir a las actividades proselitistas, culturales y divulgativas.
El 10% restante, y que según la Ley debería ir para las organizaciones femeninas, juveniles, indígenas, de negritudes, discapacitados físicos, sindicatos y organizaciones dentro de sus partidos y movimientos, no se reparte actualmente ya que dicho inciso fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-089 de 1994.
Precisamente, en dicha sentencia el alto tribunal explicó que la razón de ser de la ayuda financiera del Estado busca “neutralizar la dependencia y servidumbre que las organizaciones políticas pueden adquirir respecto de los centros privados de poder, que les prodigan su apoyo económico y pueden prevalerse de él para derivar una malsana influencia sobre los asuntos políticos o exigir reciprocidades que deterioran la moral social y socavan la confianza en el correcto desempeño de su función representativa y mediadora, que debería inspirarse únicamente en el interés general”.
Y aunque los recursos son de libre destinación e inversión en actividades propias de los partidos y movimientos políticos, la Corte señala que el 70% de dichas sumas deberá destinarse a mantener el funcionamiento de sus estructuras regionales y locales, al tiempo que les ordena debatir y aprobar democráticamente sus presupuestos.
Según el reciente informe de gestión, presentado por el CNE para el cuatrienio 2006-2010, los partidos y movimientos políticos en el país recibieron $80.909 millones para gastos de funcionamiento, sin contar los dineros por reposición de votos, cuya suma asciende a $170.258 millones (incluyendo lo pagado a grupos significativos de ciudadanos). Cabe aclarar que el balance incluye a colectividades que ya desaparecieron del escenario político.
Es el precio de la democracia. Una rápida encuesta realizada por El Espectador entre algunos de los partidos beneficiados revela que los recursos son utilizados para el mantenimiento de las sedes en todo el país —lo que incluye, por ejemplo, arrendamientos, pago de servicios públicos, internet, servicio de aseo, etc.—, otra parte se destina a campañas institucionales de promoción en época electoral, para pagar los sueldos de secretarias, auxiliares, contadores y empleados en general o para pagar desayunos y almuerzos cuando se realizan reuniones de parlamentarios y hasta para financiar las convenciones nacionales.
En criterio de la investigadora de la Universidad del Rosario Bibiana Andrea Clavijo, el problema es que nunca se sabe cómo son utilizados los recursos que el Estado les da a los partidos y la rendición de cuentas que exige el CNE no tiene mayor rigurosidad. “La ley debe ser más fuerte con la exigencia de cuentas claras para que los electores sepan en qué gastaron sus partidos. Hoy los gamonales tienen mayor control sobre el presupuesto y los partidos no se han preocupado por invertir en centros de pensamiento o análisis de la coyuntura política. No se preocupan por hacer doctrina”, dice.
A su vez, el analista Luis Carvajal señala que la promoción de las campañas políticas se lleva gran parte de los recursos, en detrimento del fortalecimiento institucional y la modernización de las estructuras de partido. “Los partidos se han convertido en estructuras parlamentarias controladas por miembros que privilegian sus visiones o particulares intereses regionales o coyunturales, como los períodos electorales. No tenemos esfuerzos perdurables en áreas como mercadeo político, capacitación, gobierno, economía y liderazgo”, concluyó.
En la actualidad se tramita en el Congreso la reglamentación de la reforma política de 2009, proyecto que en criterio de los grupos minoritarios apunta a borrarlos del escenario político electoral, ya que plantea nuevos porcentajes en la distribución de recursos de acuerdo, por ejemplo, con el número de curules obtenidas para concejos o en proporción al número de mujeres elegidas en las corporaciones públicas, lo que los deja en desventaja. Ahora, en el sondeo por las diferentes colectividades, todos coinciden en que la plata que les da el Estado es poca y que siempre hace falta.