Esta coronel pondría al Estado a responder internacionalmente por discriminación sexual

Una alta oficial retirada de la Policía podría llevar al Estado colombiano, por primera vez, ante instancias internacionales por presunta discriminación dentro de la institución debido a su orientación sexual. La coronel de la reserva Sandra Mora Morales, quien sirvió durante 30 años y se retiró hace casi tres meses, está decidida a impulsar su caso hasta las últimas consecuencias, para demostrar cómo existe una persecución silenciosa y sistemática, particularmente en los altos mandos, contra personas que, como ella, pertenecen a la comunidad LGTBIQ+.

Una alta oficial retirada de la Policía podría llevar al Estado colombiano, por primera vez, ante instancias internacionales por presunta discriminación dentro de la institución debido a su orientación sexual. La coronel de la reserva Sandra Mora Morales, quien sirvió durante 30 años y se retiró hace casi tres meses, está decidida a impulsar su caso hasta las últimas consecuencias, para demostrar cómo existe una persecución silenciosa y sistemática, particularmente en los altos mandos, contra personas que, como ella, pertenecen a la comunidad LGTBIQ+.

Su denuncia no solo apunta a los altos mandos de la Policía, sino que también involucra al Ministro de Defensa, Iván Velásquez, y a figuras del poder político en Norte de Santander, incluyendo al Alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo. De hecho, este último capítulo de la persecución en su contra ha tenido lugar durante el “Gobierno del Cambio”, pues comenzó con su llegada al Fondo Rotatorio de la Policía (FORPO) el 7 de septiembre de 2022, exactamente un mes después de que Gustavo Petro asumiera el poder como el primer presidente de izquierda en Colombia.

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Su historia de los últimos dos años, conocida por El Espectador, comenzó con una conversación telefónica con el Ministro Velásquez y una entrevista de dos horas y media para ser la directora del FORPO. El jefe de la cartera le asignó dos misiones: combatir las dinámicas corruptas dentro del Fondo, y velar por el bienestar de los uniformados. Y es que la entidad ha sido objeto de atención por parte de la Procuraduría en múltiples ocasiones por presuntos casos de corrupción. En mayo de 2022, por ejemplo, cuatro meses antes de la llegada de la coronel (r), el Ministerio Público abrió una investigación sobre posibles irregularidades en la compra de telas para uniformes, un contrato valorado en $65.000 millones, adjudicado mediante subasta inversa.

Aunque se suponía que debía durar dos años como cabeza del Fondo, según su conversación con el ministro, Mora duró un poco más de uno. Según la coronel (r), su salida estuvo relacionada con decisiones que incomodaron profundamente a las altas esferas. “Haberle dicho a un señor ministro y a una viceministra que había corrupción y que el FORPO estaba quebrado no gustó”, contó. La tensión también empezó a escalarse cuando sancionó a empresarios y a contratistas por incumplir acuerdos, y se negó a renovar más de 230 contratos de personal que, según ella, eran recomendados de los altos mandos de generales y coroneles.

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En ese sentido, Mora señala que no solo su condición de mujer lesbiana en una institución profundamente conservadora fue lo que le cerró el camino hacia el rango de general, sino también sus denuncias sobre la corrupción y las irregularidades dentro de la Policía. Sin embargo, tras su salida forzada del FORPO en octubre de 2023, ese ascenso apareció como una posibilidad. Una vez más, el Ministro de Defensa la llamó.

“Queremos que sea general, pero usted está mal con los generales”, le dijo Velásquez, según la coronel (r). De acuerdo con ella, su “relación tensa” con el alto mando se debía a que no encajaba en el juego político que domina la institución. Le ofrecieron un puesto como agregada policial, dejándola elegir su destino, y Mora solicitó ser enviada a Nueva York. Sin embargo, ese plan fue abruptamente cancelado. En su lugar, la mandaron a Cúcuta como Comandante de la Policía Metropolitana, bajo el argumento de que “necesitaban a alguien incorruptible”.

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En octubre, cuando Mora asumió el mando en la capital de Norte de Santander, coincidió con las elecciones regionales que llevaron a Jorge Acevedo a la Alcaldía. El político cucuteño había fracasado dos veces en su intento de ser alcalde y había cambiado de partido en varias ocasiones (sostuvo avales del Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Liberal y ASI), finalmente logró su objetivo en su tercer intento. Según la coronel en retiro, las tensiones surgieron casi de inmediato, y no solo con el alcalde, sino también con el general José James Roa. Mora estaba al tanto de que funcionarios de la Alcaldía y políticos mantenían conversaciones en las que se cuestionaba cómo una mujer —y más aún, una mujer lesbiana— había llegado a ocupar una posición de poder tan visible, y discutían abiertamente la urgencia de apartarla de su cargo.

“No haberle gustado al Alcalde de Cúcuta también tuvo unas incidencias políticas. A veces importa más una relación adecuada entre el comandante con el político de turno que esté, que los resultados policiales y de seguridad”, dijo la comandante, quien entre sus logros destaca la captura de la sicaria conocida como “Laika”, quien trabajaba para Ever Carreño Corredor, alias “Porras”, señalado de estar implicado en más de 200 homicidios en el departamento. Aunque El Espectador buscó a Acevedo para escuchar su versión de la historia, al momento del cierre de esta edición el alcalde no había dado respuesta.

