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La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia hizo pública este miércoles una denuncia por corrupción en el Departamento de Prosperidad Social (DPS), que dirige Cielo Rusinque. Entre otros contratos que cuestiona la senadora está el que se le dio a SuperGiros por $20.000 millones para que fuera el operador de los pagos del programa Colombia Mayor, que entrega un subsidio económico de $80.000 a adultos mayores que viven en condiciones de pobreza.
La tesis de la senadora es que ese contrato se le otorgó a SuperGiros para pagar el apoyo que dicha empresa habría dado a la campaña de Gustavo Petro a la presidencia en 2022.
Como pruebas, Valencia publicó un fragmento de uno de los videos que se filtraron de la campaña Petro el año pasado. En dicho video, Roy Barreras afirma: “La gente de SuperGiros, que ya ayudó en la primera vuelta, quiere explicar con la junta directiva cómo ellos pueden avanzar a un sistema cooperativo financiero, porque le oyeron a Petro el tema de acabar con el monopolio financiero”. Y ahí mismo agregaba: “Y esto va de la mano de un aporte, que puede ser de $500 millones, de $1.000 millones.”
La senadora también publicó el contrato otorgado a SuperGiros el 7 de marzo pasado, que aparece como una orden de compra en cuya justificación se lee: “Prestación de servicios de dispersión y entrega transferencias monetarias a través de servicios postales de pago a los beneficiarios del programa Colombia Mayor”. En concreto, el contrato es por $20.037.074.400. “El Gobierno Petro le habría cumplido a SuperGiros”, escribió Valencia en su denuncia.
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Otro de los elementos mostrados por la parlamentaria para sustentar su denuncia fue el retraso que tuvieron los pagos de ese programa en enero y febrero de 2023. En efecto, en ese momento tanto la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, como su secretaria de Integración Social, Margarita Barraquer, le reclamaron al Gobierno Nacional por los retrasos en los pagos de Colombia Mayor que en Bogotá benefician a 49.000 adultos mayores. El DPS respondió en ese entonces que los retrasos de enero y febrero se habían dado por el proceso contractual mediante el cual se seleccionaba al operador (SuperGiros) y que los pagos se reactivarían a partir del 16 de marzo de 2023.
Además, la senadora añadió la indagación preliminar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió a finales de febrero pasado a la campaña de Petro, por irregularidades en el manejo de los recursos. Sin embargo, esa investigación es por una denuncia anónima según la cual Jonathan Ramírez, abogado de la campaña, y Ricardo Roa, gerente de la misma y hoy presidente de Ecopetrol, habrían recibido donaciones en efectivo en la sede de campaña que no reportaron y habrían manejado recursos en sus cuentas personales, cuando la ley señala que todos los dineros deben ser centralizados en la cuenta única de la campaña.
¿Corrupción en contrato del DPS con el Banco Agrario?
La denuncia de Paloma Valencia también incluye el contrato que el DPS le dio al Banco Agrario para operar los pagos a los beneficiarios del programa Familias en Acción. Dicho contrato se hizo por más de $54.000 millones, a una tarifa de $3.200 por familia beneficiaria que recibe giro.
Según Valencia, otras entidades financieras ofrecían una tarifa más baja y reclama que no se les haya contratado. Por ejemplo, dijo que Davivienda ofrecía una de $2.576 por giro. Pero según los propios soportes compartidos por ella, esa tarifa corresponde al año 2020.
Agregó que el Banco Agrario tiene una cobertura del 96.5% del territorio del país por lo cual, dijo, “el Banco Agrario tendrá que subcontratar con entidades financieras privadas - entre esas SuperGiros - para lograr la cobertura”.