Cuestionan seguridad estatal a Drummond y otras transnacionales

El representante por el Polo Democrático, Iván Cepeda, cuestionó este miércoles la celebración de contratos por valor de más de 45 mil millones de pesos entre el Ministerio de Defensa y algunas compañías mineras.

El congresista pidió explicación por lo que consideró un desequilibrio en la prestación de seguridad a comunidades en zonas de influencia de estas empresas y preguntó si los dineros que pagan las transnacionales por estos convenios “alcanzan a cubrir la totalidad del gasto generado en la protección o cuál es el monto de los impuestos de los colombianos que se está destinando para tal propósito”.

En información entregada por la Contraloría General, en ejercicio del control político, el representante Cepeda dijo haber encontrado que el Ministerio de Defensa “suscribió 103 contratos entre enero de 2010 y octubre de 2013, por un monto total de 45.729’809.600, para que el Ejército le brinde protección especial a las empresas mineras más grandes que explotan los recursos del país”.

Entre estas se encuentran las trasnacionales Drummond Ltd (por $3.982 millones), Anglogold Ashanti Colombia S.A (por $3.714 millones), CCX Colombia S.A –Antes MPX- (por $3.220 millones) y otras empresas del sector como: Carbones del Cerrejón Limited (por $12.471 millones) y Cerro Matoso S.A (por $1.053 millones).

El contrato tiene por objeto “la especial atención a las labores destinadas a mantener las condiciones de protección y de seguridad de las actividades, infraestructura, e instalaciones industriales fijas o móviles de las empresas en determinadas áreas del territorio nacional, como: Antioquia, Cesar, Guajira, y Tolima”.

Según constató Cepeda, a través de los convenios, el Ejército se compromete a destinar varios pelotones para la seguridad de la operación de las empresas, en ocasiones a permitir el uso de pistas de aterrizaje para el desarrollo de actividades mineras, y a usar los equipos y materiales adquiridos con los recursos de los convenios, de manera exclusiva para su  protección.

Algunos de ellos incluyen contratos de comodato para el uso de infraestructura de las empresas destinada al establecimiento de bases militares para cuidar las minas concesionadas.

Los convenios tienen una cláusula de confidencialidad de las partes por lo cual no resulta fácil acceder a ellos y no están sujetos al control político y ciudadano, razón por la cual el representante Cepeda envió una comunicación al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, pidiendo explicaciones al respecto.

Para el congresista, resulta paradójico que mientras se le brinda seguridad especial a estas empresas, algunas comunidades que están en zonas de influencia de las mineras y que han venido pidiendo seguridad, han tenido respuesta negativa por parte del Ministerio de Defensa.

Cepeda cito el caso de la comunidad de El Porvenir, en Puerto Gaitán (Meta), quienes solicitaron protección a raíz de las amenazas recibidas.

El congresista también le pidió al ministro que explique el fundamento constitucional de esos convenios, y si los dineros que pagan las transnacionales alcanzan a cubrir la totalidad del gasto generado en la protección especial o cuántos recursos de los impuestos de los colombianos se destinan para prestarle este servicio a las transnacionales.  

El representante por el Polo Democrático, Iván Cepeda, cuestionó este miércoles la celebración de contratos por valor de más de 45 mil millones de pesos entre el Ministerio de Defensa y algunas compañías mineras.

El congresista pidió explicación por lo que consideró un desequilibrio en la prestación de seguridad a comunidades en zonas de influencia de estas empresas y preguntó si los dineros que pagan las transnacionales por estos convenios “alcanzan a cubrir la totalidad del gasto generado en la protección o cuál es el monto de los impuestos de los colombianos que se está destinando para tal propósito”.

En información entregada por la Contraloría General, en ejercicio del control político, el representante Cepeda dijo haber encontrado que el Ministerio de Defensa “suscribió 103 contratos entre enero de 2010 y octubre de 2013, por un monto total de 45.729’809.600, para que el Ejército le brinde protección especial a las empresas mineras más grandes que explotan los recursos del país”.

Entre estas se encuentran las trasnacionales Drummond Ltd (por $3.982 millones), Anglogold Ashanti Colombia S.A (por $3.714 millones), CCX Colombia S.A –Antes MPX- (por $3.220 millones) y otras empresas del sector como: Carbones del Cerrejón Limited (por $12.471 millones) y Cerro Matoso S.A (por $1.053 millones).

El contrato tiene por objeto “la especial atención a las labores destinadas a mantener las condiciones de protección y de seguridad de las actividades, infraestructura, e instalaciones industriales fijas o móviles de las empresas en determinadas áreas del territorio nacional, como: Antioquia, Cesar, Guajira, y Tolima”.

Según constató Cepeda, a través de los convenios, el Ejército se compromete a destinar varios pelotones para la seguridad de la operación de las empresas, en ocasiones a permitir el uso de pistas de aterrizaje para el desarrollo de actividades mineras, y a usar los equipos y materiales adquiridos con los recursos de los convenios, de manera exclusiva para su  protección.

Algunos de ellos incluyen contratos de comodato para el uso de infraestructura de las empresas destinada al establecimiento de bases militares para cuidar las minas concesionadas.

Los convenios tienen una cláusula de confidencialidad de las partes por lo cual no resulta fácil acceder a ellos y no están sujetos al control político y ciudadano, razón por la cual el representante Cepeda envió una comunicación al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, pidiendo explicaciones al respecto.

Para el congresista, resulta paradójico que mientras se le brinda seguridad especial a estas empresas, algunas comunidades que están en zonas de influencia de las mineras y que han venido pidiendo seguridad, han tenido respuesta negativa por parte del Ministerio de Defensa.

Cepeda cito el caso de la comunidad de El Porvenir, en Puerto Gaitán (Meta), quienes solicitaron protección a raíz de las amenazas recibidas.

El congresista también le pidió al ministro que explique el fundamento constitucional de esos convenios, y si los dineros que pagan las transnacionales alcanzan a cubrir la totalidad del gasto generado en la protección especial o cuántos recursos de los impuestos de los colombianos se destinan para prestarle este servicio a las transnacionales.