Desde el Congreso niegan irregularidades en trámite de reforma a la Ley de Víctimas

Congresistas rechazan declaraciones de directora de la Unidad para las Víctimas.

Foto: Archivo Particular

Luego de que la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, denunciara demoras y posibles irregularidades en el trámite de la reforma a la Ley 1448, congresistas de la Comisión Primera de Cámara manifestaron su desacuerdo con dichas declaraciones y le pidieron a la funcionaria retractarse si no tiene pruebas que sustenten sus afirmaciones.

El presidente de esa corporación, el liberal Oscar Sánchez, publicó un video en el que invitó a Tobón a llevar sus denuncias ante las autoridades competentes. “De lo contrario deberá retractarse de dichas afirmaciones que solo buscan desinformar a la ciudadanía y desconocen la Ley Quinta de 1992″, aseguró el representante.

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Según explicó, a la Comisión Primera han llegado cuatro proyectos que buscan reformar la Ley de Víctimas, tres de iniciativa parlamentaria y uno mixto; es decir, en compañía del Gobierno. “En el mes de octubre esta mesa directiva tomó la decisión de acumularlos y asignar ponentes de acuerdo a la representación política de la Comisión, pero también se aprobó realizar audiencias públicas en el país, con el único objetivo de escuchar a las víctimas”, agregó.

Las audiencias, explicó Sánchez, se seguirán haciendo en Nariño, Antioquia, Caquetá, Putumayo, Cesar y Cauca. Estos departamentos se sumarán al Chocó, donde los representantes estuvieron en noviembre pasado. “Reiteramos a la doctora Patricia Tobón que si esas afirmación son ciertas, las denuncie; o de lo contrario, se retracte”, concluyó el congresista.

De acuerdo con la directora de la entidad, en el Congreso hay “una omisión legislativa” para discutir y votar el proyecto. Además, aseguró que parte de los recursos para las víctimas “se han perdido porque se han entregado a la burocracia, se han perdido porque se han priorizado la agenda política y no la agenda de las víctimas. Y hoy que estamos haciendo un esfuerzo muy grande anticorrupción, para que la plata se estire, para que le llegue a las comunidades, no se le puede entregar a los corruptos del país y a la mermelada de las burocracias del Congreso”.

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La funcionaria insistió en que “no puede ser que unos congresistas pagados por el Estado, por la ciudadanía, que tienen una agenda legislativa, retrasen los debates más importantes de justicia social y equidad. Que los retrasen porque tienen que solicitar los cargos de las entidades públicas porque si no, no avanzan”.

Estas declaraciones, hechas en el marco del foro “Un camino con las víctimas”, organizado por El Espectador, Codhes y Usaid, fueron las que levantaron ampolla en el Congreso, especialmente en la Comisión Primera de Cámara, donde actualmente transita el proyecto. El debate se retomará el próximo 16 de febrero, fecha en la que regresarán los congresistas a discutir no solo esa, sino buena parte de la agenda de iniciativas del Gobierno que marcarán la labor legislativa en el primer semestre de 2024.

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