Cúcuta: ¿intentos desestabilizadores desde La Picota?

El parapolítico Ramiro Suárez Corzo, exalcalde de Cúcuta, fue admitido en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a finales de mayo de 2019, casi dos años después de pedir pista para contar la verdad sobre el conflicto en la capital de Norte de Santander. No es un secreto, y ha quedado escrito, que durante su gobierno (2004-2007), el paramilitarismo creció no solo en Cúcuta, sino en el departamento y que el bloque Catatumbo de las autodefensas se fortaleció. Suárez Corzo, quien purga una pena de 27 años por el asesinato del excontralor y asesor jurídico de la Alcaldía Alfredo Enrique Flórez, en 2003, llegó a la JEP a pesar de que la Procuraduría se opuso a su entrada en su momento.

Desde entonces, poco se había escuchado de Suárez Corzo hasta cuando se conoció de un correo que la abogada Elisa Peña Ruiz, en representación del parapolítico, hizo llegar a la JEP. Acusaba al actual secretario de Gobierno de Cúcuta, Javier Cuadros, de ser un “antiguo integrante” de las inubicables Águilas Negras. Denunció también que la Alcaldía ordenó la exhumación de 500 cuerpos no identificados (NN), que serían falsos positivos ocurridos entre 2005 y 2007, con la intención de incinerarlos y desaparecer la evidencia. Según dijo, él mismo lo probará, con testigos, ante la JEP.

La acusación motivó una acción desde el tribunal de paz, que llegó a la oficina de Cuadros para interrogarlo sobre el asunto. “Me enteré porque la fiscalía de la JEP me pidió una entrevista , producto de una orden de policía judicial, para hacerme unas preguntas sobre lo que dice Ramiro Suárez. Les digo que es falso, que los cuerpos no se están exhumando ni se pueden exhumar”, le comentó a El Espectador el funcionario. En ese sentido, explica que lo que sucede en el cementerio central de esa ciudad tiene que ver directamente con la atención de la emergencia del COVID-19.

“El Ministerio de Salud y la Presidencia pidieron a los entes territoriales un alistamiento para los servicios funerarios. Eso requiere pensar en más espacio, porque no tenemos servicios crematorios. Para generar esa capacidad en un cementerio del siglo XIX, que está muy lleno, le solicité al director del lugar una lista con nombres y cédulas de los entierros con más de cinco años, que puedan ser exhumados y llevados a un osario, como lo estipula la regulación”, agrega.

Además, Cuadros acude a su historia personal para desvirtuar la acusación: “No hay ninguna posibilidad. Desde el colegio hago parte del movimiento de derechos humanos y sociales. Siempre he sido activista y formé parte de Marcha Patriótica. Me fui de Cúcuta en 2001 y regresé en abril de 2017, viví casi 17 años por fuera de la ciudad. Cuando los paramilitares llegaron era 1998, yo estaba en décimo. No hay posibilidad en tiempo ni espacio, ni siquiera por motivaciones ideológicas”. Y no encuentra más justificación a lo dicho por el exalcalde que un intento de desestabilizar la administración que encabeza Jairo Yáñez, el candidato que enfrentó a las estructuras del poder en las pasadas elecciones acompañado de un megáfono.

Esa apreciación la hace porque, además de la acusación de Suárez, tres funcionarios de la Alcaldía de Yáñez —el secretario de prensa, Carlos Alberto Díaz; la secretaria de Salud, María Constanza Arteaga, y el secretario de Tránsito, Jorge Mayid Gene— han sido afectados por decisiones de la Personería de Cúcuta, que está en manos de Martín Herrera, considerado ficha del denominado “ramirismo” y quien quedó en el cargo en medio de una maniobra a la que hoy muy pocos le encuentran explicación jurídica: el mismo día en que terminó su período en la entidad, en febrero, Herrera fue elegido por el Concejo como personero encargado.

“Todos los concejales sabían que lo que iban a realizar estaba mal hecho. Y lo hicieron ‘a sabiendas’”, comentó el columnista Luis Arturo Melo el pasado 11 de junio en el diario La Opinión de esa ciudad, en un llamado de atención al procurador general Fernando Carrillo.

Ahora, lo que hay en Cúcuta, en boca de conocedores de la política local, es un ataque a varias bandas desde los organismos de control en contra del gobierno alternativo que eligieron sus ciudadanos en octubre de 2019, pues a través de control del poder en la Alcaldía es que el “ramirismo” se ha mantenido como estructura política, situación que cambió a partir de 2020 con la llegada de Jairo Yáñez al primer cargo público de esa ciudad.

