“Delegué funciones, pero no responsabilidades”: Luis Gilberto Murillo

Ministro-embajador, usted dijo esta semana: “No vamos a firmar un nuevo contrato que se haya originado en situaciones que consideramos irregulares”, refiriéndose al que terminó adjudicando José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería, para la impresión de los pasaportes. En forma precisa, ¿en qué se basará el Gobierno para “no firmar” lo que parece irremediablemente suscrito?

En que el entonces secretario Salazar no tenía competencia para proferir las resoluciones que profirió. Actúo en forma inconsulta y por su cuenta, aprovechándose de una delegación que no fue dada para ese propósito. Infortunadamente, el doctor Salazar tomó tres decisiones mediante un ejercicio abusivo de su cargo, pues en ningún momento le di instrucción para que actuara de ese modo. No podemos celebrar un contrato producto de una actuación irregular. Ante la gravedad del asunto, nos hemos tomado el tiempo de revisar cuál es el medio jurídico más adecuado para solucionar esta particular y extraordinaria situación.

No se acaba de entender cómo ni por qué un secretario, así tenga la facultad legal de hacerlo, se atreve a actuar en contravía de sus superiores. ¿Usted ha podido desentrañar ese misterio? ¿Qué motivos adujo el exsecretario Salazar para hacer lo que hizo, según usted lo ha podido averiguar?

Es inconcebible, así es. Tal como usted lo describe, es algo de no creer. Lo único que yo puedo hacer es formular las denuncias correspondientes para que las autoridades competentes investiguen. Y así he procedido. No puedo entrar a realizar ninguna conjetura. Solo espero que se investigue y se esclarezca esa actuación.

Salazar dice, en primer lugar, que usted le devolvió la representación legal del Fondo Rotatorio de la Cancillería que el canciller Leyva había asumido para el despacho ministerial, y que es la oficina de la Secretaría General la que se encarga de los procesos de contratación. ¿Esa afirmación de Salazar es cierta? Y si lo es, ¿por qué usted firmó la resolución en que lo habilitaba de tal modo que él adquiriera el poder de adjudicación?

La delegación que realicé el día 22 de febrero estuvo motivada en que, tan pronto recibí el compromiso de ocupar este cargo y conocedor de que este es el asunto contractual más complejo que afronta la Cancillería, la Secretaría General tuviera la competencia para dirigir los procesos contractuales relacionados con ese objeto. Fue una decisión gerencial, si se quiere, pues es el secretario general el que tiene la capacidad de gestión para hacerle frente. Y fue tomada con alguna urgencia, porque di la instrucción inmediata de suspender la licitación LP 003 —la que se está adelantando en este momento—, con el específico propósito de que se revisaran muy bien las más de 500 observaciones que se le hicieron al proyecto de pliego de condiciones.

Es decir, ¿usted delegó al secretario general para que adelantara las tareas que requería ese proceso, pero no para que tomara decisiones?

Sí. Delegué para hacerle frente al asunto y suspender el proceso en curso con el único propósito de contar con la seguridad de que estábamos recorriendo el camino correcto: la delegación nunca fue entregada para que se adoptaran decisiones frente a la licitación adelantada el año pasado, que ya estaba finalizada. Eso no pasa por la cabeza de nadie. Para mí era claro que se trataba de un debate judicial y no atribuí ninguna competencia para que se modificaran decisiones adoptadas antes del inicio de mi gestión. Eso solo se le ocurrió al doctor Salazar.

En debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, usted dijo: “Delegué funciones, pero no responsabilidades”. ¿Salazar los engañó a usted y al presidente? ¿Se podría decir que actuó de mala fe, puesto que lo hizo a espaldas de ustedes?

