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Desde febrero pasado, cuando se anunció el nombramiento de Bernard Aronson como delegado del gobierno de Estados Unidos para el proceso de paz que el gobierno colombiano adelanta en La Habana con las Farc, se habló de un posible “conflicto de intereses”, teniendo en cuenta que, además de diplomático, Aronson es un exitoso empresario. En concreto, es fundador y director de Acon Investments LLC, firma de inversiones con sede en Washington, con varios negocios en Colombia y otros países de América Latina y con más de US$2.800 millones de capital gestionado.
En julio de 2013 la empresa londinense Capital International Private Equity Fund (Cipef) y Acon adquirieron la colombiana Vetra Energía, uno de los productores independientes de petróleo más grandes del país. En ese entonces se dijo que el monto del negocio ascendió a los US$300 millones. Acon ya había hecho varias transacciones en Colombia, como la venta de su participación en Carulla Vivero a Almacenes Éxito hace algunos años, e inversiones en la compañía de financiamiento Credivalores y en el grupo de aseo Sala, de propiedad del español Florentino Pérez.
Vetra es una compañía nacida en 2003 y fundada en Colombia por varios exejecutivos de Petróleos de Venezuela. Uno de ellos era Humberto Calderón, quien fue presidente de PDVSA y de la OPEP. El meollo del asunto es que los 19 camiones cisterna a los que las Farc obligaron a derramar cerca de 200.000 galones de petróleo el lunes pasado, en el corredor Puerto Vega-Teteyé, cerca dePuerto Asís (Putumayo), salieron de campos de Vetra.
El derrame generó una emergencia ambiental en la región. Son más de 80 mil las personas afectadas (ver balcón página 9) y el presidente Juan Manuel Santos lo calificó como “sin sentido” e “irracional”. “Uno se pregunta: ¿qué utilidad militar o de otra índole puede traer derramar petróleo para contaminar nuestras fuentes de agua? ¿O dejar sin energía a poblaciones pobres? Esa no es la vía, no es el camino para lograr la reconciliación y para hacer esa paz”, dijo.
Según explicó el Departamento de Estado de Estados Unidos en su momento, el hecho de que Bernard Aronson fuera el delegado de ese país en las negociaciones de paz con las Farc no genera ningún conflicto de intereses, pues el gobierno estadounidense tiene la autoridad para contratar expertos, consultores y otros asesores que sirvan de forma temporal sin que estos tengan la obligación de renunciar a su vida privada profesional.
Por ahora no ha habido pronunciamientos del gobierno colombiano ni de las Farc, mucho menos del Departamento de Estado. En abril, en una entrevista para el diario El Tiempo, al preguntársele por ese posible conflicto de intereses como mediador y empresario, Aronson respondió: “Eso fue revisado por el Departamento de Estado y se concluyó que no lo hay. Pedí específicamente que no me pagaran por este trabajo. Lo hago porque quiero a Colombia y porque mi presidente y secretario de Estado me lo pidieron”.