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A los ojos de muchos es prioritario, urgente, un asunto de vida o muerte, hacer algo para no truncar más sueños como el del joven Dilan Cruz. Su imagen se convirtió en el rostro del paro nacional y en el del uso desmedido de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), en medio de un ambiente convulsionado por el descontento y la insatisfacción de cientos de personas. La multitud ha dicho que no abandona las calles hasta que el Gobierno resuelva sus demandas, entre ellas la de hacer algo con esta unidad de la Policía.
A una semana del paro, la juventud que sostiene la protesta dejó clara su resistencia para no dar el brazo a torcer. Exigen más garantías de vida. Por eso, de las jornadas de movilización quedaron grabadas también las laceraciones en los cuerpos de los manifestantes, el rojizo de los ojos por el ardor y se escuchó la respiración entrecortada a causa del gas pimienta lanzado por el Esmad para dispersar a la multitud. Y, hay que decirlo, las de muchos uniformados golpeados y heridos.
Y así como la ciudadanía habla, el Congreso observa y traduce el llamado que se lee en pancartas, arengas y redes sociales de acuerdo con su orilla política. “No más Esmad”, “Esmad asesinos” y “Desmonte Esmad” son algunos de esos mensajes que han sido replicados por partidos de oposición. Precisamente, fueron ellos quienes reabrieron el debate en el Legislativo para pedir la disolución de este organismo cuando denunciaron el asesinato de Dilan Cruz ante la Fiscalía y enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar su muerte, junto a otras situaciones similares presentadas durante el paro.
“Ha sido recurrente que el Esmad cometa excesos de la fuerza, violente la protesta y produzca graves afectaciones sobre los que participan en la protesta pacífica, como ocurrió con los hechos que desembocaron en la desafortunada muerte de Dilan Cruz. Eso, por supuesto, debe conducir a una evaluación muy seria, que daría cuenta del comportamiento de este organismo”, comentó Antonio Sanguino, senador de la Alianza Verde, que habla no solo del desmonte sino de la “reedición de la doctrina policial” de un cuerpo antichoque que no sea represivo, sino preventivo.
Ante los cuestionamientos, el presidente Iván Duque aseguró que es injusto “decir que la Policía es asesina” y alegó que detrás de expresiones de este calibre hay móviles políticos. Insistió además que detrás de las protestas pacíficas hay “muchos que han querido pescar en río revuelto y acudir al vandalismo”. Respecto al Escuadrón, sostuvo que este ha buscado actuar con “toda la prudencia” y que su principio es “defender el interés general, la vida, honra y bienes de los ciudadanos”.
Los casos existen, pese a que no haya un número unificado de víctimas del Esmad, porque el Estado no las reconoce y Medicina Legal no discrimina qué célula de la Fuerza Pública se sobrepasó con el uso de la autoridad. Aparte de la historia de Dilan están las de Nicolás Neira y Johnny Silva, asesinados en 2005 por el Esmad, procesos judiciales por los que se condenó a la nación. Igualmente, las muertes de Óscar Salas, en 2006, y Miguel Ángel Barbosa, en 2016, por situaciones similares, aún no tienen doliente en la justicia. Esos capítulos oscuros de las movilizaciones refuerzan la propuesta de los congresistas de oposición que plantean darle fin a ese cuerpo policial.
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Jorge Robledo, del Polo, recordó que en la reunión entre el presidente Duque y el Comité del Paro se pidió que se desmantelara esa fuerza. “Tengo la impresión de que la conducta del Esmad cuenta con la alcahuetería de este Gobierno y los anteriores. Está formada dentro de la idea de que toda protesta está llena de criminales y deben ser tratados como tales”. De hecho, Ángela María Robledo, líder de la Colombia Humana, se fue hasta los inicios de esa unidad, en 1999, para explicar que “surgió como una figura transitoria en la administración de Andrés Pastrana. Y por no estar estructurada, actuó violentamente y cada vez con más autonomía”, dijo. Ella, que durante su período en el Congreso adelantó con Iván Cepeda y Alirio Uribe varios debates sobre dichas actuaciones, reiteró que debe reemplazarse, por ejemplo, por la unidad de fuerza disponible, “trabajando en protocolos en el marco de los derechos humanos”.
