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Esta semana pasará a la historia como una de las más difíciles para el gobierno de Iván Duque. A la derrota en la Cámara de Representantes, que rechazó, con una votación de 110 contra 44, las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), se suma el duro reclamo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el aumento del narcotráfico desde Colombia hacia su país. Un episodio que llamó la atención, puesto que en los últimos días el embajador norteamericano en Bogotá, Kevin Whitaker, se ha movido sigilosamente para evitar que el Congreso hunda definitivamente los reparos de Duque a la norma.
Tras la votación del lunes de esta semana en la plenaria de la Cámara, trascendió el contenido de una serie de reuniones a las que el embajador Whitaker convocó, con la presencia de senadores y representantes, en su residencia diplomática. A pesar de que se pidió confidencialidad de los encuentros —y hasta alcanzó a existir un pacto para no revelar detalles sino hasta después de votadas las objeciones—, El Espectador pudo reconstruir las conversaciones que habría sostenido Whitaker con los legisladores e incluso con el expresidente y actual director del Partido Liberal, César Gaviria, colectividad que ha liderado el bloque en defensa del Acuerdo de Paz.
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El lunes 1° de abril, Whitaker invitó a un desayuno a los senadores encargados de rendir ponencia sobre las objeciones. A las 7:00 de la mañana, a la casa del embajador en el exclusivo barrio Rosales, en el norte de Bogotá, llegaron José David Name (Partido de la U), Iván Marulanda (Alianza Verde), Paloma Valencia (Centro Democrático), John Milton Rodríguez (Colombia Justa-Libres), Antonio Zabaraín (Cambio Radical) y David Barguil (Partido Conservador). La entrada fueron huevos con tocineta y, de bebida, la favorita de Whitaker: café Don Pedro. Pero el plato fuerte fueron las objeciones y, particularmente, su preocupación por los efectos del Acuerdo de Paz sobre el tratado de extradición entre los dos países.
“Lo primero que hay que advertir es que las reuniones del Senado y de la Cámara fueron muy distintas. En la nuestra casi todos estamos a favor de las objeciones, excepto el senador Marulanda. Por eso, el ambiente no fue tenso, como sí con los representantes, y el embajador habló con mayor soltura”, detalló uno de los invitados al desayuno. La reunión se extendió por cerca de una hora y media, y según cinco de los seis asistentes, la conversación giró en torno a tres temas: la afectación que pueda tener la cooperación judicial entre ambos países y el caso Santrich; las represalias que podría tomar Estados Unidos y el malestar con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y con el manejo que le está dando el actual, el de Iván Duque, a la política antidrogas.
“Dijo que Santos, Jaramillo (Sergio) y (Humberto) De la Calle eran unos mentirosos, que habían engañado al gobierno de Barack Obama con el Acuerdo de Paz, que Santos siempre dijo que, con el Acuerdo, las Farc iban a entregar las rutas del narcotráfico y que iba a ser más fácil combatirlo, pero que pasó todo lo contrario”, contó otro asistente. Y aunque algunos invitados dijeron que el senador de Cambio Radical, Antonio Zabaraín, le sugirió al embajador que saliera a micrófonos a decir abiertamente que su país se sentía engañado, Whitaker manifestó que no era conveniente, entre otras cosas, porque en el gobierno de Obama se había enviado a un delegado especial, Bernard Aronson, a acompañar la mesa de diálogos. De hecho, personas cercanas a los diálogos de La Habana comentaron que la fuerte postura del embajador se explica porque Obama siempre lo mantuvo relegado del proceso de paz, habida cuenta de su rechazo al mismo.
Consultados algunos miembros de la mesa de negociación en Cuba, explicaron que una de las líneas rojas del gobierno Santos fue no afectar el tratado de extradición, a tal punto que en el Acuerdo de Paz quedó muy claro que el mecanismo de cooperación judicial se mantenía intacto. Es decir, que las preocupaciones de Estados Unidos hoy son producto de las modulaciones de las normas derivadas de lo pactado en La Habana, que incluyeron una serie de requisitos antes de aceptar el envío de un exmiembro de las Farc a ese país. Y que de todo lo que ocurrió en Cuba fue riguroso testigo Aronson. En opinión de uno de los explenipotenciarios del Gobierno, fue precisamente la operación de entrampamiento de Jesús Santrich, “con un ánimo vengativo”, la que le subió el volumen al asunto de la extradición y puso en la mira de la Corte Constitucional la necesidad de blindar el proceso.
