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Este año se vence la ley de orden público, redactada desde el gobierno de Ernesto Samper y prorrogada desde entonces para establecer marcos de negociación y acción con los distintos actores armados que han existido en Colombia desde entonces. Como parte de su programa de “paz total”, el gobierno ha hecho saber que prorrogar la ley 418 de 1997 es esencial para su intento de acercamiento con el Eln y grupos criminales.
El Ejecutivo le metió el acelerador a este tema. No solo le dio mensaje de urgencia, sino que se movió con fuerza para que en la mañana de este miércoles fuese debatido de forma paralela por las plenarias de Cámara y Senado. Incluso algunos representantes de la oposición, como José Jaime Uscateguí, denunciaron en plenaria que no tuvieron el tiempo suficiente para estudiar el proyecto con detenimiento y formular sus reparos. La queja permitió que se aplazara la discusión en Cámara, pero en Senado se insistió en que el articulado debía ser estudiado sí o sí en la jornada, tanto que el presidente del Senado Roy Barreras insistió que iban a tener almuerzo y cena proveído por el Ministerio de Defensa para seguir de largo. No obstante, el quórum en dicha corporación se fue disminuyendo hasta que también se tuvo que poner fin a la sesión.
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El proyecto ese esencial debido a que sin él no puede darse el marco para la denominada “paz total”. En esta se establece los lineamientos para las negociaciones con el Eln y los acercamientos para el sometimiento de las múltiples bandas criminales que hay en el país. También hay puntos que ya en comisiones conjuntas han sido de amplio debate como lo es el servicio social para la paz como alternativa al servicio militar obligatorio.
No obstante, a la ponencia para debatir en plenaria le han aparecido varios artículos que han generado polémica por sus implicaciones, incluso han sido tildados como micos. Desde la oposición se prendieron las alarmas por el punto en el que se establece que se faculta al presidente para “otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social”. El proyecto señala que el presidente recibirá un listado por parte del Ministerio de Justicia que establezca quiénes pueden ser favorecidos con esta medida.
Otro de los puntos cuestionados ha sido el que le permite al presidente Gustavo Petro designar como promotores de convivencia a los que están privados de la libertad por conductas dadas en medio de la protesta social. Ambos puntos han sido calificados como un intento por beneficiar a la primera línea, que ha sido la más señalada por la Fiscalía por supuestas conductas delictivas en medio del paro nacional de 2021.
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La senadora Paloma Valencia fue una de las que se fue en contra del gobierno Petro por este punto. “Pretender a través de la ley de orden público darle facultades de indulto y amnistía al presidente Petro para liberar a quienes de la primera línea cometieron delitos es inaceptable. Es el primer mico”, expresó la congresista del Centro Democrático.
Por esta colectividad también se pronunciaron Miguel Uribe y María Fernanda Cabal. Los pronunciamientos de ambos fueron muy similares. “Petro pretende indultar a los criminales de la primera línea. ¿Olvida que estos bandidos están siendo judicializados por secuestro, homicidio, tortura y terrorismo? La paz total es el camino hacia la impunidad absoluta”, expresó Uribe Turbay.
“El afán de Petro por indultar a cuanto criminal está reflejado en este artículo en el proyecto de ley de “paz total”. Pretende dejar a Primera Línea libre de toda culpa. Olvidan la barbarie y destrucción que ejecutaron con la excusa de la protesta social”, expresó la que es reconocida como una de las figuras más hacia la derecha de su partido.
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Ante los señalamientos, dos de los principales impulsores del proyecto, Ariel Ávila e Iván Cepeda, han defendido la propuesta y han asegurado que no se trata de ningún mico. “Nosotros no introducimos en las leyes disposiciones de contrabando”, expresó Cepeda, que explicó en redes sociales dos de los puntos en controversia.
En entrevista con Noticias Caracol, Ariel Ávila, aseguró que no se trata de un mico, sino que ya se habían socializado con los ponentes, incluyendo los de oposición. Asimismo, Ávila defendió el articulado bajo el argumento de que “es injusto desactivar factores de violencia y que tengan beneficios jurídicos algunos actores armados, y que jóvenes que estuvieron en la protesta social no tengan esos beneficios. La “paz total” no es solo con los armados, es una paz social”.
