Denuncian irregularidades en contratos de proyectos ambientales en gobierno Duque

La congresista Esmeralda Hernández radicará una solicitud ante los entes de control para que se investiguen las irregularidades.

Foto: Cortesía Ministerio de Agricultura

Fue hecha una nueva denuncia por corrupción en contratos para las regiones. Esta vez se trata de irregularidades en 12 mil contratos por $3.8 billones, que habrían dejado la pérdida de $380 mil millones para los fondos regionales y ambientales del Sistema General de Regalías.

La denuncia fue hecha por la senadora Esmeralda Hernández (Pacto Histórico), quien asegura que durante la administración de Iván Duque se asignaron contratos, así como actos de ordenación de gasto bajo la modalidad de contratación directa y regímenes especiales.

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Según lo señala Hernández, solo a una fundación le entregaron 253 contratos por $245 mil millones, por lo que, en consecuencia, la congresista radicará una solicitud ante los entes de control para que se investiguen las irregularidades y además, presentará un proyecto legislativo para reformar la actual Ley de Regalías, con el fin de mitigar la corrupción.

“Entre el 7 de agosto de 2018 y el 7 de agosto de 2022, el gobierno destinó a dedo y sin una sólida justificación técnica. (...) La actual Ley de Regalías, reformada bajo el gobierno Duque, abrió más la brecha para que le hicieran el quite a la Ley 80 de 1993 y evitaran así procesos de selección públicos, abiertos y transparentes”, señaló la senadora.

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En suma a estas denuncias, el alcalde del municipio de Colón (Nariño), Segundo Gil López, dijo que “durante varios años en muchas entidades del Estado han instalado unas especies de ‘peajes’, es decir el pago de coimas o dádivas, a cambio de permitir el avance de un proyecto de regalías. Si esto no se hace la iniciativa sencillamente es descartada por muy buena que sea”, contó.

Una de las empresas que, según la senadora, se quedaron con estos contratos fue el Fondo Mixto para la promoción del Deporte y la Gestión Social, la misma entidad que según una denuncia de la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde) ejecutó casi 500 mil millones de pesos de los cuestionados contratos del OCAD paz.