Defensoría informó a la CIDH de 584 casos de violación a los DD. HH. durante el paro

Una vez concluido el encuentro con el Gobierno, los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se desplazaron hasta la Defensoría del Pueblo para adelantar una audiencia privada con Carlos Camargo y otros funcionarios del Ministerio Público, que entregaron un informe sobre la situación en materia de derechos humanos en el marco del paro nacional.

Los hechos que hizo públicos el defensor Camargo a la Comisión van desde el 28 de abril hasta el 3 de junio, corte que fijaron para la entrega del informe. Antes de hablar de cifras y casos, el funcionario expuso las que serían las causas que llevaron a los y las colombianas a salir a las calles, pese al tercer pico de la pandemia en el país.

“Los últimos años pueden definirse como una cronología de hechos y acontecimientos de crisis que hoy concurren, sostienen y se ven rejadas en las reivindicaciones de las movilizaciones social de 2021. De una parte, a la acrecentada polarización política que recientemente se evidencia exacerbada en un año preelectoral, se suman aspectos como la pandemia y la migración, sin olvidar que Colombia es un país con grave situación de Derechos Humanos por causa de la persistencia del conflicto armado no internacional”, fue el análisis preliminar que les planteó Camargo a la CIDH.

Lea más: Comenzó audiencia privada de la CIDH con Gobierno y otras instituciones

Por la pandemia, el defensor trajo a colación cifras como que el 42% de los colombianos pasaron a situación de pobreza y el 15% a pobreza extrema. A los indicadores sociales, también señaló que hay una preocupación y un rechazo tajante a la violencia que son objeto los y las lideresas sociales.

Y, por otro lado, el número de venezolanos que han entrado al país. Más de 1′700.000. “De estos 762.823 están en situación regular y 966.714 en condición irregular”, comentó.

“En el contexto que acabo de describir y pese a que las autoridades habían advertido de los riesgos asociados a la propagación del COVID-19 en el marco del tercer pico de la pandemia que vive Colombia, el denominado paro nacional y las manifestaciones han tenido una fuerte acogida por la población, especialmente por los jóvenes”, señaló Camargo.

Entrado en el panorama actual, la Defensoría ha contabilizado 12.288 actividades de manifestación: 6.218 concentraciones, 2.281 marchas, 3.144 obstrucciones de vías, 620 movilizaciones y 25 asambleas, ocurridas tanto en lo urbano como en lo rural.

Durante el 28 de abril y 3 de junio, el defensor señaló que su institución ha recibido 417 quejas por presuntas vulneraciones a los derechos humanos. De estas, “se contabilizan 584 violaciones a los derechos humanos, siendo la más recurrente la vulneración de derecho a la integridad personal, la libertad de reunión, el derecho a la vida, la libertad de circulación, libertad personal, libertad de opinión, expresión y buscar información, debido proceso y garantías judiciales, derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres, derechos reconocidos a defensores y presuntos hechos de desaparición”, apunta.

Para la Defensoría, son 489 personas afectadas en sus derechos, en los que se encuentran jóvenes, estudiantes, mujeres, defensores de derechos humanos, integrantes de la Fuerza Pública, líderes sociales, menos de edad, sindicalistas, periodistas, campesinos e indígenas.

De los casos, se presume que el 73% de estos los responsables de las afectaciones a los derechos es la Fuerza Pública, en su mayoría la Policía.

Los casos más graves son los de presunto homicidio. “45 son reportes provenientes del Valle del Cauca, todos hombres y tres servidores públicos”. En cuanto a las desapariciones, la Defensoría acogió el término “personas sin ubicar” y señaló que les llegó 783 reportes. “Tras un proceso de depuración efectuado sobre 317 reportes, se han entregado a la Mesa Interinstitucional de Coordinación 465 casos, a fin de solicitar la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente”.

De estos 465, se han localizado a 196 personas, se descartaron 153 casos y otros 91 siguen activos. “De la información preliminar enviada por la Fiscalía sobre 101 personas localizadas, se puede concluir que el 64% de las mismas se encontraban en ausencia voluntaria, el 34% habían sido conducidos en el marco del denominado Traslado por Protección, y el 2% capturados para judicialización”.

