¿Cuestión de seguridad nacional?

¿Qué tan peligroso para la seguridad nacional era Lorent Enrique Gómez Saleh, el estudiante venezolano presidente de la organización no gubernamental Operación Libertad, opositora del gobierno de Nicolás Maduro, expulsado de Colombia? Según el uribismo, se trata de un acto para “complacer” al presidente del vecino país y a las Farc, mientras que la Cancillería colombiana explicó en un comunicado que la decisión se adoptó con base en el artículo 105 del decreto 4.000 de 2004, que faculta a “expulsar a los extranjeros que a juicio de la autoridad migratoria realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social, la seguridad pública”.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, Gómez Saleh se encontraba realizando actividades proselitistas en el país, expresamente prohibidas por las normas migratorias, “que llegaron incluso a la agresión personal contra personajes de la vida pública nacional”. Asimismo indicó que el joven venezolano tiene varios procesos en contra en el vecino país y que sobre él pesa una orden de captura, situación que se suma a que “con antelación a la decisión de expulsión, no había solicitado asilo político en Colombia”.

“No sabemos de su ubicación (...) la vida de Lorent corre peligro, por favor ayúdennos, quiero que protejan la vida de mi hijo. Él tenía cita hoy a las 7:00 de la mañana en Migración para renovar el permiso de permanecer en Colombia, no entiendo por qué lo detienen y que no den explicaciones. Todo el planeta sabe lo que sucede aquí en Venezuela. Hay tantos jóvenes detenidos y tantos han perdido su vida”, declaró a los medios su madre, Yamile Saleh Rojas, entre lágrimas.

Lo cierto es que el asunto se ha convertido en un tema de controversia política, hasta el punto que el Centro Democrático —a través de los senadores José Obdulio Gaviria y Alfredo Rangel— anunció que el lunes radicará una proposición para que la canciller María Ángela Holguín dé explicaciones ante el Congreso por la expulsión del joven venezolano y para saber “si Colombia dejó de ser refugio de los perseguidos políticos”. Por su parte, la representante Tatiana Cabello, a través de Twitter, calificó la deportación como “arbitraria” e insinuó que se trata de “favores políticos” de Santos a Maduro.

El país supo por primera vez de este estudiante opositor venezolano en julio de 2013, cuando El Espectador reveló el lanzamiento en Bogotá de la llamada Alianza Nacionalista por la Libertad, un movimiento político autodefinido como “identitario”, que lucha “por la creación de una real comunidad nacional y una patria diferente” y que funciona como apéndice de la Tercera Fuerza, una agrupación de neonazis cabezas rapadas que hacen presencia en la ciudad. Gómez Saleh fue uno de los oradores principales, junto al excongresista Pablo Victoria, y en su intervención habló de los riesgos de la consolidación del castro-chavismo en Colombia y pidió apoyo para derrotarlo.

En marzo pasado, en entrevista con este diario, reconoció haber sido invitado a esa reunión aunque negó tener posturas fascistas: “Soy latinoamericano, de familia palestina. No puedo creer en posturas nazis, neonazis o radicales de ningún tipo. No soy neonazi ni creo en gobiernos militaristas. Todo lo contrario, creo más bien en las libertades. Tengo una lucha contra el castro-comunismo en América Latina, contra los gobiernos totalitarios, sean de derecha o de izquierda, y la voy a seguir dando en cualquier espacio al que me inviten”, manifestó.

Por esos días se había hecho público también su enfrentamiento con el entonces candidato al Senado Antonio Navarro. A través de su cuenta en You Tube, el líder de la organización Operación Libertad denunció un intento de agresión por parte del dirigente político. En el video se ve cómo el candidato intenta agredirlo, pero también que esa reacción airada de Navarro se debió a las palabras provocadoras de Lorent Saleh —como más se le conoce aquí y en Venezuela—, quien lo llamó “cobarde” por no pronunciarse sobre las muertes de estudiantes en las marchas contra el gobierno venezolano.

En la entrevista con El Espectador, Gómez Saleh dijo también haber estado a punto de perder la vida al menos en dos ocasiones, por causa de la represión de las autoridades de su país, y que por eso tuvo que salir de Venezuela antes de graduarse de economía en Valencia. “Mi lucha ha tenido un costo: que me disparen a quemarropa varias veces, que me torturen, que haya sido detenido extrajudicialmente varias veces, que hayan hecho allanamientos en mi casa, que hayan detenido y metido presa a mi mamá, simplemente por lanzarse a la tanqueta donde me llevaban inconsciente secuestrado, y distintas acusaciones en mi contra”, declaró.

Lo cierto es que no es la primera vez que el gobierno colombiano expulsa a activistas extranjeros por intromisión en asuntos de naturaleza política. Para la muestra un botón: en septiembre de 2002, en el inicio del primer gobierno Uribe, fueron deportados los ciudadanos españoles Daniel Bustos Gutiérrez y Ana Andrés Ablanedo, y expulsado Carlos Enjuto Domínguez, miembros de las ONG Sol de Paz Pachakuti y Sol de Paz de Asturias. Se los acusó de “agitar” a los campesinos en las zonas de rehabilitación y consolidación creadas como parte de la política de seguridad democrática uribista. Sea como sea, antes o ahora, la expulsión de extranjeros es un asunto que siempre hace que las organizaciones internacionales de derechos humanos pongan su lupa en Colombia.

