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El pasado martes, la Corte Suprema emitió un fallo histórico ante una tutela que pedía garantías a la protesta. En este concluyó que la Fuerza Pública, especialmente el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), ha hecho en el último tiempo una intervención sistemática, violenta y arbitraria en las movilizaciones sociales. El alto tribunal reseñó sobre todo las acciones de las autoridades durante el paro nacional de 2019, en el que la acción policial dejó varios heridos y la muerte de Dilan Cruz.
Además de este importante diagnóstico, la Corte ordenó al Ejecutivo tomar una serie de acciones para garantizar la protesta social y para que no se vuelvan a presentar hechos como los ocurridos el año pasado. Entre las medidas está un acto administrativo para garantizar la neutralidad del Ejecutivo frente a la protesta, crear protocolos para limitar el uso de la fuerza, suspender el uso de escopetas calibre 12 y un pedido de disculpas por parte del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por los excesos cometidos en 2019 y en las manifestaciones por la muerte de Jorge Ordóñez a manos de la policía.
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Ante la determinación, el Gobierno ya hizo un primer pronunciamiento este miércoles en el que salió en defensa de la acción de la Fuerza Pública. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo anunció que mantendrá su autonomía e independencia en este proceso, por lo que se creará una comisión que revisará el cumplimiento del fallo.
“En el marco del acompañamiento de los manifestantes pacíficos en el ejercicio efectivo de sus derechos, he dispuesto reforzar el sistema pera recibir quejas y denuncias por parte de los ciudadanos que se sientan vulnerados en sus derechos. Y, en segundo lugar, he decidido integrar un grupo al interior de la Defensoría para que acompañe la revisión y el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Suprema”, fue la breve declaración del defensor del Pueblo, Carlos Camargo, para revelar esta comisión de seguimiento.
Este nuevo pronunciamiento se une al anuncio de la Defensoría del Pueblo este martes de que participará en la mesa de trabajo convocada por Presidencia para reestructurar las directrices sobre el uso de la fuerza en las manifestaciones sociales. “Es la oportunidad para construir mecanismos que hagan realidad derechos y deberes de los ciudadanos”, expresó el Ministerio Público sobre la invitación. A pesar de que apenas lleva poco menos de un mes, el papel de Carlos Camargo ha estado en duda al ser este la ficha del gobierno Duque.
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El histórico fallo de la Corte Suprema llega justo en el momento en el que país enfrenta nuevas movilizaciones ante el descontento por la situación económica durante la pandemia y en rechazo de la violencia policial que dejó en menos de 3 días cerca de 14 muertos. Mientras que desde la oposición se celebró el pronunciamiento, el Gobierno ha sido más reacio en algunos de los puntos de la determinación judicial.
En la mañana de este miércoles, el ministro Carlos Holmes Trujillo anunció que le pedirá a la Corte Constitucional que revise el fallo proferido en segunda instancia por la Corte Suprema. Asimismo, y hasta el momento, no ha ofrecido disculpas por los excesos policiales, sino que se los achacó a la conducta de unos cuantos uniformados. Es preciso reseñar que el alto tribunal le dio 48 horas al Ministerio de Defensa para que presentara excusas por las acciones irregulares cometidas por la Policía en 2019 y ahora último en septiembre de 2020.
“La Fuerza Pública, en particular el Esmad, no incurre institucionalmente en excesos, y en los casos a partir del 21 de noviembre de 2019, en los que pudo existir exceso por parte de la Fuerza Pública, estos corresponderían a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes, por inobservancia de la Constitución, la ley, los reglamentos y protocolos”, expresó Trujillo en su intervención, en la que volvió a insistir en que los protocolos de la Fuerza Pública están “ajustado a los estándares internacionales sobre los Derechos Humanos, para proteger la vida, derechos y libertades, la integridad, bienes y honra”.
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De igual manera justificó la acción del Esmad en que solo responden a “las acciones violentas e irracionales que constituyen delito”. Y por último, volvió a reseñar sobre una supuesta reforma interna a la Policía que viene llevando a cabo el Gobierno desde hace unos meses. Sobre esta labor se llegó a saber por primera vez en la invitación que le hizo el Senado a Trujillo para hablar de lo ocurrido en Bogotá 9 Y 10 de septiembre.