Cirugía a Dirección de Inteligencia derivó en alerta ante organismos internacionales

El decreto 1077 de 2024, que el gobierno del presidente Gustavo Petro firmó el pasado 23 de agosto para reestructurar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), saltó a instancias internacionales, luego de que la oposición radicara un recurso de advertencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) argumentando que esa cirugía le otorgaría facultades desproporcionadas para recolectar información sensible a una entidad bajo mando directo del jefe de Estado.

El decreto 1077 de 2024, que el gobierno del presidente Gustavo Petro firmó el pasado 23 de agosto para reestructurar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), saltó a instancias internacionales, luego de que la oposición radicara un recurso de advertencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) argumentando que esa cirugía le otorgaría facultades desproporcionadas para recolectar información sensible a una entidad bajo mando directo del jefe de Estado.

El documento oficial tomó vuelo días antes de que el mandatario denunciara la presunta compra en el gobierno de Iván Duque de un software espía, ‘Pegasus,’ para interceptar las comunicaciones en la campaña electoral y durante el paro nacional.

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En el decreto se ven las firmas del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique; y el director encargado de la DNI, Jorge Arturo Lemus. Y aunque ha transcurrido ya más de una semana, la noticia casi que ‘pasó de agache’ en medio de un panorama político agitado por el paro camionero, la reactivación del expediente Petro en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la incertidumbre en torno a la elaboración de pasaportes.

Ahora, con la denuncia que hizo Petro, y su petición a las autoridades de encontrar el software que se adquirió en 2021 por más de 11 millones de dólares, el documento podría tampoco tener la repercusión que, al menos, la oposición espera que tenga.

En efecto, en el sector opositor se prendieron las alarmas, pues ya en mayo se había filtrado un borrador de la DNI que pretendía centralizar los servicios de inteligencia del país, obligando al Ejército, la Policía y la Armada a entregar cualquier tipo de información que solicitara la entidad.

La polémica llegó incluso hasta el Legislativo, donde un mes después se citó a debate de control político a la entidad, que también debió responder por señalamientos de presuntas “chuzadas” a magistrados de las altas cortes.

Para ese momento, la dirección era comandada por Carlos Ramón González, exmilitante del M19 cercano a Petro y quien el 26 de julio renunció al cargo tras ser señalado por la Fiscalía General como responsable de haber direccionado contratos en el saqueo a la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Si bien la dirección salió del debate público, volvió a sonar cuando Lemus quedó como encargado de esta. El funcionario le dio su firma al comunicado, que a pesar de no hablar de la unificación del servicio de inteligencia, se mencionan algunos cambios como el de asignarle la responsabilidad a la Dirección de Contrainteligencia el desarrollar actividades para “salvaguardar el ordenamiento constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos, la soberanía y seguridad del orden nacional”.

En este punto, senadores de la oposición y de la Comisión Segunda, que aborda temas de seguridad, mencionan que no hay claridad de qué acto específicamente puede catalogarse como algo en contra del ordenamiento constitucional, siendo una premisa muy abierta y que puede usarse para encasillar ciertas expresiones políticas o ciudadanos que no sean del gusto del Gobierno.

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Aunque la recolección de información a través de fuentes humanas, medios técnicos, medios abiertos u operaciones específicas ya estaba contemplada en las anteriores normativas, que se firmaron durante e gobierno de Juan Manuel Santos, en el nuevo decreto no estarían claros los controles o restricciones para dichas actividades. Tampoco se especifica quién asumiría una supervisión de las mismas.

“Pretenden literalmente legalizar las chuzadas y sin que exista la necesidad de que haya una orden judicial para interceptar. Con un lenguaje confuso busca entregarse funciones para poder intervenir cualquier tipo de comunicación con la excusa de la seguridad nacional”, indicó el senador de Cambio Radical David Luna, quien además de demandar el decreto ante el Consejo de Estado, presentó una carta de advertencia ante la CIDH.

Sin embargo, la DNI se defendió de las críticas, sosteniendo en un comunicado que la modificación de la entidad es únicamente para una reestructuración interna de cargos y dependencias que existen desde hace 13 años: “De ninguna manera implica asignación de funciones o competencias distintas a las contenidas. Los cuestionamientos respecto a la novedad de dichas actividades carecen de fundamento”.

De hecho, el Gobierno explicó que los ajustes son necesarios para la optimización de la función pública y efectividad de la misionalidad de las actividades de inteligencia y contrainteligencia.

No obstante, la dirección admitió que sí hay vacíos conceptuales en las actividades de inteligencia y contrainteligencia, pero no debido al decreto, sino por una debilidad constitucional y un déficit normativo.

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Precisamente, al Estado se le ordenó en 2023 reformar la Ley de Inteligencia y los manuales de las agencias de inteligencia, por lo que el Gobierno junto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia están modificando los manuales de la DNI y presentarán públicamente una versión.

Adicionalmente, está puesto sobre la mesa la alternativa de redactar un proyecto al respecto para presentar ante el Legislativo, que últimamente no le marcha al Gobierno, tanto que la reforma a la salud (un proyecto del corazón de Petro) ni siquiera ha sido radicado, al parecer por falta de consenso.

La oposición espera, una vez se calme el escenario político, reactivar el debate entorno a la DNI, poniéndole la lupa al decreto que acaba de ser firmado y demandado ante el alto tribunal. Además, la CIDH podría observar de cerca las nuevas normativas.

Lea la demanda ante el Consejo de Estado

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