Sí señor, delegué funciones, pero no responsabilidades porque, como acabo de explicar, la delegación se hizo para que la Secretaría General realizara la dirección del proceso de contratación, pero en ningún momento para que actuara sin contar con la instrucción del ministro, sobre todo, en una decisión de un asunto tan sensible para la nación. La explicación jurídica de “delegué funciones, pero no responsabilidades” está en el hecho de que el delegante no se desprende de sus deberes de control y vigilancia, por lo que el delegatario debe actuar siempre atendiendo la instrucción y orientación del delegante y no guiado por el secretismo y la total falta de transparencia. Salazar actuó de manera totalmente inconsulta. Así fue y él mismo lo admite.

No puedo dejar de preguntarle si en el Gobierno piensan —y si usted lo cree— que Salazar, amigo de Leyva y llevado por este a la Cancillería, actuó de acuerdo con el suspendido ministro o si también lo “traicionó” a él, según el término usado por el presidente para referirse a que el exsecretario actuó contra las instrucciones públicas del mandatario.

Prefiero no responder su pregunta. No tengo suficientes elementos de juicio para hacerlo.

En otros temas, esta semana se conoció el informe 20 23, para Colombia, sobre Estrategias para el Control Internacional de Narcóticos (INCRS por su sigla en inglés), del Departamento de Estado. Los resultados son agridulces: de un lado, reporta 10 % más de toneladas de coca decomisadas y 12 % más de laboratorios destruidos; pero, del otro, afirma que la erradicación de cultivos ilícitos disminuyó en 70 %. ¿Perdieron el año el país y el Gobierno según ese informe?

Absolutamente no, y los pilares del abordaje holístico (enfoque del problema) en el que coincidimos con Estados Unidos son más que evidentes en ese reporte. Por ejemplo, ahí se destaca el papel fundamental del desarrollo rural, el desarrollo social y la seguridad rural como motores de transición hacia alternativas lícitas para cientos de familias que hoy son cultivadoras en pequeña escala. Destaca también los aciertos en materia de interdicción de nuestras autoridades, así como el trabajo conjunto para combatir el lavado de activos y reducir la demanda, atacando directamente las finanzas de las organizaciones criminales.

Entonces, ¿está satisfecho con el estado de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos?

Por supuesto. Tan solo esta semana en su visita, el director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Rahul Gupta —el funcionario de más alto rango en materia de política de control de drogas de la Casa Blanca—, felicitó a Colombia por nuestros esfuerzos en materia de lucha contra el narcotráfico. El trabajo de las autoridades colombianas, sumado a la estrecha cooperación con sus pares en Estados Unidos, llevó a que el año pasado fueran incautadas 743 toneladas de cocaína con un valor comercial de US$23 billones que nunca llegaron al mercado internacional. Y esto es reconocido por Estados Unidos.

De todos modos, en el informe “Estrategias para el control internacional de narcóticos” del Departamento de Estado que le cité, se advierte que para revertir los resultados negativos no solo habría que incrementar sustancialmente las erradicaciones forzosas y voluntarias sino llegar con desarrollo y seguridad a las zonas rurales, como usted lo plantea. Pero se sabe no hay dinero para lograr semejante milagro.

Una de las prioridades del Gobierno es la inversión para robustecer el desarrollo rural en zonas dedicadas a la producción de coca. El propósito es la transformación de esos territorios. Más del 60 % de los recursos que se reciben de una cuenta especial administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) están siendo invertidos en comunidades rurales afectadas por el conflicto y las economías criminales que lo soportan. Paralelamente, en 2024 se destinará una partida importante a la continuidad de la profesionalización del Ejército y al aumento de pie de fuerza, con el objetivo de complementar el esfuerzo de desarrollo territorial, con seguridad mediante una fuerte presencia del Estado. Nuestro trabajo conjunto continúa y la cooperación entre Colombia y Estados Unidos, desde este renovado enfoque, está muy bien articulada.

Se sabe que la oposición tiene grandes aliados en la política estadounidense y que sus voceros viajan con frecuencia para incidir o tratar de hacerlo ante oficinas del Gobierno y del Congreso en contra de la administración Petro. ¿Los congresistas del Centro Democrático y otros han logrado tensionar las relaciones entre ambos países?

