Demandas contra la nación suman ya $350,5 billones

Al 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, había 451.398 procesos activos en contra de la nación, con pretensiones por $350,5 billones. Respecto del pago de condenas, la deuda generada por sentencias y conciliaciones a cargo de entidades públicas del orden nacional alcanzó el año pasado $5,1 billones, mientras que los pagos realizados ascendieron sólo a $730.000 millones. Los análisis indican que esa deuda por pagar por esas sentencias y conciliaciones crece 24 % en promedio cada año. Es decir, de continuar esta tendencia, en 10 años el capital adeudado alcanzará los $16,7 billones, los cuales, sumados al pago de intereses de mora establecidos en la normatividad, podrían alcanzar los $24 billones.

En relación con la defensa internacional del Estado colombiano, al 19 de febrero de 2018 se reportaban ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIPDH) 547 procesos por pretensiones que alcanzan los $20.000 millones. Entre ellos, 541 peticiones y casos en trámite ante la Comisión Interamericana y seis en conocimiento de la Corte. En cuanto a los conflictos derivados de controversias internacionales de inversión, a la fecha se registran seis procesos en curso, por valor de US$3.183 millones.

Un panorama preocupante que ha llevado al gobierno de Juan Manuel Santos a estructurar un proyecto de ley de creación del “Estatuto de la Defensa Jurídica del Estado”, con el fin de crear un sistema que asegure una defensa judicial adecuada, proteja el patrimonio público y garantice los derechos de los ciudadanos, según reza el texto de 117 páginas conocido por El Espectador. La iniciativa, que sería radicada en los primeros días de la legislatura que arranca este 20 de julio en el Congreso, ya ha sido puesta en conocimiento del equipo de empalme del presidente electo, Iván Duque.

Mucho se ha hablado de que gran parte de esas demandas contra la nación corresponde a pretensiones entabladas con el único fin de saquear la plata de todos los colombianos. “Hay una industria de abogados dedicada a esquilmar al Estado y a extraer recursos de todos para favorecer a unas pocas personas, abusando de la ley”, reconoce Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia Jurídica del Estado. De ahí que la premisa es que se requiere de la adopción urgente de medidas para impedir la fuga de recursos públicos que deberían destinarse al desarrollo de políticas sociales.

Y el diagnóstico de la problemática que hace el proyecto es contundente: entre otros puntos, se reconoce que la defensa jurídica no se ha posicionado como política de Estado y hay una gran desarticulación en torno a sus metas, prioridades y estrategias; existen vacíos en la regulación de la responsabilidad extracontractual de la nación, que generan desigualdad en la reparación a las víctimas, inseguridad jurídica, incoherencia e insostenibilidad fiscal, o que la acción de repetición se torna ineficaz por deficiencia de los elementos probatorios con los que se pretende demostrar el dolo o la culpa grave.

Asimismo se concluye que, pese a que el Estado es un deudor con ausencia de riesgo, la ley le impone el interés más alto del mercado por el retardo en el cumplimiento de sentencias y obligaciones derivadas del uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Por otra parte, es limitado el marco de acción de las entidades públicas frente a sentencias que afectan el criterio de sostenibilidad fiscal; la estructura institucional de la defensa jurídica de las entidades públicas presenta debilidades que generan ineficiencia, y existe una cultura del litigio inconsciente y, en algunos casos, temeraria, que encuentra en las controversias contra el Estado un espacio favorable para obtener beneficios particulares en detrimento del patrimonio público. Finalmente, no hay articulación de información y datos.

Para el Gobierno, la ausencia de regulación da para que las personas abusen de su derecho y afecten los de la colectividad. En este sentido, el estatuto busca “proteger el patrimonio público como un bien de suma importancia y valor en el ordenamiento jurídico, mediante la regulación de conductas relacionadas, por ejemplo, con las actuaciones de personas que pretenden una indemnización mayor frente a otras que sufrieron un mismo daño y perjuicio; o aquellas que pretenden más de una indemnización por el mismo daño; o abogados, jueces o árbitros que conocen de casos en los que se evidencien conflictos de intereses”.