Los consultados coincidieron en que el embajador hizo una breve explicación de los temas que les preocupaban, que estaban reflejados en las objeciones, y que luego intervino cada uno de los senadores explicando su interpretación política. “También dijo que si el Congreso no aprobaba lo referente a la extradición, Estados Unidos podría tomar medidas, como dejar de enviar los US$500 millones de ayuda al país, y nos anticipó la arremetida de Trump de esta semana en contra del presidente Duque”, contó otro de los invitados. No obstante, también narró que Whitaker había aclarado que era consciente de que Duque “había recibido una herencia complicada”.
Cuentan, además, que a pesar de que el ambiente era de distensión, Paloma Valencia se incomodó con las afirmaciones de Whitaker sobre los efectos para la extradición y aprovechó para hacerle el reclamo por el apoyo que el gobierno estadounidense le había dado a la mesa de La Habana y al Acuerdo de Paz. Relatan que le alcanzó a decir que en esa misma casa, en la renegociación luego del triunfo del no, le advirtieron a los Estados Unidos que esto iba a pasar. “Paloma le preguntó directamente sobre la posibilidad de una descertificación y el embajador no contestó, pero sí dijo que las consecuencias podrían ser las que se han aplicado en Centroamérica, retirando los recursos de cooperación. Sobre la primera declaración de Trump esta semana, dijo que no nos la tomáremos personal”, puntualizó uno de los testigos.
La única voz disonante del grupo de Senado invitado a la residencia del embajador fue la de Iván Marulanda, de la Alianza Verde, partido de oposición. Cuentan sus compañeros que era visible su molestia e incomodidad, que a diferencia de sus colegas las palabras del embajador le sonaron intimidantes y groseras, más aún cuando el diplomático habló mal de Santos y cada senador aportó algún comentario criticando al expresidente. “El embajador dijo que su gobierno era el mayor cooperante de Colombia y que desde 2016, cuando se firmó el Acuerdo, han aportado US$1.000 millones, los cuales se ponían en riesgo si se afectaba el principal interés de los Estados Unidos en Colombia: la extradición. Marulanda le respondió que a los colombianos les importaba más la paz del país que la plata norteamericana”.
Sobre el caso Santrich, Whitaker fue insistente en que su Gobierno no iba a entregar ninguna prueba a la JEP, que las autoridades norteamericanas lo iban a reclamar a Colombia y que ese caso era un “punto de honor” para Estados Unidos. “No tanto por Santrich, sino por el futuro del tratado de extradición. También nos dijo que tenía información de que otros miembros de las Farc estaban narcotraficando, aunque no nos dio nombres”, relató un parlamentario. Y agregó que el diplomático les advirtió que si el país no entregaba a Santrich, Colombia iba a quedar en la mira de una posible intervención, concretamente de la Corte Penal Internacional (CPI).
La reunión de los senadores con el embajador terminó con una curiosa anécdota. Ya en el parqueadero, contaron algunos, el senador Zabaraín dijo que “la culpa de todo la tiene (el expresidente) Álvaro Uribe que, después de haber ganado el plebiscito, se fue a hablar con Santos y aceptó la invitación a la Casa de Nariño”. Paloma Valencia recordó de inmediato que “yo le dije que no fuera”. Al final, concluyeron que las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP tendrán en Senado la misma suerte que en la Cámara de Representantes, por lo que para los que acompañan los reparos es absolutamente claro que “el presidente Duque va a radicar reformas constitucionales alrededor de la jurisdicción especial en el Congreso de la República”, señaló un legislador.
La segunda reunión
De este encuentro poco trascendió en los medios, pero lo que alertó de las movidas del embajador en el Congreso fue la reunión que sostuvo el martes 2 de abril (al día siguiente), con los representantes. También a las 7:00 de la mañana, y con el mismo desayuno americano, Whitaker recibió a seis de los siete legisladores encargados de estudiar las objeciones en la Cámara baja. Asistieron Juanita Goebertus (Alianza Verde), John Jairo Cárdenas (la U), David Racero (Decentes), Carlos Ardila (Partido Liberal), José Daniel López (Cambio Radical) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático). Una composición muy distinta a la de las mayorías gobiernistas que visitaron la casa del embajador el día anterior.