Y el poder del hoy condenado es palpable: no solo está Herrera en la Personería, sino que Martha María Reyes, quien es su ficha para suceder al anterior alcalde, César Rojas, y compitió contra Yáñez en las urnas, es la contralora municipal.

“Quienes llevamos más de 30 años trabajando en derechos humanos en Cúcuta, y conocemos la situación de violencia social y política, y hemos denunciado a Ramiro Suárez, sabemos que se está utilizando el aparato político para atacar y entorpecer a la administración, con la cual tengo diferencias, en todo caso”, manifiesta Wilfrido Cañizales, defensor de derechos de la Fundación Progresar.

Según Cañizales, Suárez sigue mandado desde la cárcel La Picota, donde está detenido, y tiene ahora más poder político y financiero que antes. De hecho, considera que la estrategia del “ramirismo” pone en riesgo la vida de los funcionarios, porque es una persona que “amenaza y actúa, y ahí están los testimonios de paramilitares en varias sentencias que lo involucran como determinador”.

Sobre las actuaciones calificadas como ataques políticos, el personero Herrera le dijo a este diario que estas se enmarcan en la legalidad y se han hecho con la respectiva consulta al superior, que es el procurador regional de Norte de Santander. Asegura que ha sido necesario suspender a funcionarios porque “podrían continuar cometiendo la falta, reiterarla o su permanencia en el cargo podría interferir en la investigación”.

“Esta personería, entre las investigaciones que adelanta en contra de algunos funcionariosde la actual administración, encuentra contrataciones sin el lleno de requisitos, destinación de recursos del Sistema General de Participaciones de manera irregular y hasta posesión de funcionarios por parte del alcalde con títulos universitarios falsos”, indicó el personero, quien niega una persecución política, al argumentar que varias de sus investigaciones han sido solicitadas desde la Presidencia. “¿La oficina Anticorrupción de Presidencia también está atacando a la administración?”, cuestiona.

Por el momento, la acusación de Suárez Corzo fue respondida por Cuadros con una denuncia por injuria y calumnia y, además, por fraude procesal, al considerar que el señalamiento “induce al error a los servidores judiciales de la JEP, con miras a obtener un reconocimiento de beneficios de justicia transicional”.

El parapolítico Ramiro Suárez Corzo, exalcalde de Cúcuta, fue admitido en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a finales de mayo de 2019, casi dos años después de pedir pista para contar la verdad sobre el conflicto en la capital de Norte de Santander. No es un secreto, y ha quedado escrito, que durante su gobierno (2004-2007), el paramilitarismo creció no solo en Cúcuta, sino en el departamento y que el bloque Catatumbo de las autodefensas se fortaleció. Suárez Corzo, quien purga una pena de 27 años por el asesinato del excontralor y asesor jurídico de la Alcaldía Alfredo Enrique Flórez, en 2003, llegó a la JEP a pesar de que la Procuraduría se opuso a su entrada en su momento.

Desde entonces, poco se había escuchado de Suárez Corzo hasta cuando se conoció de un correo que la abogada Elisa Peña Ruiz, en representación del parapolítico, hizo llegar a la JEP. Acusaba al actual secretario de Gobierno de Cúcuta, Javier Cuadros, de ser un “antiguo integrante” de las inubicables Águilas Negras. Denunció también que la Alcaldía ordenó la exhumación de 500 cuerpos no identificados (NN), que serían falsos positivos ocurridos entre 2005 y 2007, con la intención de incinerarlos y desaparecer la evidencia. Según dijo, él mismo lo probará, con testigos, ante la JEP.

La acusación motivó una acción desde el tribunal de paz, que llegó a la oficina de Cuadros para interrogarlo sobre el asunto. “Me enteré porque la fiscalía de la JEP me pidió una entrevista , producto de una orden de policía judicial, para hacerme unas preguntas sobre lo que dice Ramiro Suárez. Les digo que es falso, que los cuerpos no se están exhumando ni se pueden exhumar”, le comentó a El Espectador el funcionario. En ese sentido, explica que lo que sucede en el cementerio central de esa ciudad tiene que ver directamente con la atención de la emergencia del COVID-19.

“El Ministerio de Salud y la Presidencia pidieron a los entes territoriales un alistamiento para los servicios funerarios. Eso requiere pensar en más espacio, porque no tenemos servicios crematorios. Para generar esa capacidad en un cementerio del siglo XIX, que está muy lleno, le solicité al director del lugar una lista con nombres y cédulas de los entierros con más de cinco años, que puedan ser exhumados y llevados a un osario, como lo estipula la regulación”, agrega.

