Cuestionamientos enlodan a casi un centenar de candidatos a elecciones regionales

La Fundación Paz y Reconciliación divulgó este jueves un listado de 98 candidatos a las elecciones regionales sobre los que pesan cuestionamientos por presunta corrupción, herencia de la parapolítica y aparentes vínculos con fuerzas ilegales.

Según la organización, el ejercicio es fruto de un análisis preliminar del monitoreo a 236 candidatos a gobernaciones y alcaldías en 27 departamentos e incluye tres casos excepcionales a concejos y asambleas departamentales.

Para Paz y Reconciliación, “la presencia de 98 cuestionados en una primera mirada da cuenta de la impunidad judicial, política y social que se vive en nuestro país. Muchos de ellos han estado en manos de la justicia o en el ojo de la opinión pública y ahora se presentan, muy campantes, a los cargos públicos de sus regiones”.

En su informe, la fundación concluye que muchos de los cuestionados han apostado por la recolección de firmas y la conformación de coaliciones para lograr avales. Frente a las firmas, se advierte que se trata de una estrategia que les da un aire ciudadano y permite iniciar la campaña con anticipación”.

“Mientras tanto, los clanes y los partidos que los apoyan están detrás del escenario guiando la trama sin exhibir sus nombres. Así ha ocurrido anteriormente con los partidos Conservador, Liberal, Opción Ciudadana y Partido de la U”, precisa.

Adicionalmente, Paz y Reconciliación llama la atención por las limitaciones en materia de competencia que se presentan en algunos departamentos por cuenta de hegemonismos o la influencia de estructuras políticas. “La consolidación y control absoluto que ejercen determinados clanes en algunos territorios llevan a que, antes de empezar la campaña, ya están cantadas las victorias”.

Para el organismo, se trata de un fenómeno que se presenta en al menos 11 de los 32 departamentos del país, en particular, Atlántico –por la influencia de la familia Char–; Valle del Cauca –por la preponderancia de la actual gobernadora Dilian Francisca Toro–, y Cesar –por el dominio de los Gnecco–.

Finalmente, la fundación advierte la aparición del movimiento Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA), que con solo tres meses de existencia avaló a 3.500 candidatos. “Algunas fuentes señalan que detrás de este partido están viejos parapolíticos como Luís Alberto Gil, alias el Tuerto Gil, y Juan Carlos Martínez Sinisterra”, puntualiza.

Corrupción

Alrededor de supuestos casos de corrupción, el cuestionamiento más frecuente en el análisis, los señalados por el organismo son 53. Entre otras, Paz y Reconciliación llama la atención por casos como el del candidato a la Gobernación de Risaralda y exalcalde de Pereira Israel Londoño Londoño. De acuerdo con Paz y Reconciliación, si bien fue inhabilitado por 10 años por irregularidades en la contratación, “logró evadir esa sanción pagando una multa de $ 56’000.000 y ahora aspira a gobernador”.

Gabriel Calle, padre del actual representante a la Cámara por Córdoba Andrés Calle, contra quien –recuerda la fundación– se emitió orden de captura (posteriormente revocada) por supuestos desfalcos mientras fue alcalde del municipio de Montelíbano. “Aún en medio de la investigación, aspira nuevamente a la Alcaldía”, alega Paz y Reconciliación.

Se reseña además el caso de Fredy Anaya, candidato a la Alcaldía de Bucaramanga por el Partido Conservador, a quien se le acusa de participar en una cuestionada red de contratistas del Clan Tavera, que ascienden a $33.000 millones, y Facundo Castillo, aspirante a la Gobernación de Arauca por una coalición sobre la que pesan 15 investigaciones.

Parapolítica

Frente a parapolítica, Paz y Reconciliación identificó a 38 cuestionados, nueve relacionados directamente con procesos judiciales y 29 a los que denomina de segunda generación, es decir, con vínculos en su condición de familiares o allegados.

Se destacan nombres como Yahír Acuña, exrepresentante de Sucre que busca ser gobernador de ese departamento; el exsenador Mario Alberto Fernández, que aspira a la Alcaldía de Sincelejo, y César Álzate, que busca ser alcalde de La Dorada (Caldas).

Figuran además Juana Gómez Bacci, hija de Kiko Gómez y aspirante a la asamblea de La Guajira; Luis Miguel Cotes, que quiere ser gobernador de Magdalena y a quien la fundación sindica de ser heredero de la estructura parapolítica de Francisco “Chico” Zúñiga, y Luis Alberto Monsalvo Gnneco, candidato a la Gobernación de Cesar, quien es hijo de Cielo Gnecco, prima de Kiko Gómez y –dice Paz y Reconciliación– “perteneciente a un clan acusado de relaciones con reconocidos paramilitares y narcotraficantes”.

También se reseñan casos como el de Roberto Jiménez Naranjo, candidato al Concejo de Dosquebradas (Risaralda), quien es hermano del exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco” y Arleth Casado de López, cabeza de lista al Concejo de Montería por el Partido Liberal, quien es esposa de Juan López Cabrales, condenado por parapolítica.

Supuestos vínculos con otras fuerzas ilegales

Frente a quienes presentan aparentes vínculos con fuerzas ilegales, Paz y Reconciliación da cuenta de siete cuestionados, entre ellos el candidato a la Gobernación de Arauca Hernando Posso Parales, quien fue capturado en 2002 por presuntos vínculos con la entonces guerrilla de las Farc; Néstor Pérez, candidato a la Alcaldía de Villavicencio, quien según la organización tiene indicios de ser testaferro del narcotraficante Germán Gonzalo Sánchez Rey, alías “Coleta”, y Jorge Coral Rivas, aspirante a la Gobernación de Putumayo, señalado de supuestamente tener vínculos con la banda criminal “La Constru”.