Su pregunta ejemplifica de manera clara la fortaleza de la democracia en nuestro país y, sobre todo, el respeto mostrado por el Gobierno del presidente Petro a los distintos actores de nuestra institucionalidad. Para contestarle, le pongo un ejemplo sobre la fluidez de la relación bilateral: en las últimas dos semanas tuvimos la visita de una delegación bipartidista de once congresistas y de la subsecretaria de Transporte de Estados Unidos, Polly Trottenberg, en Bogotá. En esa misma semana, los ministros colombianos de Defensa y Justicia tuvieron reuniones del más alto nivel en Washington. Y nuestras directoras de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC) y de la Unidad de Víctimas también fueron para sostener diversos encuentros con la administración Biden, el Congreso y delegados de Naciones Unidas. No queda duda de que la relación bilateral está en un muy buen momento.

Aunque hay buenas relaciones entre los dos países, según usted relata, ¿la prevención contra una administración identificada como de izquierda se siente en Washington y su trabajo de embajador se ha dificultado, en las oficinas del Gobierno y el Congreso?

Nuestra relación bilateral se basa en el respeto, pero, sobre todo, en el reconocimiento al trabajo que hacemos en la región de manera conjunta. Es una relación que supera los cambios del ciclo político en ambas naciones. En un gobierno de coalición de centro-izquierda como el nuestro, liderado por un presidente de izquierda como es Gustavo Petro, se privilegian las áreas comunes de trabajo conjunto en las cuales estamos de acuerdo porque compartimos valores y enfrentamos desafíos muy similares. Ambos gobiernos valoramos la relación bilateral más allá de los pilares tradicionales.

¿Como cuáles?

Como la seguridad, la crisis climática, la cooperación en materia de inclusión social y de educación y salud que estamos ampliando, entre otras áreas. La relación se ha diversificado sustancialmente y en el llamado diálogo de alto nivel entre los dos países hemos llegado a más de cien compromisos en distintos sectores públicos de las dos naciones. Claro, la política exterior colombiana en este momento de cambio es progresista, soberana y autónoma, sin muchos de los alineamientos del pasado.

¿Y ese factor crea tensiones?

Tenemos puntos de desencuentro con Estados Unidos, pero los tratamos con la franqueza y apertura propias de dos naciones que tienen una relación muy especial. Creemos en el multilateralismo y, en este aspecto, el presidente Petro ha propuesto un nuevo marco de diálogo con Estados Unidos y con el norte en torno a un nuevo pacto democrático que lleve a una transformación de la gobernanza global como plataforma para enderezar el peligroso camino que está transitando la comunidad internacional y evitar el desastre. En este contexto, los temas de respuesta a la emergencia climática, la protección de la biodiversidad, una transición energética justa, la descarbonización y oferta de energías de limpias de fuentes renovables no-convencionales juegan un papel central. Es importante resaltar que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y desde nuestra Embajada en Estados Unidos, seguimos trabajando para profundizar nuestras ya cercanas relaciones.

¿Cuánto tiempo será usted ministro: los tres meses de suspensión del canciller Leyva o será permanente? Hay rumores al respecto…

El presidente Petro me dio la tarea temporal del encargo de la Cancillería al tiempo con las responsabilidades de la Embajada en Washington. La conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores es una labor momentánea debido a la coyuntura derivada de la suspensión del canciller Álvaro Leyva. Desde cuando asumí el encargo que me hizo el presidente Petro, empecé a actuar, y estoy trabajando junto con los funcionarios del ministerio. Pero, reitero, tiene carácter temporal.

