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Días después de que el Congreso, en el marco de la discusión del Presupuesto de 2022, aprobó modificar la ley de garantías –que le pone freno a cierta contratación de los entes territoriales cuatro meses antes de elecciones–, este viernes fue radicada formalmente una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra 71 congresistas señalados de incurrir en el delito de prevaricato.
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Según el representante de oposición Germán Navas Talero (Polo Democrático), quien es uno de los autores de la denuncia, la modificación a la ley nada tenía que ver con el tema de presupuesto, por lo que lo calificó como un mico que le terminaron colgando al proyecto.
“Los miembros de la Cámara de Representantes sabían de antemano que, de votar ese articulito, estarían violando la ley, puesto que una ley estatutaria no puede ser derogada con una ley ordinaria, como lo estarían haciendo al aprobarlo”, explicó.
A su turno, la representante Ángela María Robledo advirtió que esos congresistas prevaricaron con la supuesta complicidad del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo: “Les hicieron votar un artículo para acabar con la ley de garantías, una ley estatutaria en el marco del trámite de una ley orgánica. Esos mismos que aplauden los bombardeos para los niños, esos mismos que aprueban presupuestos para la guerra”.
La denuncia fue radicada ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y fue firmada por los representantes a la Cámara Juanita Goebertus, David Racero, Inti Asprilla, María José Pizarro, Fabián Díaz, Ángela María Robledo y Germán Navas Talero.
Entre los denunciados figuran la presidente de la Cámara, Jennifer Kristin Arias, así como los ponentes del proyecto de presupuesto, John Jairo Roldán, Jorge Eliécer Salazar y Oscar Tulio Lizcano González.