Más: CIDH recibirá testimonios de manera virtual a través de este link

En cuanto a las agresiones personales y otras afectaciones de derechos, las denuncian han sido por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía y el Esmad (puños, patadas, empujones, armas menos letales a corta distancia, entre otras acciones), gases lacrimógenos arrojados dentro de viviendas, la dispersión de manifestaciones pacíficas, amenazas e intimidaciones y la tolerancia a acciones violentas por parte de terceros.

“Se menciona posibles hechos de privación ilegal y/o arbitraria de la libertad, los cuales en la actualidad son objeto de investigación por parte de la Fiscalía. Al mismo tiempo, resulta preocupante que muchas de las quejas recibidas por la entidad versen sobre actos de abuso que habrían sido cometidos durante el procedimiento denominado jurídicamente como ‘traslado de protección’”, advirtió el procurador.

Agregó: “El traslado por protección sigue siendo, pese a nuestras advertencias y recomendaciones, una medida que se presta para abusos, incluso para fines de judicialización, cuando su objetivo no es otro que proteger a la persona conducida”.

Para esto, el defensor comentó a la CIDH que se está trabajando en un lineamiento para este tipo de procedimientos para que haya una verdadera garantía de protección y para que su uso sea excepcional y “estableciendo directrices para evitar la violencia basada en género”.

En el capítulo sobre violencia de género, la Defensoría manifestó tener conocimiento de 113 hechos de violencia por razón de género. Uno de estos la víctima es una uniformada, los demás son atribuidos a la Policía y el Esmad, en los que en su mayoría ocurrieron precisamente durante el traslado por protección.

El defensor también abrió espacio para hablar sobre las vulneraciones al trabajo de la prensa. “233 periodistas y medios de comunicación en el cubrimiento del paro han sufrido 201 agresiones”, en los que el principal agresor en la Fuerza Pública.

De los casos anteriormente expuestos, la Defensoría ha traslado 236 quejas por faltas que constituyen en delitos a la Inspección de la Policía, Procuraduría y Fiscalía.

Además de esto, el defensor habló sobre la situación de los migrantes que da pie a dos perspectivas. La primera, la estigmatización de estos por su relación con hechos delictivos y su supuesta participación de estos en los actos de violencia durante la movilización, principalmente en Cali y Bogotá. Sin embargo, aún no hay información sobre este hecho en el marco del paro.

También: Las nueve prácticas “sistemáticas” de la Policía contra manifestantes en el Paro Nacional entregadas a la CIDH.

Y, en segundo lugar, las afectaciones que han tenido los migrantes a causa de los bloqueos. Unos porque su principal fuente de ingreso son los domicilios y los otros porque tenían la intención de viajar desde Nariño hasta Cúcuta para retornar al país y tuvieron que quedarse en Cali por los cierres en las vías.

Sobre los casos contra la población indígena, el defensor Camargo recalcó sobre dos casos, sin excluir el ataque del que fueron objeto por parte de civiles armados que se registró el pasado 9 de mayo en Cali. De esto, resultaron ocho personas heridas.

“Claramente se trata de un contexto en el que se cometieron graves violaciones de derechos humanos, que hemos rechazado de forma constante y contundente desde que empezamos a registrarlo”, manifestó Camargo.

Presentado esto, el defensor tampoco desestimó la situación sanitaria que se ha complicado debido a las movilizaciones sostenidas en el pasado mes. “Las manifestaciones masivas han generado que el pico de la pandemia en que tuvieron inicio se ha convertido en un valle con pico ascendente que hoy tiene el saldo más alto de muertos por día desde que inició la pandemia en Colombia. Alrededor de 23.000 casos de contagio y más de 500 muertes al día”.

Y tampoco dejó de hablar de las víctimas de la Fuerza Pública, de las que se reportan dos policías muertos, 1.240 agentes lesionados y 141 estaciones de Policía afectadas. Le sumó las afectaciones a la infraestructura, siendo el transporte público uno de los sectores más afectados.

