El brote de coronavirus ha golpeado a la economía colombiana, así lo demuestra el índice Colcap, que llegó a perder cerca de 10,23% en una sola jornada. La inestabilidad de los mercados ha estado acompañada del de cese de actividades de varias empresas mientras la contingencia y la reducción de la productividad y consumo ante el llamado de aislamiento social realizado por el gobierno nacional.
En medio de este panorama, que afecta directamente a la economía del país, senadores y representantes han dado conocer sus propuestas para afrontar la contingencia de la mejor manera y de la forma más pronta posible. Entre las muchas propuestas, una gran parte de ellas apunta a que desde el Gobierno se ordene el estado de excepción por emergencia económica y social.
Esta propuesta fue impulsada en un primer momento por la que se denomina la bancada joven del Congreso -Horacio José Serpa, Erasmo Elías Zuleta, Gabriel Santos, Laura Ester Fortich, Mauricio Toro, Carlos Manuel Meisel, Rodrigo Arturo Rojas, Ruby Helena Chagüi, y Emeterio Montes de Castro- y quedó registrada en una carta dirigida directamente al presidente Iván Duque.
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“Le solicitamos al señor Presidente que declare el estado de emergencia bajo los términos del artículo 215 de la Constitución Política a fin de que se expidan medidas lo suficientemente contundentes para aliviar los impactos económicos que van a padecer los hogares colombianos”, se puede leer en uno de los apartados de la misiva enviada al primer mandatario.
Esta propuesta también fue dada por el expresidente del Senado Efraín Cepeda: “Es necesario que el Gobierno declare emergencia económica para poder defender los empleos del país, ayudar a todos los sectores y al sistema de salud. Debemos conservar la calma, pero esta medida es absolutamente necesaria”.
La representante Adriana Magali Matiz también pidió al ejecutivo la declaratoria de emergencia económica para que se apliquen medidas de protección a las “micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 96% del tejido empresarial, aportan el 40% del Producto Interno Bruto, y generan más de 17 millones de empleos en nuestro país”.
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El senador John Milton Rodríguez, del partido Colombia Justa y Libres, se unió al pedido de que en el país se declare la emergencia económica y social para que se puedan tomar las medidas “de orden económico que resulten más benéficas para los hogares colombianos”.
La intención con la declaratoria de emergencia económica es que el presidente Iván Duque tenga un margen de maniobra bastante amplio en sus decisiones frente a la contingencia económica y así expedir leyes por decreto frente a estos temas, saltándose el complejo trámite en el poder legislativo.
Más allá de esta macropropuesta, los congresistas también han presentado planes económicos para disminuir los efectos a empresas y ciudadanos frente a la disminución en la producción por el coronavirus.
Además del pedido de decretar la emergencia económica, el senador Cepeda pidió al gobierno que se brinden ayudas económicas a los trabajadores informales, que pueden ser más del 48% de la población productiva. “El Gobierno debe dar asistencia a esta población vulnerable que con las medidas de prevención por el covid-19 no puede generar ingresos”, concluyó el congresista conservador.
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Una propuesta bastante similar a la dada por el senador de la Alianza Verde Juan luis Castro. Este pidió al gobierno subsidios y créditos para los trabajadores independiente que, a causa de la contingencia, ven afectados sus trabajos. Esta misma idea la dio el representante David Racero, que propuso dar subsidios a la población vulnerable e informal, acorde a un postulado del Fondo Monetario internacional (FMI) para enfrentar la contingencia.
Como uno de los primeros factores que se vería afectado sería el consumo, tra de las propuestas en común ha sido pedirle al Banco de la República que baje las tasas de interés. Una de las principales justificaciones es que esto “impulsaría la demanda interna”, tal como lo dice el representante Erasmo Elías Zuleta.
Congelar y ampliar el plazo para pagar los impuestos también ha sido constante en las proposiciones de los congresistas. El senador Barguil propuso que se mueva el calendario de pago de varios impuestos. A través de un comunicado, el representante Zuleta también pidió una ampliación de los plazos para el pago de la declaración de IVA del primer semestre de 2020 y el impuesto a la renta del 2019. Este beneficio sería principalmente para la aviación y el turismo, dos de los sectores más golpeados por la pandemia.
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El Centro Democrático hizo públicas, como bancada, sus propuestas para solventar los posibles efectos económicos de la contingencia. En estas también está incluido aplazar las fechas de las obligaciones tributarias tanto del IVA como la sobretasa a la energía y la declaración de renta. En el caso del predial, el partido de gobierno pidió que cada gobierno local lo posponga. Asimismo, pidió que la devolución del IVA, recién aprobado en la Ley de Crecimiento Económico, se aplique lo más pronto posible para ayudar a la población más vulnerable.
Por los lados del polo Democrático, el senador Wilson Arias también apoyó la propuesta de ampliar el plazo para el pago de los diferentes tributos. El representante de los Decentes David Racero también dio una propuesta similar, aunque estaría centrada en trabajadores independientes y en las pequeñas y grandes empresas.
Los servicios públicos es otro de los temas recurrentes en las exigencias de los parlamentarios al gobierno nacional. La representante Adriana Matiz pidió que a las empresas no se les cobre los servicios públicos mientras la contingencia. Mientras que Wilson Arias consideró en su paquete de propuestas que se garantice el mínimo vital de agua en todo el país y que se extienda este beneficio a otros servicios como la energía y teléfono, para así permitirle a la población tener más recursos para afrontar la dura situación económica.
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El pago de las obligaciones bancarias también fue un tema recurrente, debido a la posible reducción en las economías de los hogares. Por esta razón, los congresistas incluyeron en sus peticiones desde condonación de las cuotas, hasta la reducción de los intereses y la ampliación para el pago de estos. En el primer caso está la senadora Aida Avella, de la UP. Esta pidió que se le condone las cuotas de créditos de todo tipo de los meses de marzo y abril a la gente.
Por otro lado, el senador Wilson Arias propuso que se prohíba el desalojo a los deudores morosos durante la contingencia y que se abstengan de hacer reportes a las centrales de riesgo. En cambio, el representante del Atlántico José Gabriel Amar aconsejó crear un incentivo a los bancos para que estos puedan renegociar los créditos con la pymes y las personas naturales con proyectos de emprendimiento.
En el caso del representante David Racero, su paquete económico incluye suspender el pago de hipotecas y la negociación con los bancos para ampliar los plazos para el pago de las obligaciones crediticias. El senador conservador David Barguil también incluyó entre sus propuestas una congelación en el pago de créditos para que “el dinero se mantenga en el bolsillo de los colombianos y de las empresas”.
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Barguil también propuso una línea de crédito cero interés a través de Bancoldex, Banco Agrario y Findeter para el pago de nómina, y así “evitar que se pierdan empleos”. De igual manera, el senador incluyó en su paquete económico un subsidio de desempleo temporal. De forma similar, el Centro Democrático incluyó en sus propuestas el pedido de que las cajas de compensación adelanten el pago de este seguro “para mitigar el impacto negativo sobre los ingresos de hogares colombianos”.
Son múltiples las propuestas de corte económico hechas por los congresistas para solventar la crisis económica que desencadenaría el brote de coronavirus. Sin embargo, con el Congreso cerrado, la única forma de que estas sean aprobadas es a través del poder ejecutivo y solo bajo la declaración de emergencia económica. De otra forma, se tendría que esperar a que el poder legislativo reanude funciones para la discusión de estas ideas.