Murillo, un embajador a prueba de ministro

El ministro (e) de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo llega a tan alto cargo en el Ejecutivo, además de tener, en propiedad, la representación de Colombia en la embajada ante Estados Unidos, en un momento crítico: el del lío monumental del contrato por $600 mil millones de pesos para la elaboración e impresión de los pasaportes colombianos, que ha tenido tropiezos legales, políticos y hasta intrigas partidistas evidenciadas en el hecho insólito de su adjudicación por un secretario de segundo nivel quien, a espaldas de sus superiores jerárquicos, firmó a nombre del Estado con la empresa Thomas Greg & Sons: una corporación privada sobre la cual hay muchas dudas por haber resultado favorecida para el mismo oficio público repetidas veces y sin competidores que le hagan mella, en un lapso de más de dos décadas. Si bien como embajador en Washington, Murillo ha brillado por su experiencia académica y amistades en esa ciudad, sobre todo, entre los miembros del Congreso, en la cancillería pueden ponerse a prueba sus capacidades ejecutivas pero, ante todo, su habilidad política para sortear el bulto de anzuelos en que se ha convertido ese que hoy es el contrato-problema número uno del gobierno Petro.

De Andagoya, Chocó, a Moscú y Washington

Una inusual trayectoria vital ha tenido el ministro encargado de la cancillería, Luis Gilberto Murillo: de 57 años y nacido en el joven municipio de Andagoya, Chocó, a 75 kilómetros de Quibdó y tan solo con 5 mil 800 habitantes en la cabecera urbana, terminó estudiando su carrera de Ingeniería de Minas en la Universidad Estatal Geológica de Moscú por cuenta de una beca de Icetex. Regresó al país con esposa rusa y, desde entonces, ha recibido ofertas de trabajo, y las ha ejercido, en los gobiernos nacionales y locales de César Gaviria, Antanas Mockus y Juan Manuel Santos, entre otros, además de haber logrado ser elegido como gobernador de su departamento en 1998. En el año 2000, en medio de rivalidades políticas regionales que condujeron a debatir judicialmente su segunda elección, el actual ministro de Relaciones Exteriores fue secuestrado por un grupo paramilitar. Producto de ese plagio, se refugió en Washington con su familia en donde tuvo que desempeñar oficios humildes al principio hasta cuando logró posicionarse y ocuparse en trabajos académicos y de investigación en reputados centros de pensamiento. Por eso, la capital de Estados Unidos, en donde hoy se mueve en elegantes escenarios diplomáticos, es su segundo hogar.

Ministro-embajador, usted dijo esta semana: “No vamos a firmar un nuevo contrato que se haya originado en situaciones que consideramos irregulares”, refiriéndose al que terminó adjudicando José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería, para la impresión de los pasaportes. En forma precisa, ¿en qué se basará el Gobierno para “no firmar” lo que parece irremediablemente suscrito?

En que el entonces secretario Salazar no tenía competencia para proferir las resoluciones que profirió. Actúo en forma inconsulta y por su cuenta, aprovechándose de una delegación que no fue dada para ese propósito. Infortunadamente, el doctor Salazar tomó tres decisiones mediante un ejercicio abusivo de su cargo, pues en ningún momento le di instrucción para que actuara de ese modo. No podemos celebrar un contrato producto de una actuación irregular. Ante la gravedad del asunto, nos hemos tomado el tiempo de revisar cuál es el medio jurídico más adecuado para solucionar esta particular y extraordinaria situación.

No se acaba de entender cómo ni por qué un secretario, así tenga la facultad legal de hacerlo, se atreve a actuar en contravía de sus superiores. ¿Usted ha podido desentrañar ese misterio? ¿Qué motivos adujo el exsecretario Salazar para hacer lo que hizo, según usted lo ha podido averiguar?

Es inconcebible, así es. Tal como usted lo describe, es algo de no creer. Lo único que yo puedo hacer es formular las denuncias correspondientes para que las autoridades competentes investiguen. Y así he procedido. No puedo entrar a realizar ninguna conjetura. Solo espero que se investigue y se esclarezca esa actuación.

Salazar dice, en primer lugar, que usted le devolvió la representación legal del Fondo Rotatorio de la Cancillería que el canciller Leyva había asumido para el despacho ministerial, y que es la oficina de la Secretaría General la que se encarga de los procesos de contratación. ¿Esa afirmación de Salazar es cierta? Y si lo es, ¿por qué usted firmó la resolución en que lo habilitaba de tal modo que él adquiriera el poder de adjudicación?

