Cultivos de coca siguen siendo la mayor preocupación de Estados Unidos

A tan solo un mes de posesionarse en el cargo como presidente, Iván Duque marcó la que se puede considerar como la principal diferencia de su antecesor Juan Manuel Santos. El 12 de septiembre de 2018, el presidente anunció que contemplaba volver a la aspersión con glifosato para combatir los cultivos de uso ilícito en el país, una decisión que, además, parecía ser la consecuencia de las cifras de aumento de cultivos de uso ilícito que entregó en junio pasado la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP, por su sigla en inglés), que reseñaban que las hectáreas cultivadas de coca habían aumentado un 11 %, pasando de 188.000 hectáreas en 2016 a 209.000 en 2017.

“La fumigación se puede dar si se cumplen unos protocolos. En la política integral que queremos en la lucha contra los cultivos ilícitos es que esos protocolos se vean reflejados de tal manera que cualquier acción esté soportada en los lineamientos de la Corte”, dijo Duque en ese momento. De hecho, una de las primeras acciones en ese sentido fue la propuesta del Ministerio de Defensa, previendo las restricciones en el uso de glifosato que había establecido el tribunal constitucional, del uso de drones que esparcieran el químico a baja altura y así reducir las consecuencias para la salud que tiene su uso.

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El proyecto se venía estructurando desde la administración de Juan Manuel Santos, que dejó 10 drones para la aspersión para la etapa piloto, por un costo de $78 millones, sin embargo, los cálculos preliminares que se hicieron para su funcionamiento arrojaban un presupuesto de unos $ 21.000 millones.

El uso del glifosato, como parte de la política antidroga que el Gobierno pondrá en marcha, es uno de los puntos pendientes que podrían retomarse en las conversaciones entre Estados Unidos y Colombia, sin embargo, lo que sí es una preocupación para los norteamericanos es el incremento latente en las hectáreas cultivadas de coca en el país. Así lo dejó claro ayer Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, quien sostuvo una reunión con el presidente Duque en Cartagena, con el objetivo de fortalecer las relaciones entre los dos países. “Estados Unidos sigue sumamente preocupado por el crecimiento de producción de coca y las repercusiones que tiene en ambos países. Vamos a seguir trabajando con ustedes para lograr el objetivo conjunto de reducir la producción de coca en el 50 % para 2023, mientras que nosotros tenemos que reducir la demanda en nuestros países”, señaló el funcionario estadounidense, y mantuvo el interés de su país en ayudar a desmantelar bandas de crimen organizado.

Por su parte, el primer mandatario agradeció al presidente Trump, al vicepresidente Mike Pence y a Pompeo por el apoyo que ha recibido su gobierno por parte de Estados Unidos para fortalecer la idea de construir paz con legalidad. En ese sentido, resaltó el apoyo que los norteamericanos han entregado a la agenda de seguridad en el país y a la lucha contra el terrorismo.

El combate por la erradicación de drogas ha tomado varios caminos. La obsesión de los gobiernos latinoamericanos por erradicar el narcotráfico, y todos los problemas que se derivan de este negocio, ha generado en los últimos años, por ejemplo, la militarización de la región. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de Argentina, en su más reciente informe, “La guerra interna”, explica que este fenómeno está ocurriendo por diferentes factores. Señala que fue desapareciendo la posibilidad de un conflicto entre países vecinos, por lo que los ejércitos perdieron su bandera de “defensa nacional” e impulsados por la situación de criminalidad en las ciudades y la amenaza de seguridad interna que se dio simultáneamente, se fueron inmiscuyendo en estos temas.

“La desigualdad económica y la expansión de mercados ilegales como el del tráfico de armas y de drogas —apuntalada por el aumento del consumo en Estados Unidos— contribuyeron a transformar a América Latina en una de las regiones más violentas del mundo”, apunta el documento. En ese sentido, la lucha contra las drogas, el control de la migración, el populismo, la pobreza y el terrorismo se convirtieron en el nuevo objetivo militar de los gobiernos, en ausencia de un posible enfrentamiento bélico entre naciones.

