Del “fast track” al “slow track”

A duras penas, el quórum en el Senado alcanzó para aprobar una conciliación. Se trataba del proyecto de acto legislativo que asegura el monopolio de las armas al Estado y que, por ende, prohíbe cualquier tipo de apoyo, ya sea creación, financiación, promoción, instigación o encubrimiento, entre otros asuntos, de grupos armados ilegales organizados de cualquier tipo. Sin embargo, cuando apenas se empezaba a votar el primero de más de una decena de impedimentos para continuar con la discusión de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la asistencia se deshizo y a Efraín Cepeda, presidente del Senado, le tocó levantar la plenaria. Por segunda ocasión, el debate de la columna vertebral del Acuerdo de Paz se tuvo que aplazar.

Nada sería tan preocupante si la hoja afilada del tiempo no amenazara tan de cerca la implementación. Ya todos hacen cuentas de los días de vigencia que le quedan al mecanismo del fast track, establecido para agilizar la aprobación de las leyes y reformas, de cara a tres grandes proyectos que están trabados en el Legislativo, bien sea porque los congresistas no asisten a los debates o porque las discusiones sobre algunos puntos complejos se tornan casi eternas: la estatutaria de la JEP, la reforma política y la creación de las 16 circunscripciones especiales de paz.

En cuanto a la JEP, hubo llamados desde el Partido de la U para que los senadores acudieran a discutir y votar la iniciativa. Los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti pidieron mayor liderazgo por parte del Gobierno, que ya empieza, en mala hora, a ver menguadas sus fuerzas en el interior del Congreso. “El nombre de este ausentismo es indolencia: o no les duele o no entienden lo que está en juego. No pueden traicionarse los acuerdos porque puede incendiarse el país. La seguridad jurídica de la paz depende de que se vote la JEP”, dijo Barreras, y aprovechó para lanzar críticas a Rodrigo Rivera, alto comisionado para la Paz, quien, según dijo, ni siquiera se ha dignado a ir al recinto del Senado para defender la iniciativa.

“Quince de 18 senadores de la U estamos apoyando la JEP. Si el Gobierno no ejerce liderazgo, van a tener que sacarla por conmoción interior”, comentó por su parte Benedetti, al calificar de “débil y sin liderazgo” al gobierno de Santos. Desde otros sectores surgieron llamados para que la Casa de Nariño concierte con los partidos políticos la ley estatutaria. Lo cierto es que la votación de esta iniciativa se ha convertido, prácticamente, en una oportunidad para el chantaje y en los pasillos del Capitolio se comentan las intenciones de varios legisladores que exigen puestos en entidades del Estado a cambio de los votos que se necesitan para empezar a darle luz verde a la ley que pone a operar la justicia transicional.

Lea: ¿Los Pepes del Congreso?

Por fortuna, el asunto no era igual en la Cámara. Allá la cosa avanzaba con la discusión de los últimos artículos que le restan a la reforma política para hacer su paso al Senado. Muy temprano se aprobó el artículo 10, como venía en la ponencia, más las proposiciones añadidas en la sesión del miércoles pasado, quedando incluidas la lista cerrada y bloqueada y las coaliciones para todo tipo de partidos. Más tarde, luego de una extensa discusión sobre las implicaciones que tendría el hecho de que sólo el Estado garantizara el transporte público y que los partidos no pudiesen contratar este tipo de servicios en poblaciones rurales, fue aprobado el artículo 4°, excluyendo este asunto. El artículo también definió que la financiación anual para el funcionamiento de los partidos políticos con personería jurídica sería del 0,4 por mil del presupuesto nacional cada año y que el control de proveedores se mantendría tal como hoy lo establece el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sin embargo, el grueso del debate se mantuvo en el artículo 3°, que hace un cambio importante en el modelo y las condiciones para que un movimiento político adquiera la personería jurídica. En pocas palabras, es el paso del sistema del umbral de votación a un sistema de afiliados, de manera que las fuerzas minoritarias puedan gozar de uno de los derechos de los partidos —el de postular candidatos— luego de lograr un número de afiliados correspondiente al 0,3 % del censo electoral nacional.