“La magnitud de la violencia utilizada no es propia del ejercicio de la manifestación pública y pacífica, ni con la forma en que se habían desarrollado las protestas en años anteriores. Hemos realizado seguimiento a través de nuestra delegada para el Sistema de Alertas Tempranas sobre las posibles infiltraciones a las manifestaciones por parte de Grupos Armados”, dijo sin dar un informe sobre si se encontró o no participación de estos grupos.

La situación de las afectaciones no termina ahí. La cabeza de la Defensoría también habló sobre los impactos de los bloqueos, de los que, a lo largo del paro, se han contado más de 3.100 obstrucciones a las vías, las cuales han impedido el paso de elementos médicos y sanitarios, por lo que la institución a mediado en 36 procesos para que se deje circular oxígenos, ambulancias, pacientes, medicamentos, vacunas, jeringas, entre otros elementos.

De estos, el defensor presentó los dos casos de bebés que fallecieron en ambulancias que se movilizaban por las carreteras afectadas. La alimentación, la justicia y el empleo fueron otros puntos perjudicados por las protestas y los bloqueos, de los que Camargo hizo mención.

Entre las labores de la Defensoría que destacó Camargo en el marco del paro se cuenta la revisión a por lo menos 497 secciones del Esmad con las que se verificó la debida identificación del personal y los implementos a usar en caso de alteraciones al orden público; la activación de 286 corredores humanitarios para el tránsito de alimentos, vacunas combustibles y misiones médicas; 415 mediaciones para que la protesta permaneciera pacífica; entre otras resoluciones y recomendaciones para el respeto de los derechos humanos.

“La institucionalidad tiene una responsabilidad directa sobre la solución de la situación, pero no podemos olvidar que en estos casos la solución no es simplemente formal o de papel, sino que debe ser profunda y surgir desde la generación y consensos que puedan materializarse. Y aquí resulta determinante la presencia y participación activa de la CIDH, pues sabemos que sus competencias y el marco de acción propio de este Organismo Internacional no es solo con los Estados y las Instituciones, sino que es determinante la interacción, en campo, con los actores sociales y el conocimiento amplio de la realidad colombiana, para lo cual, la Defensoría del Pueblo ofrece su total apoyo y colaboración”, concluyó el defensor, agradeciendo la presencia de la delegación al país.

Una vez concluido el encuentro con el Gobierno, los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se desplazaron hasta la Defensoría del Pueblo para adelantar una audiencia privada con Carlos Camargo y otros funcionarios del Ministerio Público, que entregaron un informe sobre la situación en materia de derechos humanos en el marco del paro nacional.

Los hechos que hizo públicos el defensor Camargo a la Comisión van desde el 28 de abril hasta el 3 de junio, corte que fijaron para la entrega del informe. Antes de hablar de cifras y casos, el funcionario expuso las que serían las causas que llevaron a los y las colombianas a salir a las calles, pese al tercer pico de la pandemia en el país.

“Los últimos años pueden definirse como una cronología de hechos y acontecimientos de crisis que hoy concurren, sostienen y se ven rejadas en las reivindicaciones de las movilizaciones social de 2021. De una parte, a la acrecentada polarización política que recientemente se evidencia exacerbada en un año preelectoral, se suman aspectos como la pandemia y la migración, sin olvidar que Colombia es un país con grave situación de Derechos Humanos por causa de la persistencia del conflicto armado no internacional”, fue el análisis preliminar que les planteó Camargo a la CIDH.

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Por la pandemia, el defensor trajo a colación cifras como que el 42% de los colombianos pasaron a situación de pobreza y el 15% a pobreza extrema. A los indicadores sociales, también señaló que hay una preocupación y un rechazo tajante a la violencia que son objeto los y las lideresas sociales.

Y, por otro lado, el número de venezolanos que han entrado al país. Más de 1′700.000. “De estos 762.823 están en situación regular y 966.714 en condición irregular”, comentó.

“En el contexto que acabo de describir y pese a que las autoridades habían advertido de los riesgos asociados a la propagación del COVID-19 en el marco del tercer pico de la pandemia que vive Colombia, el denominado paro nacional y las manifestaciones han tenido una fuerte acogida por la población, especialmente por los jóvenes”, señaló Camargo.