“Este paradigma de las ‘nuevas amenazas’ plantea no solo una cuestión de una política de drogas, sino que hoy está definida como la lucha contra el crimen organizado o la lucha contra ciertos aspectos que aparecen como amenazas externas a la estabilidad de los Estados. Debido a esto, aparecen las agendas sociales para mitigar posibles situaciones que generan protestas o inestabilidad en los sistemas políticos. Y por sus propios déficits, los Estados no pueden enfrentar únicamente estos problemas con las estructuras policiales, por lo que tienen que hacer una combinación de mayores facultades de las Fuerzas Armadas, o grupos élites, o preparación militar para los policías”, explica Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del CELS.

Aunque el informe aborda las “nuevas amenazas”, la política de drogas, basada en modelos prohibicionistas, se ha vuelto el problema central de las agendas políticas de los países, especialmente para Estados Unidos, que ha contribuido económica, técnica y militarmente a los gobiernos para combatir este flagelo. “EE. UU. promueve que los Estados latinoamericanos mejoren sus capacidades defensivas frente a los fenómenos que son caracterizados como amenazas para la región y, sobre todo, para ellos”. dice.

Y de todas las naciones beneficiadas, Colombia es la que más asistencia financiera ha recibido en el siglo XXI. Este dinero es invertido para compra de armamento y otros artículos, entrenamientos, operativos e inteligencia, sin embargo, su efectividad es cuestionada, pues las cifras de cultivos de uso ilícito en el país muestran lo contrario. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) informó que el área cultivada de coca creció en un 17 % de 2016 a 2017, lo que representa 171.000 hectáreas sembradas en todo el territorio nacional.

“Si uno mira los resultados de lo que ha sido la estrategia de guerra contra las drogas, desde la perspectiva prohibicionista y el control de la oferta, lo que uno puede identificar, a partir de información producida por Naciones Unidas o las agencias vinculadas a estos temas, es que ni siquiera ha sido eficaz en los propios términos de los objetivos que se plantean. No se ha reducido el consumo, ni las plantaciones, ni los niveles de violencia, sino todo lo contrario”, agregó Litvachky, insistiendo en la necesidad de abordar la problemática desde la demanda y una perspectiva de salud pública.

Este panorama de un Estados Unidos omnipresente en asuntos de política interna en la lucha contra el narcotráfico es una de las advertencias que CELS documentó en las conclusiones del informe. Litvachky concluyó que “ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamamos la atención sobre una de las notas comunes de este proceso, que es la influencia importante que está teniendo la cooperación estadounidense, y de algunos países centrales, en relación con la compra de armamento, la formación o capacitación de militares y policías, y la adopción de programas de luchas contra el crimen asociados con esta perspectiva militarista”.

La alternativa de la regulación para acabar con el mercado de drogas también ha estado con frecuencia en la agenda internacional. En reciente entrevista con El Espectador, María McFarland, directora ejecutiva de Drug Policy Alliance, explicó que el problema de Colombia es tan complejo, precisamente, por el mercado ilícito de drogas. “Y parte de la razón de eso es que la prohibición alimenta el crimen organizado y permite la existencia de un poder económico enorme en sectores criminales, que luego tienen la capacidad de corromper a autoridades, dijo McFarland. En ese mismo sentido, aseguró que a pesar de que ha habido un proceso de paz y una desmovilización de paramilitares, “mientras exista ese mercado ilícito, mientras las drogas sean ilegales, van a continuar teniendo este problema del poder del crimen organizado”. Aunque los esfuerzos, por el momento, se concentran en la prohibición, el debate sobre la necesidad de la regulación, a la luz de una lucha que ha sido calificada como un fracaso, sigue siendo una necesidad.

