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Después de mucha expectativa sobre el futuro de La Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Congreso finalmente le dio el visto bueno para que esta tenga vida por 10 años más. Este viernes, el Senado y la Cámara de Representantes conciliaron los textos aprobados en dichas corporaciones y ahora pasa a sanción presidencial para que la prórroga sea ley de la República.
La ley fue aprobada inicialmente en 2011 y se vencía en 2021. De un aproximado de nueve millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado, faltaban todavía cerca de siete millones para reparar, un hueco importante por el que personas como Ramón Rodríguez, director de la Unidad de Víctimas, pedía al Congreso agilizar su trámite para hacer realidad la prórroga.
(Lea: Director de la Unidad de Víctimas pide al Congreso tramitar Ley de Víctimas)
“Lo que buscan todas las bancadas y lo que ha sucedido durante el trámite legislativo es que por unanimidad siempre han estado de acuerdo en realizar la prórroga”, dijo el pasado 4 de noviembre Rodríguez, cuando le recordó al Congreso que la idea con este trámite era avanzar en la reparación integral y fortalecer los derechos adquiridos por las víctimas del país.
Luego de ser conciliados los textos, el senador Roy Barreras indicó que esta decisión representa que los próximos gobiernos deben comprometerse en “la más ambiciosa reparación de víctimas que ningún Estado antes había asumido en ninguna guerra interna”.
“Hago énfasis especial en la restitución de tierras. Miles de campesinos, despojados a sangre y fuego hoy tienen derecho, gracias a esta ley, a recuperar su parcela”, aseguró, sin dejar de lado la realidad: poderes ilegales del paramilitarismo, disidencias y crimen organizado “los están revictimizando y produciendo nuevos despojos”. “Se requiere no solo la prórroga sino el compromiso del Estado para garantizar la no repetición y el cese de ciclos de violencia en Colombia”, añadió.
(Lea también: Prórroga de la Ley de Víctimas por 10 años más fue aprobada en último debate)
El texto conciliado que se convertirá en ley, dicta que el Gobierno debe presentar un informe anual al Congreso detallando el desarrollo y la implementación de la ley, al igual que el objeto cumplido de esta. Así mismo, manifiesta que un año antes del vencimiento de esta vigencia, “el Congreso de la República deberá pronunciarse frente a la ejecución y cumplimiento de la misma”.