El representante David Racero (Pacto Histórico) solicitó a la Procuraduría y a la Corte Suprema de Justicia para que investigue las denuncias de que habría cobrado parte de sus salarios a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
“Solicito comedidamente que, dentro del ámbito de sus competencias funcionales, se investigue mi proceder como congresista al frente de la gestión de la UTL a mí asignada, no solamente en lo relacionado con las personas y fechas relacionadas en la columna, sino durante todo el tiempo en que he tenido la calidad de representante”, se lee en dos documentos que radicó Racero ante la Corte Suprema -que es su juez natural- y la Procuraduría.
Según indican unos mensajes de Whatsapp publicados por Daniel Coronell en su columna de este domingo, Racero le habría pedido parte de sus salarios a miembros de su UTL y habría asignado a personal público a atender un negocio privado de su propiedad, un mercado fruver.
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El representante del Pacto dijo que entre él y Estefanía Montoya, miembro de su su UTL, se prestaban dinero con frecuencia y que quizás a eso obedecían las conversaciones a las que accedió el periodista. Ella, por su parte, cuestionó la autenticidad de los pantallazos de Whatsapp y dijo que en todo caso los dineros no tenían que ver con su sueldo.
Similar fue la respuesta de Montoya, quien señaló que “entre nosotros, y atendiendo a cuestiones privadas del ámbito de la amistad, hubo ocasiones en las cuales nos prestábamos dinero de manera temporal, tanto él a mí como yo a él, como alcanza a evidenciarse en los chatas interceptados que fueron publicados”.
Es de anotar que, en la actualidad, Montoya tiene un contrato con la ANT. Este tiene como objeto “prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras para planear, organizar, atender, gestionar y hacer seguimiento de los escenarios establecidos para la interlocución y negociación de los conflictos presentados en las diferentes comunidades, de acuerdo a la competencia de la entidad”.
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El acuerdo entre la ANT y Montoya se firmó en febrero pasado, por una cuantía de $135 millones durante siete meses. Posteriormente, se realizó una adición de $54 millones en un periodo de tres meses. Así, la cuantía total es de poco más de $189 millones.
Sobre la denuncia ya han reaccionado algunos congresistas. “¿Quién falta por entrar a la lista de corruptos?”, dijo el senador de la Alianza Verde Ariel Ávila, haciendo referencia al Pacto Histórico.
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