ggomezp@elespectador.com
ntamayo@elespectador.com

A tan solo un mes de posesionarse en el cargo como presidente, Iván Duque marcó la que se puede considerar como la principal diferencia de su antecesor Juan Manuel Santos. El 12 de septiembre de 2018, el presidente anunció que contemplaba volver a la aspersión con glifosato para combatir los cultivos de uso ilícito en el país, una decisión que, además, parecía ser la consecuencia de las cifras de aumento de cultivos de uso ilícito que entregó en junio pasado la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP, por su sigla en inglés), que reseñaban que las hectáreas cultivadas de coca habían aumentado un 11 %, pasando de 188.000 hectáreas en 2016 a 209.000 en 2017.

“La fumigación se puede dar si se cumplen unos protocolos. En la política integral que queremos en la lucha contra los cultivos ilícitos es que esos protocolos se vean reflejados de tal manera que cualquier acción esté soportada en los lineamientos de la Corte”, dijo Duque en ese momento. De hecho, una de las primeras acciones en ese sentido fue la propuesta del Ministerio de Defensa, previendo las restricciones en el uso de glifosato que había establecido el tribunal constitucional, del uso de drones que esparcieran el químico a baja altura y así reducir las consecuencias para la salud que tiene su uso.

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El proyecto se venía estructurando desde la administración de Juan Manuel Santos, que dejó 10 drones para la aspersión para la etapa piloto, por un costo de $78 millones, sin embargo, los cálculos preliminares que se hicieron para su funcionamiento arrojaban un presupuesto de unos $ 21.000 millones.

El uso del glifosato, como parte de la política antidroga que el Gobierno pondrá en marcha, es uno de los puntos pendientes que podrían retomarse en las conversaciones entre Estados Unidos y Colombia, sin embargo, lo que sí es una preocupación para los norteamericanos es el incremento latente en las hectáreas cultivadas de coca en el país. Así lo dejó claro ayer Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, quien sostuvo una reunión con el presidente Duque en Cartagena, con el objetivo de fortalecer las relaciones entre los dos países. “Estados Unidos sigue sumamente preocupado por el crecimiento de producción de coca y las repercusiones que tiene en ambos países. Vamos a seguir trabajando con ustedes para lograr el objetivo conjunto de reducir la producción de coca en el 50 % para 2023, mientras que nosotros tenemos que reducir la demanda en nuestros países”, señaló el funcionario estadounidense, y mantuvo el interés de su país en ayudar a desmantelar bandas de crimen organizado.

Por su parte, el primer mandatario agradeció al presidente Trump, al vicepresidente Mike Pence y a Pompeo por el apoyo que ha recibido su gobierno por parte de Estados Unidos para fortalecer la idea de construir paz con legalidad. En ese sentido, resaltó el apoyo que los norteamericanos han entregado a la agenda de seguridad en el país y a la lucha contra el terrorismo.

El combate por la erradicación de drogas ha tomado varios caminos. La obsesión de los gobiernos latinoamericanos por erradicar el narcotráfico, y todos los problemas que se derivan de este negocio, ha generado en los últimos años, por ejemplo, la militarización de la región. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de Argentina, en su más reciente informe, “La guerra interna”, explica que este fenómeno está ocurriendo por diferentes factores. Señala que fue desapareciendo la posibilidad de un conflicto entre países vecinos, por lo que los ejércitos perdieron su bandera de “defensa nacional” e impulsados por la situación de criminalidad en las ciudades y la amenaza de seguridad interna que se dio simultáneamente, se fueron inmiscuyendo en estos temas.

“La desigualdad económica y la expansión de mercados ilegales como el del tráfico de armas y de drogas —apuntalada por el aumento del consumo en Estados Unidos— contribuyeron a transformar a América Latina en una de las regiones más violentas del mundo”, apunta el documento. En ese sentido, la lucha contra las drogas, el control de la migración, el populismo, la pobreza y el terrorismo se convirtieron en el nuevo objetivo militar de los gobiernos, en ausencia de un posible enfrentamiento bélico entre naciones.