En esencia, dice el proyecto, se quiere generar una cultura ciudadana y profesional de protección al patrimonio público e imponer obligaciones a las autoridades públicas para la adecuada gestión de la defensa. Así, se plantea, entre otros aspectos, la creación del Sistema de Defensa Jurídica del Estado y se define que el Ministerio de Justicia será su ente rector y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica el coordinador. Y enfatiza en la necesidad de articular labores con los organismos de control: Procuraduría y Contraloría.

Incluso se habla de la participación activa del Consejo Superior de la Judicatura, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y la justicia penal militar, considerando que en el marco de esa política de defensa jurídica del Estado es imprescindible, en lo que se refiere a la integridad de la información básica relacionada con el curso de los procesos, la condena a las entidades públicas y servidores públicos, y la reparación a las víctimas de daños antijurídicos. “Para ello es esencial crear accesos de interoperabilidad entre los sistemas de información institucionales”, dice el proyecto.

Otro de los puntos resalta la importancia de la participación de la academia para fortalecer competencias relacionadas con la ética profesional, gerencia jurídica pública, gestión de conocimiento y respeto por el patrimonio público. “Tales temas no sólo deben estar dirigidos a los estudiantes de derecho sino, en general, a todos los estudiantes universitarios, por cuanto el desarrollo de la política de defensa jurídica del Estado es un tema multidisciplinario que requiere del fortalecimiento de las habilidades de quienes se encuentran al servicio del Estado y de la sociedad”, dice el texto. Y finalmente establece de manera general la participación ciudadana en la política de la defensa jurídica, “con el fin de lograr el desarrollo de una gestión pública efectiva y eficaz, y el ejercicio adecuado y responsable de sus derechos y deberes”.

Con una recomendación especial: “De los ciudadanos se espera que cuando participen como abogados al formular la demanda e intervenir en el proceso judicial, actúen con ética, probidad, lealtad procesal y transparencia, de manera que con su actuar contribuyan al buen funcionamiento de la administración de justicia. Asimismo deben evitar la presentación de supuestos fácticos y pretensiones tendientes a distorsionar el juicio del operador jurídico y que puedan afectar injustificada o temerariamente el patrimonio de las entidades públicas”. El proyecto está en sus últimos retoques y le corresponderá al gobierno entrante impulsarlo en el Congreso con la urgencia que la situación amerita.

Al 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, había 451.398 procesos activos en contra de la nación, con pretensiones por $350,5 billones. Respecto del pago de condenas, la deuda generada por sentencias y conciliaciones a cargo de entidades públicas del orden nacional alcanzó el año pasado $5,1 billones, mientras que los pagos realizados ascendieron sólo a $730.000 millones. Los análisis indican que esa deuda por pagar por esas sentencias y conciliaciones crece 24 % en promedio cada año. Es decir, de continuar esta tendencia, en 10 años el capital adeudado alcanzará los $16,7 billones, los cuales, sumados al pago de intereses de mora establecidos en la normatividad, podrían alcanzar los $24 billones.

En relación con la defensa internacional del Estado colombiano, al 19 de febrero de 2018 se reportaban ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIPDH) 547 procesos por pretensiones que alcanzan los $20.000 millones. Entre ellos, 541 peticiones y casos en trámite ante la Comisión Interamericana y seis en conocimiento de la Corte. En cuanto a los conflictos derivados de controversias internacionales de inversión, a la fecha se registran seis procesos en curso, por valor de US$3.183 millones.

Un panorama preocupante que ha llevado al gobierno de Juan Manuel Santos a estructurar un proyecto de ley de creación del “Estatuto de la Defensa Jurídica del Estado”, con el fin de crear un sistema que asegure una defensa judicial adecuada, proteja el patrimonio público y garantice los derechos de los ciudadanos, según reza el texto de 117 páginas conocido por El Espectador. La iniciativa, que sería radicada en los primeros días de la legislatura que arranca este 20 de julio en el Congreso, ya ha sido puesta en conocimiento del equipo de empalme del presidente electo, Iván Duque.

Mucho se ha hablado de que gran parte de esas demandas contra la nación corresponde a pretensiones entabladas con el único fin de saquear la plata de todos los colombianos. “Hay una industria de abogados dedicada a esquilmar al Estado y a extraer recursos de todos para favorecer a unas pocas personas, abusando de la ley”, reconoce Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia Jurídica del Estado. De ahí que la premisa es que se requiere de la adopción urgente de medidas para impedir la fuga de recursos públicos que deberían destinarse al desarrollo de políticas sociales.