Un debate que pasó de agache
La mayoría de los titulares se los llevó el asunto del posible indulto a la primera línea. Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) alertaron por otro artículo nuevo. El texto señalado establece que el presidente “expedirá el marco reglamentario para el sometimiento de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”-
Para algunos voceros de la organización defensora de derechos humanos, este punto puede llegar a ser bastante contraproducente. En diálogo con El Espectador, Juan Pappier, investigador senior de HRW para Colombia, cuestionó dicho punto porque implica que “se le dé facultades al primer mandatario para que por decreto establezca las regulaciones de la norma de sometimiento”.
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Pappier aseguró que es un incumplimiento a lo que se venía discutiendo puesto que se había dicho que se tramitaría una ley de sometimiento y este decreto se saltaría dicho compromiso. “Es un retroceso porque hay una tradición de discutir estas normas tan importantes. Es un retroceso por una cuestión básica de división de poderes. Este tipo de normas por su gravedad y contenido deben pasar por el Congreso”.
El investigador de Human Rights Watch señaló que este tipo de determinaciones son de suma importancia para que solo el primer mandatario las tome: “Este tipo de normas por su gravedad y contenido deben pasar por el Congreso. El Congreso permite que se discuta y que la gente se informe sobre las decisiones”. Pappier también llamó la atención frente a que el proyecto enuncia la distinción sobre las negociaciones con el Eln y el sometimiento de los grupos criminales, pero no consigna cómo será esa distinción.
La politóloga Diana Avellaneda, docente de la Pontificia Universidad Javeriana, expresó que, si bien es cierto que “el proyecto se enmarca en las funciones constitucionales del presidente de buscar la paz”, puede llegar a ser problemático el punto que le otorga las funciones al presidente Gustavo Petro de decretar la reglamentación del sometimiento.
“Desde la perspectiva de gobernabilidad, esta reglamentación no podría pasar por decreto porque le quitaría posibilidades y acción de gobernanza al presidente Petro, que además está recién comenzando su gobierno. No sería estratégico forzar por ese camino”, expresó la docente.
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El senador Humberto de la Calle estuvo en sintonía con los reparos anteriormente mencionados, y expresó que “lo que me parece serio es la idea de que mediante la reglamentación de la ley, el gobierno hace el sometimiento”. El senador de centro le comentó a El Espectador que se estaría saltando la necesidad de una ley de sometimiento, lo que también implica que sacan de la ecuación al Congreso y a la justicia misma. “Todos los resultados quedan en manos del gobierno, es grave y difícilmente constitucional porque altera el código penal con un decreto”, añadió el senador.
“Es una inconstitucionalidad gigante. Esas facultades extraordinarias son peligrosas”, comentó De la Calle, que a renglón seguido señaló: “En lo político es muy grave adelantar un proceso con las bandas criminales sin contar con la opinión, el Congreso y maniatando a la justicia con decretos reglamentarios”. Asimismo, rechazó que el sometimiento de otros grupos se hubiese hecho por decreto en ocasiones anteriores, pues siempre se habría recurrido a una ley de sometimiento que luego tuvo sus respectivos decretos de ejecución.
A pesar de los reparos, Iván Cepeda salió en defensa de este punto. El senador del Pacto Histórico le comentó a este diario que dicho artículo lo único que establece es que “el presidente pueda regular determinados aspectos”. De acuerdo con Cepeda, “es un instrumento que puede servir mientras adoptan la ley, si llegamos a considerar que se necesita la ley”.
Como parte de su defensa, Cepeda señaló que de igual manera el presidente debe regir todas sus determinaciones de los actos constitucionales y que de ninguna manera se están saltando el Congreso, puesto que en este momento se está discutiendo este punto en el Legislativo. Por último, este reiteró que el primer mandatario solo desarrollaría algunos parámetros del sometimiento. “No sería el primer presidente que lo haga”, concluyó Cepeda, haciendo referencia a otros decretos de sometimiento, como el que impulsó César Gaviria para que Pablo Escobar se sometiera a la justicia e incluso los que permitieron el acuerdo de paz con el M-19.