“Da mala señal”: críticas a Petro por declaraciones sobre Pedro Castillo en Perú
La oposición y otros sectores señalan de equivocado al presidente al pedir que la CIDH aplique la Convención Americana de Derechos Humanos en el intento de autogolpe de Pedro Castillo.
No paran las críticas al presidente Gustavo Petro por sus recientes declaraciones sobre la situación del expresidente del Perú, Pedro Castillo, luego de su intento de dar un autogolpe de Estado.
(Lea: Pedro Castillo: Gustavo Petro se pronuncia sobre la caída del presidente de Perú)
Un día después de que la crisis se desatara en el país vecino, Petro expresó en su cuenta de Twitter que Castillo “indudablemente se equivocó” porque “la antidemocracia no se combate con antidemocracia”.
No obstante, en un siguiente trino, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aplicara la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que expidiera medidas cautelares en favor del presidente del Perú Pedro Castillo. Su argumento era que se había “conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento”.
El pedido, sin embargo, levantó ampolla por considerársele como desafortunado, pero también equivocado. La oposición fue su principal crítica. Por ejemplo, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, manifestó que el presidente “da una mala señal” con esa declaración a favor de Castillo.
(Más: Petro afirma que en Buenaventura se está dando el “primer proceso de paz urbano”)
“Cerrar el Congreso es un acto antidemocrático y grave. El solo intento debe tener consecuencias. El Presidente Petro da una mala señal. Pretende que un político quede blindado de manera absoluta por haber sido elegido; y no dice nada sobre el intento de cerrar el congreso”, afirmó.
El expresidente Andrés Pastrana también rechazó el pedido de Petro a la CIDH: “Presidente Petro, la Convención Americana de Derechos Humanos está para proteger los derechos humanos y la democracia, no para defender golpistas y dictadores de Izquierda”.
A su vez, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt indicó que le sorprendía la falta de contundencia del jefe de Estado con relación a las acciones de Pedro Castillo. “En vez de defender la democracia Petro intenta una narrativa de victimización de quien no pudo doblegar las instituciones democráticas. Todo presidente elegido democráticamente debe respetar la democracia”, aseguró. En ese sentido, Betancourt reiteró que la CIDH resolvió la petición de aplicar medidas cautelares a Castillo.
¿Qué dijo la CIDH sobre el caso del Perú y Pedro Castillo?
El pasado 8 de diciembre, la CIDH condenó las decisiones del expresidente del Perú, Pedro Castillo, por afectar el orden constitucional. Llamó además a “garantizar la gobernabilidad” de esta nación.
En su comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó que las decisiones de Castillo de disolver el Congreso, imponer un toque de queda, y reorganizar el sistema de justicia, desconocen el artículo 134 de la Constitución y decreta “la suspensión de derechos constitucionales relativos a la libertad de locomoción, asociación sin criterios específicos; y ordena, de manera unilateral, la reorganización de todo el poder judicial”.
(Le puede interesar: El mundo político reacciona al golpe de Estado en Perú; Petro aún no dice nada)
“La Comisión reconoce la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional y reafirma que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de derecho”, agregó el organismo internacional.
>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político
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Un día después de que la crisis se desatara en el país vecino, Petro expresó en su cuenta de Twitter que Castillo “indudablemente se equivocó” porque “la antidemocracia no se combate con antidemocracia”.
No obstante, en un siguiente trino, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aplicara la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que expidiera medidas cautelares en favor del presidente del Perú Pedro Castillo. Su argumento era que se había “conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento”.
El pedido, sin embargo, levantó ampolla por considerársele como desafortunado, pero también equivocado. La oposición fue su principal crítica. Por ejemplo, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, manifestó que el presidente “da una mala señal” con esa declaración a favor de Castillo.
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“Cerrar el Congreso es un acto antidemocrático y grave. El solo intento debe tener consecuencias. El Presidente Petro da una mala señal. Pretende que un político quede blindado de manera absoluta por haber sido elegido; y no dice nada sobre el intento de cerrar el congreso”, afirmó.
El expresidente Andrés Pastrana también rechazó el pedido de Petro a la CIDH: “Presidente Petro, la Convención Americana de Derechos Humanos está para proteger los derechos humanos y la democracia, no para defender golpistas y dictadores de Izquierda”.
A su vez, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt indicó que le sorprendía la falta de contundencia del jefe de Estado con relación a las acciones de Pedro Castillo. “En vez de defender la democracia Petro intenta una narrativa de victimización de quien no pudo doblegar las instituciones democráticas. Todo presidente elegido democráticamente debe respetar la democracia”, aseguró. En ese sentido, Betancourt reiteró que la CIDH resolvió la petición de aplicar medidas cautelares a Castillo.
¿Qué dijo la CIDH sobre el caso del Perú y Pedro Castillo?
El pasado 8 de diciembre, la CIDH condenó las decisiones del expresidente del Perú, Pedro Castillo, por afectar el orden constitucional. Llamó además a “garantizar la gobernabilidad” de esta nación.
En su comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó que las decisiones de Castillo de disolver el Congreso, imponer un toque de queda, y reorganizar el sistema de justicia, desconocen el artículo 134 de la Constitución y decreta “la suspensión de derechos constitucionales relativos a la libertad de locomoción, asociación sin criterios específicos; y ordena, de manera unilateral, la reorganización de todo el poder judicial”.
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“La Comisión reconoce la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional y reafirma que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de derecho”, agregó el organismo internacional.
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