Y el diagnóstico de la problemática que hace el proyecto es contundente: entre otros puntos, se reconoce que la defensa jurídica no se ha posicionado como política de Estado y hay una gran desarticulación en torno a sus metas, prioridades y estrategias; existen vacíos en la regulación de la responsabilidad extracontractual de la nación, que generan desigualdad en la reparación a las víctimas, inseguridad jurídica, incoherencia e insostenibilidad fiscal, o que la acción de repetición se torna ineficaz por deficiencia de los elementos probatorios con los que se pretende demostrar el dolo o la culpa grave.

Asimismo se concluye que, pese a que el Estado es un deudor con ausencia de riesgo, la ley le impone el interés más alto del mercado por el retardo en el cumplimiento de sentencias y obligaciones derivadas del uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Por otra parte, es limitado el marco de acción de las entidades públicas frente a sentencias que afectan el criterio de sostenibilidad fiscal; la estructura institucional de la defensa jurídica de las entidades públicas presenta debilidades que generan ineficiencia, y existe una cultura del litigio inconsciente y, en algunos casos, temeraria, que encuentra en las controversias contra el Estado un espacio favorable para obtener beneficios particulares en detrimento del patrimonio público. Finalmente, no hay articulación de información y datos.

Para el Gobierno, la ausencia de regulación da para que las personas abusen de su derecho y afecten los de la colectividad. En este sentido, el estatuto busca “proteger el patrimonio público como un bien de suma importancia y valor en el ordenamiento jurídico, mediante la regulación de conductas relacionadas, por ejemplo, con las actuaciones de personas que pretenden una indemnización mayor frente a otras que sufrieron un mismo daño y perjuicio; o aquellas que pretenden más de una indemnización por el mismo daño; o abogados, jueces o árbitros que conocen de casos en los que se evidencien conflictos de intereses”.

En esencia, dice el proyecto, se quiere generar una cultura ciudadana y profesional de protección al patrimonio público e imponer obligaciones a las autoridades públicas para la adecuada gestión de la defensa. Así, se plantea, entre otros aspectos, la creación del Sistema de Defensa Jurídica del Estado y se define que el Ministerio de Justicia será su ente rector y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica el coordinador. Y enfatiza en la necesidad de articular labores con los organismos de control: Procuraduría y Contraloría.

Incluso se habla de la participación activa del Consejo Superior de la Judicatura, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y la justicia penal militar, considerando que en el marco de esa política de defensa jurídica del Estado es imprescindible, en lo que se refiere a la integridad de la información básica relacionada con el curso de los procesos, la condena a las entidades públicas y servidores públicos, y la reparación a las víctimas de daños antijurídicos. “Para ello es esencial crear accesos de interoperabilidad entre los sistemas de información institucionales”, dice el proyecto.

Otro de los puntos resalta la importancia de la participación de la academia para fortalecer competencias relacionadas con la ética profesional, gerencia jurídica pública, gestión de conocimiento y respeto por el patrimonio público. “Tales temas no sólo deben estar dirigidos a los estudiantes de derecho sino, en general, a todos los estudiantes universitarios, por cuanto el desarrollo de la política de defensa jurídica del Estado es un tema multidisciplinario que requiere del fortalecimiento de las habilidades de quienes se encuentran al servicio del Estado y de la sociedad”, dice el texto. Y finalmente establece de manera general la participación ciudadana en la política de la defensa jurídica, “con el fin de lograr el desarrollo de una gestión pública efectiva y eficaz, y el ejercicio adecuado y responsable de sus derechos y deberes”.

Con una recomendación especial: “De los ciudadanos se espera que cuando participen como abogados al formular la demanda e intervenir en el proceso judicial, actúen con ética, probidad, lealtad procesal y transparencia, de manera que con su actuar contribuyan al buen funcionamiento de la administración de justicia. Asimismo deben evitar la presentación de supuestos fácticos y pretensiones tendientes a distorsionar el juicio del operador jurídico y que puedan afectar injustificada o temerariamente el patrimonio de las entidades públicas”. El proyecto está en sus últimos retoques y le corresponderá al gobierno entrante impulsarlo en el Congreso con la urgencia que la situación amerita.