Entrado en el panorama actual, la Defensoría ha contabilizado 12.288 actividades de manifestación: 6.218 concentraciones, 2.281 marchas, 3.144 obstrucciones de vías, 620 movilizaciones y 25 asambleas, ocurridas tanto en lo urbano como en lo rural.

Durante el 28 de abril y 3 de junio, el defensor señaló que su institución ha recibido 417 quejas por presuntas vulneraciones a los derechos humanos. De estas, “se contabilizan 584 violaciones a los derechos humanos, siendo la más recurrente la vulneración de derecho a la integridad personal, la libertad de reunión, el derecho a la vida, la libertad de circulación, libertad personal, libertad de opinión, expresión y buscar información, debido proceso y garantías judiciales, derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres, derechos reconocidos a defensores y presuntos hechos de desaparición”, apunta.

Para la Defensoría, son 489 personas afectadas en sus derechos, en los que se encuentran jóvenes, estudiantes, mujeres, defensores de derechos humanos, integrantes de la Fuerza Pública, líderes sociales, menos de edad, sindicalistas, periodistas, campesinos e indígenas.

De los casos, se presume que el 73% de estos los responsables de las afectaciones a los derechos es la Fuerza Pública, en su mayoría la Policía.

Los casos más graves son los de presunto homicidio. “45 son reportes provenientes del Valle del Cauca, todos hombres y tres servidores públicos”. En cuanto a las desapariciones, la Defensoría acogió el término “personas sin ubicar” y señaló que les llegó 783 reportes. “Tras un proceso de depuración efectuado sobre 317 reportes, se han entregado a la Mesa Interinstitucional de Coordinación 465 casos, a fin de solicitar la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente”.

De estos 465, se han localizado a 196 personas, se descartaron 153 casos y otros 91 siguen activos. “De la información preliminar enviada por la Fiscalía sobre 101 personas localizadas, se puede concluir que el 64% de las mismas se encontraban en ausencia voluntaria, el 34% habían sido conducidos en el marco del denominado Traslado por Protección, y el 2% capturados para judicialización”.

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En cuanto a las agresiones personales y otras afectaciones de derechos, las denuncian han sido por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía y el Esmad (puños, patadas, empujones, armas menos letales a corta distancia, entre otras acciones), gases lacrimógenos arrojados dentro de viviendas, la dispersión de manifestaciones pacíficas, amenazas e intimidaciones y la tolerancia a acciones violentas por parte de terceros.

“Se menciona posibles hechos de privación ilegal y/o arbitraria de la libertad, los cuales en la actualidad son objeto de investigación por parte de la Fiscalía. Al mismo tiempo, resulta preocupante que muchas de las quejas recibidas por la entidad versen sobre actos de abuso que habrían sido cometidos durante el procedimiento denominado jurídicamente como ‘traslado de protección’”, advirtió el procurador.

Agregó: “El traslado por protección sigue siendo, pese a nuestras advertencias y recomendaciones, una medida que se presta para abusos, incluso para fines de judicialización, cuando su objetivo no es otro que proteger a la persona conducida”.

Para esto, el defensor comentó a la CIDH que se está trabajando en un lineamiento para este tipo de procedimientos para que haya una verdadera garantía de protección y para que su uso sea excepcional y “estableciendo directrices para evitar la violencia basada en género”.

En el capítulo sobre violencia de género, la Defensoría manifestó tener conocimiento de 113 hechos de violencia por razón de género. Uno de estos la víctima es una uniformada, los demás son atribuidos a la Policía y el Esmad, en los que en su mayoría ocurrieron precisamente durante el traslado por protección.

El defensor también abrió espacio para hablar sobre las vulneraciones al trabajo de la prensa. “233 periodistas y medios de comunicación en el cubrimiento del paro han sufrido 201 agresiones”, en los que el principal agresor en la Fuerza Pública.

De los casos anteriormente expuestos, la Defensoría ha traslado 236 quejas por faltas que constituyen en delitos a la Inspección de la Policía, Procuraduría y Fiscalía.