La delegación que realicé el día 22 de febrero estuvo motivada en que, tan pronto recibí el compromiso de ocupar este cargo y conocedor de que este es el asunto contractual más complejo que afronta la Cancillería, la Secretaría General tuviera la competencia para dirigir los procesos contractuales relacionados con ese objeto. Fue una decisión gerencial, si se quiere, pues es el secretario general el que tiene la capacidad de gestión para hacerle frente. Y fue tomada con alguna urgencia, porque di la instrucción inmediata de suspender la licitación LP 003 —la que se está adelantando en este momento—, con el específico propósito de que se revisaran muy bien las más de 500 observaciones que se le hicieron al proyecto de pliego de condiciones.

Es decir, ¿usted delegó al secretario general para que adelantara las tareas que requería ese proceso, pero no para que tomara decisiones?

Sí. Delegué para hacerle frente al asunto y suspender el proceso en curso con el único propósito de contar con la seguridad de que estábamos recorriendo el camino correcto: la delegación nunca fue entregada para que se adoptaran decisiones frente a la licitación adelantada el año pasado, que ya estaba finalizada. Eso no pasa por la cabeza de nadie. Para mí era claro que se trataba de un debate judicial y no atribuí ninguna competencia para que se modificaran decisiones adoptadas antes del inicio de mi gestión. Eso solo se le ocurrió al doctor Salazar.

En debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, usted dijo: “Delegué funciones, pero no responsabilidades”. ¿Salazar los engañó a usted y al presidente? ¿Se podría decir que actuó de mala fe, puesto que lo hizo a espaldas de ustedes?

Sí señor, delegué funciones, pero no responsabilidades porque, como acabo de explicar, la delegación se hizo para que la Secretaría General realizara la dirección del proceso de contratación, pero en ningún momento para que actuara sin contar con la instrucción del ministro, sobre todo, en una decisión de un asunto tan sensible para la nación. La explicación jurídica de “delegué funciones, pero no responsabilidades” está en el hecho de que el delegante no se desprende de sus deberes de control y vigilancia, por lo que el delegatario debe actuar siempre atendiendo la instrucción y orientación del delegante y no guiado por el secretismo y la total falta de transparencia. Salazar actuó de manera totalmente inconsulta. Así fue y él mismo lo admite.

No puedo dejar de preguntarle si en el Gobierno piensan —y si usted lo cree— que Salazar, amigo de Leyva y llevado por este a la Cancillería, actuó de acuerdo con el suspendido ministro o si también lo “traicionó” a él, según el término usado por el presidente para referirse a que el exsecretario actuó contra las instrucciones públicas del mandatario.

Prefiero no responder su pregunta. No tengo suficientes elementos de juicio para hacerlo.

En otros temas, esta semana se conoció el informe 20 23, para Colombia, sobre Estrategias para el Control Internacional de Narcóticos (INCRS por su sigla en inglés), del Departamento de Estado. Los resultados son agridulces: de un lado, reporta 10 % más de toneladas de coca decomisadas y 12 % más de laboratorios destruidos; pero, del otro, afirma que la erradicación de cultivos ilícitos disminuyó en 70 %. ¿Perdieron el año el país y el Gobierno según ese informe?

Absolutamente no, y los pilares del abordaje holístico (enfoque del problema) en el que coincidimos con Estados Unidos son más que evidentes en ese reporte. Por ejemplo, ahí se destaca el papel fundamental del desarrollo rural, el desarrollo social y la seguridad rural como motores de transición hacia alternativas lícitas para cientos de familias que hoy son cultivadoras en pequeña escala. Destaca también los aciertos en materia de interdicción de nuestras autoridades, así como el trabajo conjunto para combatir el lavado de activos y reducir la demanda, atacando directamente las finanzas de las organizaciones criminales.

Entonces, ¿está satisfecho con el estado de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos?