“Este paradigma de las ‘nuevas amenazas’ plantea no solo una cuestión de una política de drogas, sino que hoy está definida como la lucha contra el crimen organizado o la lucha contra ciertos aspectos que aparecen como amenazas externas a la estabilidad de los Estados. Debido a esto, aparecen las agendas sociales para mitigar posibles situaciones que generan protestas o inestabilidad en los sistemas políticos. Y por sus propios déficits, los Estados no pueden enfrentar únicamente estos problemas con las estructuras policiales, por lo que tienen que hacer una combinación de mayores facultades de las Fuerzas Armadas, o grupos élites, o preparación militar para los policías”, explica Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del CELS.

Aunque el informe aborda las “nuevas amenazas”, la política de drogas, basada en modelos prohibicionistas, se ha vuelto el problema central de las agendas políticas de los países, especialmente para Estados Unidos, que ha contribuido económica, técnica y militarmente a los gobiernos para combatir este flagelo. “EE. UU. promueve que los Estados latinoamericanos mejoren sus capacidades defensivas frente a los fenómenos que son caracterizados como amenazas para la región y, sobre todo, para ellos”. dice.

Y de todas las naciones beneficiadas, Colombia es la que más asistencia financiera ha recibido en el siglo XXI. Este dinero es invertido para compra de armamento y otros artículos, entrenamientos, operativos e inteligencia, sin embargo, su efectividad es cuestionada, pues las cifras de cultivos de uso ilícito en el país muestran lo contrario. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) informó que el área cultivada de coca creció en un 17 % de 2016 a 2017, lo que representa 171.000 hectáreas sembradas en todo el territorio nacional.

“Si uno mira los resultados de lo que ha sido la estrategia de guerra contra las drogas, desde la perspectiva prohibicionista y el control de la oferta, lo que uno puede identificar, a partir de información producida por Naciones Unidas o las agencias vinculadas a estos temas, es que ni siquiera ha sido eficaz en los propios términos de los objetivos que se plantean. No se ha reducido el consumo, ni las plantaciones, ni los niveles de violencia, sino todo lo contrario”, agregó Litvachky, insistiendo en la necesidad de abordar la problemática desde la demanda y una perspectiva de salud pública.

Este panorama de un Estados Unidos omnipresente en asuntos de política interna en la lucha contra el narcotráfico es una de las advertencias que CELS documentó en las conclusiones del informe. Litvachky concluyó que “ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamamos la atención sobre una de las notas comunes de este proceso, que es la influencia importante que está teniendo la cooperación estadounidense, y de algunos países centrales, en relación con la compra de armamento, la formación o capacitación de militares y policías, y la adopción de programas de luchas contra el crimen asociados con esta perspectiva militarista”.

La alternativa de la regulación para acabar con el mercado de drogas también ha estado con frecuencia en la agenda internacional. En reciente entrevista con El Espectador, María McFarland, directora ejecutiva de Drug Policy Alliance, explicó que el problema de Colombia es tan complejo, precisamente, por el mercado ilícito de drogas. “Y parte de la razón de eso es que la prohibición alimenta el crimen organizado y permite la existencia de un poder económico enorme en sectores criminales, que luego tienen la capacidad de corromper a autoridades, dijo McFarland. En ese mismo sentido, aseguró que a pesar de que ha habido un proceso de paz y una desmovilización de paramilitares, “mientras exista ese mercado ilícito, mientras las drogas sean ilegales, van a continuar teniendo este problema del poder del crimen organizado”. Aunque los esfuerzos, por el momento, se concentran en la prohibición, el debate sobre la necesidad de la regulación, a la luz de una lucha que ha sido calificada como un fracaso, sigue siendo una necesidad.

ggomezp@elespectador.com
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