Anoche, las críticas de los partidos apuntaban a que se aproximaba una proliferación de partidos de garaje, razón para que Guillermo Rivera, ministro del Interior, hiciera la defensa del que considera “el corazón de la reforma política”. “En este punto, el Acuerdo es bastante explícito y habla de abrir el sistema político, permitir que nuevas fuerzas irrumpan, por eso hay que desligar el umbral de la obtención de la personería jurídica, que es una condición bastante exigente para el surgimiento de nuevas organizaciones”, señaló. Llevándolo a términos prácticos, la aprobación de este punto le podría dar personería a movimientos como el de Sergio Fajardo, que, a pesar de estar en la contienda política desde hace 18 años y de la popularidad de su líder —uno de los punteros en las encuestas a la Presidencia—, aún no ha logrado alcanzar el umbral de votación. Rivera, igualmente, aseguró que hay condiciones para evitar esa “proliferación” de partidos de garaje, como el aumento gradual del porcentaje de afiliados hasta llegar al 0,5 %. Cuando finalizaba la discusión de ese este artículo no se logró la mayoría absoluta ni siquiera para aprobar el transfugismo.

La preocupación, igualmente, persiste tanto desde el Gobierno como desde los sectores afines a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc). “Hay que dar el mensaje y es que ha habido un incumplimiento con varios proyectos que ya no alcanzaron a pasar por fast track, pero no puede ser igual con las tres iniciativas que ya están en trámite y que son vitales (…) los congresistas tienen una responsabilidad sobre sus hombros y es que el incumplimiento puede desatar nuevos ciclos de violencia política, que es lo que siempre ha pasado en este país”, fueron las palabras de Jairo Rivera, de Voces de Paz. La discusión sobre la reforma política espera ser superada este miércoles para continuar en la plenaria de la Cámara con las circunscripciones especiales de paz. 

A duras penas, el quórum en el Senado alcanzó para aprobar una conciliación. Se trataba del proyecto de acto legislativo que asegura el monopolio de las armas al Estado y que, por ende, prohíbe cualquier tipo de apoyo, ya sea creación, financiación, promoción, instigación o encubrimiento, entre otros asuntos, de grupos armados ilegales organizados de cualquier tipo. Sin embargo, cuando apenas se empezaba a votar el primero de más de una decena de impedimentos para continuar con la discusión de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la asistencia se deshizo y a Efraín Cepeda, presidente del Senado, le tocó levantar la plenaria. Por segunda ocasión, el debate de la columna vertebral del Acuerdo de Paz se tuvo que aplazar.

Nada sería tan preocupante si la hoja afilada del tiempo no amenazara tan de cerca la implementación. Ya todos hacen cuentas de los días de vigencia que le quedan al mecanismo del fast track, establecido para agilizar la aprobación de las leyes y reformas, de cara a tres grandes proyectos que están trabados en el Legislativo, bien sea porque los congresistas no asisten a los debates o porque las discusiones sobre algunos puntos complejos se tornan casi eternas: la estatutaria de la JEP, la reforma política y la creación de las 16 circunscripciones especiales de paz.

En cuanto a la JEP, hubo llamados desde el Partido de la U para que los senadores acudieran a discutir y votar la iniciativa. Los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti pidieron mayor liderazgo por parte del Gobierno, que ya empieza, en mala hora, a ver menguadas sus fuerzas en el interior del Congreso. “El nombre de este ausentismo es indolencia: o no les duele o no entienden lo que está en juego. No pueden traicionarse los acuerdos porque puede incendiarse el país. La seguridad jurídica de la paz depende de que se vote la JEP”, dijo Barreras, y aprovechó para lanzar críticas a Rodrigo Rivera, alto comisionado para la Paz, quien, según dijo, ni siquiera se ha dignado a ir al recinto del Senado para defender la iniciativa.