Por supuesto. Tan solo esta semana en su visita, el director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Rahul Gupta —el funcionario de más alto rango en materia de política de control de drogas de la Casa Blanca—, felicitó a Colombia por nuestros esfuerzos en materia de lucha contra el narcotráfico. El trabajo de las autoridades colombianas, sumado a la estrecha cooperación con sus pares en Estados Unidos, llevó a que el año pasado fueran incautadas 743 toneladas de cocaína con un valor comercial de US$23 billones que nunca llegaron al mercado internacional. Y esto es reconocido por Estados Unidos.

De todos modos, en el informe “Estrategias para el control internacional de narcóticos” del Departamento de Estado que le cité, se advierte que para revertir los resultados negativos no solo habría que incrementar sustancialmente las erradicaciones forzosas y voluntarias sino llegar con desarrollo y seguridad a las zonas rurales, como usted lo plantea. Pero se sabe no hay dinero para lograr semejante milagro.

Una de las prioridades del Gobierno es la inversión para robustecer el desarrollo rural en zonas dedicadas a la producción de coca. El propósito es la transformación de esos territorios. Más del 60 % de los recursos que se reciben de una cuenta especial administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) están siendo invertidos en comunidades rurales afectadas por el conflicto y las economías criminales que lo soportan. Paralelamente, en 2024 se destinará una partida importante a la continuidad de la profesionalización del Ejército y al aumento de pie de fuerza, con el objetivo de complementar el esfuerzo de desarrollo territorial, con seguridad mediante una fuerte presencia del Estado. Nuestro trabajo conjunto continúa y la cooperación entre Colombia y Estados Unidos, desde este renovado enfoque, está muy bien articulada.

Se sabe que la oposición tiene grandes aliados en la política estadounidense y que sus voceros viajan con frecuencia para incidir o tratar de hacerlo ante oficinas del Gobierno y del Congreso en contra de la administración Petro. ¿Los congresistas del Centro Democrático y otros han logrado tensionar las relaciones entre ambos países?

Su pregunta ejemplifica de manera clara la fortaleza de la democracia en nuestro país y, sobre todo, el respeto mostrado por el Gobierno del presidente Petro a los distintos actores de nuestra institucionalidad. Para contestarle, le pongo un ejemplo sobre la fluidez de la relación bilateral: en las últimas dos semanas tuvimos la visita de una delegación bipartidista de once congresistas y de la subsecretaria de Transporte de Estados Unidos, Polly Trottenberg, en Bogotá. En esa misma semana, los ministros colombianos de Defensa y Justicia tuvieron reuniones del más alto nivel en Washington. Y nuestras directoras de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC) y de la Unidad de Víctimas también fueron para sostener diversos encuentros con la administración Biden, el Congreso y delegados de Naciones Unidas. No queda duda de que la relación bilateral está en un muy buen momento.

Aunque hay buenas relaciones entre los dos países, según usted relata, ¿la prevención contra una administración identificada como de izquierda se siente en Washington y su trabajo de embajador se ha dificultado, en las oficinas del Gobierno y el Congreso?

Nuestra relación bilateral se basa en el respeto, pero, sobre todo, en el reconocimiento al trabajo que hacemos en la región de manera conjunta. Es una relación que supera los cambios del ciclo político en ambas naciones. En un gobierno de coalición de centro-izquierda como el nuestro, liderado por un presidente de izquierda como es Gustavo Petro, se privilegian las áreas comunes de trabajo conjunto en las cuales estamos de acuerdo porque compartimos valores y enfrentamos desafíos muy similares. Ambos gobiernos valoramos la relación bilateral más allá de los pilares tradicionales.

¿Como cuáles?

Como la seguridad, la crisis climática, la cooperación en materia de inclusión social y de educación y salud que estamos ampliando, entre otras áreas. La relación se ha diversificado sustancialmente y en el llamado diálogo de alto nivel entre los dos países hemos llegado a más de cien compromisos en distintos sectores públicos de las dos naciones. Claro, la política exterior colombiana en este momento de cambio es progresista, soberana y autónoma, sin muchos de los alineamientos del pasado.