Además, Cuadros acude a su historia personal para desvirtuar la acusación: “No hay ninguna posibilidad. Desde el colegio hago parte del movimiento de derechos humanos y sociales. Siempre he sido activista y formé parte de Marcha Patriótica. Me fui de Cúcuta en 2001 y regresé en abril de 2017, viví casi 17 años por fuera de la ciudad. Cuando los paramilitares llegaron era 1998, yo estaba en décimo. No hay posibilidad en tiempo ni espacio, ni siquiera por motivaciones ideológicas”. Y no encuentra más justificación a lo dicho por el exalcalde que un intento de desestabilizar la administración que encabeza Jairo Yáñez, el candidato que enfrentó a las estructuras del poder en las pasadas elecciones acompañado de un megáfono.

Esa apreciación la hace porque, además de la acusación de Suárez, tres funcionarios de la Alcaldía de Yáñez —el secretario de prensa, Carlos Alberto Díaz; la secretaria de Salud, María Constanza Arteaga, y el secretario de Tránsito, Jorge Mayid Gene— han sido afectados por decisiones de la Personería de Cúcuta, que está en manos de Martín Herrera, considerado ficha del denominado “ramirismo” y quien quedó en el cargo en medio de una maniobra a la que hoy muy pocos le encuentran explicación jurídica: el mismo día en que terminó su período en la entidad, en febrero, Herrera fue elegido por el Concejo como personero encargado.

“Todos los concejales sabían que lo que iban a realizar estaba mal hecho. Y lo hicieron ‘a sabiendas’”, comentó el columnista Luis Arturo Melo el pasado 11 de junio en el diario La Opinión de esa ciudad, en un llamado de atención al procurador general Fernando Carrillo.

Ahora, lo que hay en Cúcuta, en boca de conocedores de la política local, es un ataque a varias bandas desde los organismos de control en contra del gobierno alternativo que eligieron sus ciudadanos en octubre de 2019, pues a través de control del poder en la Alcaldía es que el “ramirismo” se ha mantenido como estructura política, situación que cambió a partir de 2020 con la llegada de Jairo Yáñez al primer cargo público de esa ciudad.

Y el poder del hoy condenado es palpable: no solo está Herrera en la Personería, sino que Martha María Reyes, quien es su ficha para suceder al anterior alcalde, César Rojas, y compitió contra Yáñez en las urnas, es la contralora municipal.

“Quienes llevamos más de 30 años trabajando en derechos humanos en Cúcuta, y conocemos la situación de violencia social y política, y hemos denunciado a Ramiro Suárez, sabemos que se está utilizando el aparato político para atacar y entorpecer a la administración, con la cual tengo diferencias, en todo caso”, manifiesta Wilfrido Cañizales, defensor de derechos de la Fundación Progresar.

Según Cañizales, Suárez sigue mandado desde la cárcel La Picota, donde está detenido, y tiene ahora más poder político y financiero que antes. De hecho, considera que la estrategia del “ramirismo” pone en riesgo la vida de los funcionarios, porque es una persona que “amenaza y actúa, y ahí están los testimonios de paramilitares en varias sentencias que lo involucran como determinador”.

Sobre las actuaciones calificadas como ataques políticos, el personero Herrera le dijo a este diario que estas se enmarcan en la legalidad y se han hecho con la respectiva consulta al superior, que es el procurador regional de Norte de Santander. Asegura que ha sido necesario suspender a funcionarios porque “podrían continuar cometiendo la falta, reiterarla o su permanencia en el cargo podría interferir en la investigación”.

“Esta personería, entre las investigaciones que adelanta en contra de algunos funcionariosde la actual administración, encuentra contrataciones sin el lleno de requisitos, destinación de recursos del Sistema General de Participaciones de manera irregular y hasta posesión de funcionarios por parte del alcalde con títulos universitarios falsos”, indicó el personero, quien niega una persecución política, al argumentar que varias de sus investigaciones han sido solicitadas desde la Presidencia. “¿La oficina Anticorrupción de Presidencia también está atacando a la administración?”, cuestiona.

Por el momento, la acusación de Suárez Corzo fue respondida por Cuadros con una denuncia por injuria y calumnia y, además, por fraude procesal, al considerar que el señalamiento “induce al error a los servidores judiciales de la JEP, con miras a obtener un reconocimiento de beneficios de justicia transicional”.