“Siempre los ministros de Defensa han dicho que en el mundo existen fuerzas similares para recuperar el orden. Pero, por su entrenamiento, se percibe que actúa más como una unidad del Ejército y no de Policía, que tiene un carácter persuasivo. El Esmad debe desaparecer”, puntualizó Robledo, abogando por una mirada de protección y menos de represión.
La discusión es de tal calado que se hizo presente durante el proceso del Acuerdo de Paz. Por ello, el hoy senador Carlos Antonio Lozada, de la FARC, sostuvo que “no es solo disolver el Esmad, sino cambiar la doctrina que criminaliza”. Según él, reemplazar el Escuadrón por otros mecanismos resultará en una garantía del actuar del Estado sin dañar a quienes se manifiestan. “Tiene que ser una construcción de toda la sociedad”. Y en la perspectiva de prevención que planteó Sanguino, también entran los mandatarios locales con la tarea de anticiparse a los hechos y adoptar decisiones con cabeza fría: “Los alcaldes tampoco están preparados para situaciones como las que hemos visto, en las que ordenan al Esmad manejar los disturbios. Con esto desaparece la autoridad civil”, dijo Iván Marulanda, de la Alianza Verde, que coincide en plantear la creación de un grupo garantista y capacitado en derechos humanos.
Aunque concuerdan que se tiene que hacer algo, los partidos independientes señalan que la solución no es el desmonte del Esmad, sino entender su entramado para saber en qué se está fallando. “El foco no debe estar ahí, ni en la búsqueda de culpables, sino en soluciones. El problema es que hay funcionarios que actúan a título personal y se salen de los estándares de operación”, opinó José Daniel López, representante de Cambio Radical. En la misma tónica de reestructurar la organización se ubica el senador liberal Luis Fernando Velasco. Su apuesta es la de reentrenar a la Fuerza Pública que, a su juicio, no ha entendido que hubo una transición de país tras la firma del Acuerdo de Paz.
“Es muy delicado que un policía aún tenga lógicas del enemigo guerrillero. En las ciudades el conflicto es otro, así como el relacionamiento con las personas. Eso se logra a través de una nueva dinámica de entrenamiento. También las autoridades locales deben tener mayor responsabilidad cuando piden presencia del Esmad, no por cualquier concentración”, planteó Velasco, dejando claro que los cuerpos antichoque son necesarios.
En los partidos de gobierno hay posiciones divididas. Por supuesto, desde el Centro Democrático la postura unánime es de respaldo a la Fuerza Pública. La senadora Paloma Valencia reivindicó su pertinencia y expresó agradecimiento por quienes “se exponen y arriesgan tanto”, mientras que su compañera María Fernanda Cabal fue más allá y alegó que “para la izquierda incendiaria, la Fuerza Pública es represora y asesina”.
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Por otro lado, desde el Partido Conservador, el senador Juan Diego Gómez insistió en que la “izquierda le ha hecho daño a la institucionalidad desprestigiando al Esmad”; sin embargo, abrió la puerta a una regulación para revisar su protocolo de intervención. Tomando distancia de la propuesta del exministro de Defensa, Guillermo Botero, quien dijo que urge un proyecto de ley que garantice el derecho a la libre expresión, a la huelga y a la libre asociación, pero que “como contraprestación dé herramientas a las autoridades, como multas o penas, para los que ocultan su rostro y atacan a la Policía, así como la posibilidad de declarar ilegal una protesta cuando deja de ser pacífica”.
Y en el Partido de la U, que aunque es de gobierno milita más que todo en la frontera de la independencia, el senador Roy Barreras declaró que el problema trasciende la coyuntura y que se necesita una revisión de toda la política de Estado en materia de seguridad, pues el Esmad es uno de tantos elementos armados de una Fuerza Pública “que en el último año ha inducido a la persecución de todo aquel que piense diferente, que ya es catalogado como enemigo”. Para Barreras, se trata de una política que ha puesto a sectores de las autoridades en contra de la población, “lo que le hace daño al afecto y respeto que se tiene por la Fuerza Pública”. Más que una decisión o un clamor ciudadano, la decisión de hacer cambios depende de la disposición del presidente Duque y de la misma institucionalidad de hacerlo. La pregunta es si lo harán en medio de los reclamos.