¿Y ese factor crea tensiones?

Tenemos puntos de desencuentro con Estados Unidos, pero los tratamos con la franqueza y apertura propias de dos naciones que tienen una relación muy especial. Creemos en el multilateralismo y, en este aspecto, el presidente Petro ha propuesto un nuevo marco de diálogo con Estados Unidos y con el norte en torno a un nuevo pacto democrático que lleve a una transformación de la gobernanza global como plataforma para enderezar el peligroso camino que está transitando la comunidad internacional y evitar el desastre. En este contexto, los temas de respuesta a la emergencia climática, la protección de la biodiversidad, una transición energética justa, la descarbonización y oferta de energías de limpias de fuentes renovables no-convencionales juegan un papel central. Es importante resaltar que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y desde nuestra Embajada en Estados Unidos, seguimos trabajando para profundizar nuestras ya cercanas relaciones.

¿Cuánto tiempo será usted ministro: los tres meses de suspensión del canciller Leyva o será permanente? Hay rumores al respecto…

El presidente Petro me dio la tarea temporal del encargo de la Cancillería al tiempo con las responsabilidades de la Embajada en Washington. La conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores es una labor momentánea debido a la coyuntura derivada de la suspensión del canciller Álvaro Leyva. Desde cuando asumí el encargo que me hizo el presidente Petro, empecé a actuar, y estoy trabajando junto con los funcionarios del ministerio. Pero, reitero, tiene carácter temporal.

Murillo, un embajador a prueba de ministro

El ministro (e) de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo llega a tan alto cargo en el Ejecutivo, además de tener, en propiedad, la representación de Colombia en la embajada ante Estados Unidos, en un momento crítico: el del lío monumental del contrato por $600 mil millones de pesos para la elaboración e impresión de los pasaportes colombianos, que ha tenido tropiezos legales, políticos y hasta intrigas partidistas evidenciadas en el hecho insólito de su adjudicación por un secretario de segundo nivel quien, a espaldas de sus superiores jerárquicos, firmó a nombre del Estado con la empresa Thomas Greg & Sons: una corporación privada sobre la cual hay muchas dudas por haber resultado favorecida para el mismo oficio público repetidas veces y sin competidores que le hagan mella, en un lapso de más de dos décadas. Si bien como embajador en Washington, Murillo ha brillado por su experiencia académica y amistades en esa ciudad, sobre todo, entre los miembros del Congreso, en la cancillería pueden ponerse a prueba sus capacidades ejecutivas pero, ante todo, su habilidad política para sortear el bulto de anzuelos en que se ha convertido ese que hoy es el contrato-problema número uno del gobierno Petro.

De Andagoya, Chocó, a Moscú y Washington

Una inusual trayectoria vital ha tenido el ministro encargado de la cancillería, Luis Gilberto Murillo: de 57 años y nacido en el joven municipio de Andagoya, Chocó, a 75 kilómetros de Quibdó y tan solo con 5 mil 800 habitantes en la cabecera urbana, terminó estudiando su carrera de Ingeniería de Minas en la Universidad Estatal Geológica de Moscú por cuenta de una beca de Icetex. Regresó al país con esposa rusa y, desde entonces, ha recibido ofertas de trabajo, y las ha ejercido, en los gobiernos nacionales y locales de César Gaviria, Antanas Mockus y Juan Manuel Santos, entre otros, además de haber logrado ser elegido como gobernador de su departamento en 1998. En el año 2000, en medio de rivalidades políticas regionales que condujeron a debatir judicialmente su segunda elección, el actual ministro de Relaciones Exteriores fue secuestrado por un grupo paramilitar. Producto de ese plagio, se refugió en Washington con su familia en donde tuvo que desempeñar oficios humildes al principio hasta cuando logró posicionarse y ocuparse en trabajos académicos y de investigación en reputados centros de pensamiento. Por eso, la capital de Estados Unidos, en donde hoy se mueve en elegantes escenarios diplomáticos, es su segundo hogar.