¿Qué tan peligroso para la seguridad nacional era Lorent Enrique Gómez Saleh, el estudiante venezolano presidente de la organización no gubernamental Operación Libertad, opositora del gobierno de Nicolás Maduro, expulsado de Colombia? Según el uribismo, se trata de un acto para “complacer” al presidente del vecino país y a las Farc, mientras que la Cancillería colombiana explicó en un comunicado que la decisión se adoptó con base en el artículo 105 del decreto 4.000 de 2004, que faculta a “expulsar a los extranjeros que a juicio de la autoridad migratoria realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social, la seguridad pública”.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, Gómez Saleh se encontraba realizando actividades proselitistas en el país, expresamente prohibidas por las normas migratorias, “que llegaron incluso a la agresión personal contra personajes de la vida pública nacional”. Asimismo indicó que el joven venezolano tiene varios procesos en contra en el vecino país y que sobre él pesa una orden de captura, situación que se suma a que “con antelación a la decisión de expulsión, no había solicitado asilo político en Colombia”.

“No sabemos de su ubicación (...) la vida de Lorent corre peligro, por favor ayúdennos, quiero que protejan la vida de mi hijo. Él tenía cita hoy a las 7:00 de la mañana en Migración para renovar el permiso de permanecer en Colombia, no entiendo por qué lo detienen y que no den explicaciones. Todo el planeta sabe lo que sucede aquí en Venezuela. Hay tantos jóvenes detenidos y tantos han perdido su vida”, declaró a los medios su madre, Yamile Saleh Rojas, entre lágrimas.

Lo cierto es que el asunto se ha convertido en un tema de controversia política, hasta el punto que el Centro Democrático —a través de los senadores José Obdulio Gaviria y Alfredo Rangel— anunció que el lunes radicará una proposición para que la canciller María Ángela Holguín dé explicaciones ante el Congreso por la expulsión del joven venezolano y para saber “si Colombia dejó de ser refugio de los perseguidos políticos”. Por su parte, la representante Tatiana Cabello, a través de Twitter, calificó la deportación como “arbitraria” e insinuó que se trata de “favores políticos” de Santos a Maduro.

El país supo por primera vez de este estudiante opositor venezolano en julio de 2013, cuando El Espectador reveló el lanzamiento en Bogotá de la llamada Alianza Nacionalista por la Libertad, un movimiento político autodefinido como “identitario”, que lucha “por la creación de una real comunidad nacional y una patria diferente” y que funciona como apéndice de la Tercera Fuerza, una agrupación de neonazis cabezas rapadas que hacen presencia en la ciudad. Gómez Saleh fue uno de los oradores principales, junto al excongresista Pablo Victoria, y en su intervención habló de los riesgos de la consolidación del castro-chavismo en Colombia y pidió apoyo para derrotarlo.

En marzo pasado, en entrevista con este diario, reconoció haber sido invitado a esa reunión aunque negó tener posturas fascistas: “Soy latinoamericano, de familia palestina. No puedo creer en posturas nazis, neonazis o radicales de ningún tipo. No soy neonazi ni creo en gobiernos militaristas. Todo lo contrario, creo más bien en las libertades. Tengo una lucha contra el castro-comunismo en América Latina, contra los gobiernos totalitarios, sean de derecha o de izquierda, y la voy a seguir dando en cualquier espacio al que me inviten”, manifestó.

Por esos días se había hecho público también su enfrentamiento con el entonces candidato al Senado Antonio Navarro. A través de su cuenta en You Tube, el líder de la organización Operación Libertad denunció un intento de agresión por parte del dirigente político. En el video se ve cómo el candidato intenta agredirlo, pero también que esa reacción airada de Navarro se debió a las palabras provocadoras de Lorent Saleh —como más se le conoce aquí y en Venezuela—, quien lo llamó “cobarde” por no pronunciarse sobre las muertes de estudiantes en las marchas contra el gobierno venezolano.

En la entrevista con El Espectador, Gómez Saleh dijo también haber estado a punto de perder la vida al menos en dos ocasiones, por causa de la represión de las autoridades de su país, y que por eso tuvo que salir de Venezuela antes de graduarse de economía en Valencia. “Mi lucha ha tenido un costo: que me disparen a quemarropa varias veces, que me torturen, que haya sido detenido extrajudicialmente varias veces, que hayan hecho allanamientos en mi casa, que hayan detenido y metido presa a mi mamá, simplemente por lanzarse a la tanqueta donde me llevaban inconsciente secuestrado, y distintas acusaciones en mi contra”, declaró.

Lo cierto es que no es la primera vez que el gobierno colombiano expulsa a activistas extranjeros por intromisión en asuntos de naturaleza política. Para la muestra un botón: en septiembre de 2002, en el inicio del primer gobierno Uribe, fueron deportados los ciudadanos españoles Daniel Bustos Gutiérrez y Ana Andrés Ablanedo, y expulsado Carlos Enjuto Domínguez, miembros de las ONG Sol de Paz Pachakuti y Sol de Paz de Asturias. Se los acusó de “agitar” a los campesinos en las zonas de rehabilitación y consolidación creadas como parte de la política de seguridad democrática uribista. Sea como sea, antes o ahora, la expulsión de extranjeros es un asunto que siempre hace que las organizaciones internacionales de derechos humanos pongan su lupa en Colombia.