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Denuncian adjudicación a dedo de contrato de Cancillería para mejorar citas de pasaportes

El concejal Daniel Briceño denunció un contrato de 10.300 millones otorgado por convenio interadministrativo a Aldesarrollo, firma que ya tendría antecedentes de incumplimientos.

21 de octubre de 2024 - 02:19 p. m.
Trámite y proceso para reclamar el pasaporte en la Oficina Norte.
Trámite y proceso para reclamar el pasaporte en la Oficina Norte.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El concejal Daniel Briceño denunció ante la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación al Comité de Contratación de la Cancillería por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de 10.300 millones de pesos para el suministro de servicios de tecnología y mejorar el sistema de asignación de citas para pasaporte.

Según Briceño, la Cancillería otorgó a dedo el contrato a la empresa Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo), una firma que, según señaló el concejal del Centro Democrático, enfrenta una deuda de 14 mil millones de pesos y no cuenta con experiencia en el área tecnológica ni con el equipo técnico para cumplir con el la tarea.

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Según la denuncia, la adjudicación del contrato se realizó a través de un convenio interadministrativo y no licitación pública, lo cual contraviene la Ley de Contratación Pública. “Es preocupante que el contrato haya sido suscrito mediante contratación directa. ¿Dónde queda lo que dice el Presidente sobre la importancia de garantizar procesos de contratación transparentes, por licitación con varios oferentes y cumplir la ley de contratación?”, cuestionó Briceño.

Aldesarrollo, que en 2024 ha celebrado contratos por 234 mil millones de pesos, ya habría incumplido algunas de sus responsabilidades contractuales. Entre los ejemplos más recientes, el concejal uribista mencionó un contrato de 5 mil millones de pesos para diseñar un sistema biométrico en los estadios del país, que fue cancelado por el Ministerio del Deporte debido a incumplimientos. Asimismo, destacó otro contrato de 4 mil millones de pesos con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, cuyo objetivo era la actualización de sistemas informáticos, pero que también terminó por falta de cumplimiento.

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