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La presión contra Mora no tardó en intensificarse. A finales de enero, tras apenas tres meses en Norte de Santander, el general William René Salamanca, director de la Policía, recibió una carta anónima de dos páginas a la que pudo acceder este diario. El documento, titulado “La doble moral de la coronel Sandra Mora en la Policía de Cúcuta”, la acusa de 12 supuestos actos de corrupción y comportamientos que desprestigian a la entidad.

Dice la carta: “Una cosa es la diversidad sexual a la cual le debemos todo el respeto, pero otra muy diferente es abusar y escudarse en dicha condición para aprovechar y abusar del mando”. El anónimo detalla la asistencia de Mora a un concierto en estado de embriaguez, así como un uso indebido de recursos institucionales, entre ellos, vehículos oficiales para fines personales, e incluso, el hecho de tener una amante. Además, se le señala por supuesto acoso sexual a subalternas y abuso de poder, y se la vincula con empresarios de dudosa reputación, como Arbey Duque Villamizar.

El documento decía que se había gastado $30 millones de pesos comprando anchetas para sus amigos cercanos. La carta fue el punto de partida que selló su destino en Cúcuta, ya que, pocos días después, Mora supo que sería relevada de su cargo. Según ella, esta fue la justificación que las altas esferas usaron para ignorar su ascenso a general, a pesar de que no se presentaron pruebas concretas que sustentaran las acusaciones, tal como, según ella, le confirmó el Ministro de Defensa. Velásquez tampoco accedió al diálogo con este diario para abordar la situación con la coronel (r) Mora. En medio de esta tormenta de señalamientos, ella pidió su retiro en marzo.

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La coronel en retiro, quien desde hace años se ha visto empapelada en estrados judiciales, pidió que se le investigara por las acusaciones. “El ser oficial abiertamente lesbiana me ha causado miles de problemas. Me ha traído más de 40 investigaciones en todas las instancias. Yo he estado en Procuraduría, en la Justicia Penal Militar, en la Fiscalía”, anotó.

En el “dossier” que tiene la justicia en su contra hay tres quejas en los despachos de la Procuraduría por presunto acoso laboral. Mora argumenta que su firmeza se ha confundido con abuso: “Me han querido hacer ver a nivel institucional que maltrato a los policías. ¿Por qué? Porque soy una mujer de profunda disciplina y exigirle hoy en día a una persona en el nivel que sea se volvió un problema. Si no es acoso laboral, es que es maltrato”.

En agosto pasado, el Ministerio Público recurrió al poder preferente para llevarse dos de sus expedientes de la Inspección General y Responsabilidad Profesional (INGER), según documentos en poder de El Espectador. La resolución de dos páginas fue el resultado de una petición de Mora, quien no siente seguridad jurídica al interior de la Policía. Según ella, la querían inhabilitar y sacar destituida: “Fuera de que no me llamaron a general, me querían sacar por la puerta de atrás”.

Este diario pudo confirmar que hace casi dos semanas su caso también lo acogió la ONG Temblores, que en este momento evalúa todas las opciones jurídicas para buscar la garantía de sus derechos fundamentales. “Observamos una sistematicidad en las vulneraciones al libre desarrollo de su personalidad como mujer y como lesbiana, que se han manifestado a través de graves prácticas de discriminación en la cotidianidad, en casos de acoso judicial y disciplinario, y en un ambiente laboral que resulta hostil y violento”, dijo la organización, que también aseguró que se ha observado una persecución interna en su contra por denunciar graves hechos de corrupción al interior de la institución.

En la estrategia jurídica, que está en construcción, no se descarta el sistema interamericano. “Yo voy a llevar el caso hasta las máximas instancias internacionalmente y nacionalmente para demostrar que la Policía de Colombia no es respetuosa de los Derechos Humanos”, estableció la coronel (r).

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Mora estuvo, además, 11 años por fuera de la institución, entre el 2000 y 2011. La retiraron por su orientación sexual, pero ganó una demanda y se reintegró en septiembre de 2011. No busca reintegrarse a la Policía, de hecho, en abril entuteló a la Presidencia y a la institución porque no le daban su retiro, según reveló la excavación por sus procesos judiciales. La coronel (r) asegura que solo quiere demostrar la persecución hacia los miembros de la población LGTBIQ+ desde la oficialidad.

Cuando El Espectador contactó a la institución para obtener su posición oficial sobre las denuncias contra la coronel Sandra Mora, la Policía Nacional subrayó su compromiso con los Derechos Humanos y la legalidad, sin hacer referencia específica a las acusaciones: “La Policía Nacional es garante y respetuosa de los Derechos Humanos, sin importar raza, credo, condición social u orientación sexual de sus integrantes. Todas nuestras actuaciones se rigen bajo el marco de la Constitución Política de Colombia”.

Mora ha puesto denuncias ante la Fiscalía por amenazas y seguimientos, y teme por su seguridad y la de su familia. Y está en proceso de llevar todo esto hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, la coronel en retiro también tendrá que responderle a la justicia por las decenas de acusaciones en su contra. Los expedientes, en todo caso, están por entrar en una etapa definitiva.

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