Además de esto, el defensor habló sobre la situación de los migrantes que da pie a dos perspectivas. La primera, la estigmatización de estos por su relación con hechos delictivos y su supuesta participación de estos en los actos de violencia durante la movilización, principalmente en Cali y Bogotá. Sin embargo, aún no hay información sobre este hecho en el marco del paro.

También: Las nueve prácticas “sistemáticas” de la Policía contra manifestantes en el Paro Nacional entregadas a la CIDH.

Y, en segundo lugar, las afectaciones que han tenido los migrantes a causa de los bloqueos. Unos porque su principal fuente de ingreso son los domicilios y los otros porque tenían la intención de viajar desde Nariño hasta Cúcuta para retornar al país y tuvieron que quedarse en Cali por los cierres en las vías.

Sobre los casos contra la población indígena, el defensor Camargo recalcó sobre dos casos, sin excluir el ataque del que fueron objeto por parte de civiles armados que se registró el pasado 9 de mayo en Cali. De esto, resultaron ocho personas heridas.

“Claramente se trata de un contexto en el que se cometieron graves violaciones de derechos humanos, que hemos rechazado de forma constante y contundente desde que empezamos a registrarlo”, manifestó Camargo.

Presentado esto, el defensor tampoco desestimó la situación sanitaria que se ha complicado debido a las movilizaciones sostenidas en el pasado mes. “Las manifestaciones masivas han generado que el pico de la pandemia en que tuvieron inicio se ha convertido en un valle con pico ascendente que hoy tiene el saldo más alto de muertos por día desde que inició la pandemia en Colombia. Alrededor de 23.000 casos de contagio y más de 500 muertes al día”.

Y tampoco dejó de hablar de las víctimas de la Fuerza Pública, de las que se reportan dos policías muertos, 1.240 agentes lesionados y 141 estaciones de Policía afectadas. Le sumó las afectaciones a la infraestructura, siendo el transporte público uno de los sectores más afectados.

“La magnitud de la violencia utilizada no es propia del ejercicio de la manifestación pública y pacífica, ni con la forma en que se habían desarrollado las protestas en años anteriores. Hemos realizado seguimiento a través de nuestra delegada para el Sistema de Alertas Tempranas sobre las posibles infiltraciones a las manifestaciones por parte de Grupos Armados”, dijo sin dar un informe sobre si se encontró o no participación de estos grupos.

La situación de las afectaciones no termina ahí. La cabeza de la Defensoría también habló sobre los impactos de los bloqueos, de los que, a lo largo del paro, se han contado más de 3.100 obstrucciones a las vías, las cuales han impedido el paso de elementos médicos y sanitarios, por lo que la institución a mediado en 36 procesos para que se deje circular oxígenos, ambulancias, pacientes, medicamentos, vacunas, jeringas, entre otros elementos.

De estos, el defensor presentó los dos casos de bebés que fallecieron en ambulancias que se movilizaban por las carreteras afectadas. La alimentación, la justicia y el empleo fueron otros puntos perjudicados por las protestas y los bloqueos, de los que Camargo hizo mención.

Entre las labores de la Defensoría que destacó Camargo en el marco del paro se cuenta la revisión a por lo menos 497 secciones del Esmad con las que se verificó la debida identificación del personal y los implementos a usar en caso de alteraciones al orden público; la activación de 286 corredores humanitarios para el tránsito de alimentos, vacunas combustibles y misiones médicas; 415 mediaciones para que la protesta permaneciera pacífica; entre otras resoluciones y recomendaciones para el respeto de los derechos humanos.

“La institucionalidad tiene una responsabilidad directa sobre la solución de la situación, pero no podemos olvidar que en estos casos la solución no es simplemente formal o de papel, sino que debe ser profunda y surgir desde la generación y consensos que puedan materializarse. Y aquí resulta determinante la presencia y participación activa de la CIDH, pues sabemos que sus competencias y el marco de acción propio de este Organismo Internacional no es solo con los Estados y las Instituciones, sino que es determinante la interacción, en campo, con los actores sociales y el conocimiento amplio de la realidad colombiana, para lo cual, la Defensoría del Pueblo ofrece su total apoyo y colaboración”, concluyó el defensor, agradeciendo la presencia de la delegación al país.