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La Fundación Paz y Reconciliación divulgó este jueves un listado de 98 candidatos a las elecciones regionales sobre los que pesan cuestionamientos por presunta corrupción, herencia de la parapolítica y aparentes vínculos con fuerzas ilegales.

Según la organización, el ejercicio es fruto de un análisis preliminar del monitoreo a 236 candidatos a gobernaciones y alcaldías en 27 departamentos e incluye tres casos excepcionales a concejos y asambleas departamentales.

Para Paz y Reconciliación, “la presencia de 98 cuestionados en una primera mirada da cuenta de la impunidad judicial, política y social que se vive en nuestro país. Muchos de ellos han estado en manos de la justicia o en el ojo de la opinión pública y ahora se presentan, muy campantes, a los cargos públicos de sus regiones”.

En su informe, la fundación concluye que muchos de los cuestionados han apostado por la recolección de firmas y la conformación de coaliciones para lograr avales. Frente a las firmas, se advierte que se trata de una estrategia que les da un aire ciudadano y permite iniciar la campaña con anticipación”.

“Mientras tanto, los clanes y los partidos que los apoyan están detrás del escenario guiando la trama sin exhibir sus nombres. Así ha ocurrido anteriormente con los partidos Conservador, Liberal, Opción Ciudadana y Partido de la U”, precisa.

Adicionalmente, Paz y Reconciliación llama la atención por las limitaciones en materia de competencia que se presentan en algunos departamentos por cuenta de hegemonismos o la influencia de estructuras políticas. “La consolidación y control absoluto que ejercen determinados clanes en algunos territorios llevan a que, antes de empezar la campaña, ya están cantadas las victorias”.

Para el organismo, se trata de un fenómeno que se presenta en al menos 11 de los 32 departamentos del país, en particular, Atlántico –por la influencia de la familia Char–; Valle del Cauca –por la preponderancia de la actual gobernadora Dilian Francisca Toro–, y Cesar –por el dominio de los Gnecco–.

Finalmente, la fundación advierte la aparición del movimiento Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA), que con solo tres meses de existencia avaló a 3.500 candidatos. “Algunas fuentes señalan que detrás de este partido están viejos parapolíticos como Luís Alberto Gil, alias el Tuerto Gil, y Juan Carlos Martínez Sinisterra”, puntualiza.

Corrupción

Alrededor de supuestos casos de corrupción, el cuestionamiento más frecuente en el análisis, los señalados por el organismo son 53. Entre otras, Paz y Reconciliación llama la atención por casos como el del candidato a la Gobernación de Risaralda y exalcalde de Pereira Israel Londoño Londoño. De acuerdo con Paz y Reconciliación, si bien fue inhabilitado por 10 años por irregularidades en la contratación, “logró evadir esa sanción pagando una multa de $ 56’000.000 y ahora aspira a gobernador”.

Gabriel Calle, padre del actual representante a la Cámara por Córdoba Andrés Calle, contra quien –recuerda la fundación– se emitió orden de captura (posteriormente revocada) por supuestos desfalcos mientras fue alcalde del municipio de Montelíbano. “Aún en medio de la investigación, aspira nuevamente a la Alcaldía”, alega Paz y Reconciliación.

Se reseña además el caso de Fredy Anaya, candidato a la Alcaldía de Bucaramanga por el Partido Conservador, a quien se le acusa de participar en una cuestionada red de contratistas del Clan Tavera, que ascienden a $33.000 millones, y Facundo Castillo, aspirante a la Gobernación de Arauca por una coalición sobre la que pesan 15 investigaciones.

Parapolítica

Frente a parapolítica, Paz y Reconciliación identificó a 38 cuestionados, nueve relacionados directamente con procesos judiciales y 29 a los que denomina de segunda generación, es decir, con vínculos en su condición de familiares o allegados.

Se destacan nombres como Yahír Acuña, exrepresentante de Sucre que busca ser gobernador de ese departamento; el exsenador Mario Alberto Fernández, que aspira a la Alcaldía de Sincelejo, y César Álzate, que busca ser alcalde de La Dorada (Caldas).

Figuran además Juana Gómez Bacci, hija de Kiko Gómez y aspirante a la asamblea de La Guajira; Luis Miguel Cotes, que quiere ser gobernador de Magdalena y a quien la fundación sindica de ser heredero de la estructura parapolítica de Francisco “Chico” Zúñiga, y Luis Alberto Monsalvo Gnneco, candidato a la Gobernación de Cesar, quien es hijo de Cielo Gnecco, prima de Kiko Gómez y –dice Paz y Reconciliación– “perteneciente a un clan acusado de relaciones con reconocidos paramilitares y narcotraficantes”.

También se reseñan casos como el de Roberto Jiménez Naranjo, candidato al Concejo de Dosquebradas (Risaralda), quien es hermano del exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco” y Arleth Casado de López, cabeza de lista al Concejo de Montería por el Partido Liberal, quien es esposa de Juan López Cabrales, condenado por parapolítica.

Supuestos vínculos con otras fuerzas ilegales

Frente a quienes presentan aparentes vínculos con fuerzas ilegales, Paz y Reconciliación da cuenta de siete cuestionados, entre ellos el candidato a la Gobernación de Arauca Hernando Posso Parales, quien fue capturado en 2002 por presuntos vínculos con la entonces guerrilla de las Farc; Néstor Pérez, candidato a la Alcaldía de Villavicencio, quien según la organización tiene indicios de ser testaferro del narcotraficante Germán Gonzalo Sánchez Rey, alías “Coleta”, y Jorge Coral Rivas, aspirante a la Gobernación de Putumayo, señalado de supuestamente tener vínculos con la banda criminal “La Constru”.

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