“Quince de 18 senadores de la U estamos apoyando la JEP. Si el Gobierno no ejerce liderazgo, van a tener que sacarla por conmoción interior”, comentó por su parte Benedetti, al calificar de “débil y sin liderazgo” al gobierno de Santos. Desde otros sectores surgieron llamados para que la Casa de Nariño concierte con los partidos políticos la ley estatutaria. Lo cierto es que la votación de esta iniciativa se ha convertido, prácticamente, en una oportunidad para el chantaje y en los pasillos del Capitolio se comentan las intenciones de varios legisladores que exigen puestos en entidades del Estado a cambio de los votos que se necesitan para empezar a darle luz verde a la ley que pone a operar la justicia transicional.

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Por fortuna, el asunto no era igual en la Cámara. Allá la cosa avanzaba con la discusión de los últimos artículos que le restan a la reforma política para hacer su paso al Senado. Muy temprano se aprobó el artículo 10, como venía en la ponencia, más las proposiciones añadidas en la sesión del miércoles pasado, quedando incluidas la lista cerrada y bloqueada y las coaliciones para todo tipo de partidos. Más tarde, luego de una extensa discusión sobre las implicaciones que tendría el hecho de que sólo el Estado garantizara el transporte público y que los partidos no pudiesen contratar este tipo de servicios en poblaciones rurales, fue aprobado el artículo 4°, excluyendo este asunto. El artículo también definió que la financiación anual para el funcionamiento de los partidos políticos con personería jurídica sería del 0,4 por mil del presupuesto nacional cada año y que el control de proveedores se mantendría tal como hoy lo establece el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sin embargo, el grueso del debate se mantuvo en el artículo 3°, que hace un cambio importante en el modelo y las condiciones para que un movimiento político adquiera la personería jurídica. En pocas palabras, es el paso del sistema del umbral de votación a un sistema de afiliados, de manera que las fuerzas minoritarias puedan gozar de uno de los derechos de los partidos —el de postular candidatos— luego de lograr un número de afiliados correspondiente al 0,3 % del censo electoral nacional.

Anoche, las críticas de los partidos apuntaban a que se aproximaba una proliferación de partidos de garaje, razón para que Guillermo Rivera, ministro del Interior, hiciera la defensa del que considera “el corazón de la reforma política”. “En este punto, el Acuerdo es bastante explícito y habla de abrir el sistema político, permitir que nuevas fuerzas irrumpan, por eso hay que desligar el umbral de la obtención de la personería jurídica, que es una condición bastante exigente para el surgimiento de nuevas organizaciones”, señaló. Llevándolo a términos prácticos, la aprobación de este punto le podría dar personería a movimientos como el de Sergio Fajardo, que, a pesar de estar en la contienda política desde hace 18 años y de la popularidad de su líder —uno de los punteros en las encuestas a la Presidencia—, aún no ha logrado alcanzar el umbral de votación. Rivera, igualmente, aseguró que hay condiciones para evitar esa “proliferación” de partidos de garaje, como el aumento gradual del porcentaje de afiliados hasta llegar al 0,5 %. Cuando finalizaba la discusión de ese este artículo no se logró la mayoría absoluta ni siquiera para aprobar el transfugismo.

La preocupación, igualmente, persiste tanto desde el Gobierno como desde los sectores afines a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc). “Hay que dar el mensaje y es que ha habido un incumplimiento con varios proyectos que ya no alcanzaron a pasar por fast track, pero no puede ser igual con las tres iniciativas que ya están en trámite y que son vitales (…) los congresistas tienen una responsabilidad sobre sus hombros y es que el incumplimiento puede desatar nuevos ciclos de violencia política, que es lo que siempre ha pasado en este país”, fueron las palabras de Jairo Rivera, de Voces de Paz. La discusión sobre la reforma política espera ser superada este miércoles para continuar en la plenaria de la Cámara con las circunscripciones especiales de paz.