El Espectador consultó a cinco de los seis asistentes y, al igual que en Senado, coincidieron en el propósito y la manera en que se desarrolló la reunión. Para todos, excepto para el representante uribista, la exposición del embajador fue intimidatoria, poco diplomática y tensionante. También coincidieron en los tres planteamientos expuestos por el embajador. Les dijo, por ejemplo, que el Congreso debía actuar como un poder autónomo sin atender las decisiones de la Corte Constitucional, pues ella “también podía equivocarse”. También repitió que los Estados Unidos no van a enviar ninguna prueba contra Santrich y harán todo lo posible por llevárselo. Y, finalmente, les reiteró que la ayuda económica a Colombia podría estar en riesgo si se hundían las objeciones.
“Whitaker dijo que él esperaba total reserva del encuentro porque quería hablar con total franqueza. Que su gobierno estaba muy preocupado y detalló los ejes prioritarios para su país. Luego, el representante Cárdenas explicó las razones por las que se oponía a las objeciones, argumentando razones jurídicas y no políticas. A partir de ese momento, el ambiente se crispó e incluso, con un gesto de soberbia, interpeló a Cárdenas diciéndole: ‘No entiendo qué es eso de inanes’. Luego habló José Daniel (López) y señaló el principio de separación de poderes y ahí se le voló la lengua al embajador, que le dijo: ‘No me venga con leguleyadas’. Ahí metió el tema de que el cariño de los Estados Unidos hacia sus amigos se expresa con dinero. ‘Love is money’, fue la frase que usó”, dijo un representante.
Pero Prada, quien estuvo en representación del uribismo, dijo que la frase usada por el embajador debía contextualizarse. Advirtió que, desde su perspectiva, esa expresión no fue usada en tono de chantaje sino “para expresarnos que Estados Unidos le tiene afecto a Colombia, que las relaciones bilaterales son excelentes y que están dispuestos a seguirnos ayudando”, señaló. Además, criticó que la reserva que pidió el embajador sobre el encuentro se haya roto, “aprovechando que este año tenemos elecciones, para poner al embajador como si hubiera estado presionando y no fue así. Y además, el embajador tiene todo el derecho de saber qué está pasando con un proceso de paz que estamos tratando de remediar en algunos temas”.
En la segunda intervención que hizo el embajador, contó otro legislador, señaló textualmente: “En mi gobierno hemos invertido US$1.000 millones desde que se firmó el Acuerdo, y no me parece justo que no podamos sugerir nada y no seamos escuchados”; y agregó que Whitaker fue especialmente rudo en el trato que le dio al representante Carlos Ardila. “Lo interrumpió cuando estaba explicando sus razones y, como estaba con los brazos cruzados, le dijo ‘haga algo por su país en vez de andar de brazos cruzados. Para eso lo eligieron’. Dijo que no entendía cómo era posible que la Corte pudiera estar por encima del Congreso y habló de la conocida sentencia del caso Dred Scott”.
Los representantes contaron que Juanita Goebertus en ese momento pidió la palabra, replicó al embajador y le dijo que conocía muy bien esa sentencia, que era de 1857, y que a Estados Unidos le había costado una guerra civil y dos reformas constitucionales. El embajador la miró altivo y le dijo: “Veo que conoces mucho de nosotros”. Juanita le contestó que había estudiado en su país. “Durante el encuentro, Whitaker repitió varias veces que él no era abogado, pero que no dudaba de que las objeciones del presidente estaban correctamente presentadas. De la extradición, reiteró que el tratado era claro y que ellos no iban a proporcionar pruebas y punto. Nunca nos pidió el voto, pero sí dijo que el Congreso debía aceptar las objeciones”. La congresista de la Alianza Verde remató diciéndole al embajador que, desde su experiencia en Estados Unidos, podía decir que admiraba la separación de poderes en ese país y que nunca había estado en una reunión “tan fuera de tono diplomático” como la que había convocado.
La lectura que le dieron algunos congresistas a la reunión con Whitaker es que, según dijeron, dejaba en evidencia una relación “viciada” entre el gobierno norteamericano y el presidente Iván Duque: “No lo ven con la capacidad suficiente para sacar sus compromisos adelante. Lo ven débil”, dijo un representante. Sin duda, la reunión con los de la Cámara fue de alta tensión y eso explica que pocas horas después de ocurrida se hubiera filtrado. Ese mismo día fue radicada la ponencia negativa en la corporación y también trascendió la invitación a una cena por parte del embajador a los magistrados de la Corte Constitucional, que los togados rechazaron por considerarla altamente inconveniente.
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Whitaker cerró la semana visitando al expresidente Gaviria en su casa para pedirle un concepto político sobre las objeciones. Sin embargo, la derrota del Gobierno en la Cámara fue inevitable, como también lo fue el regaño de Trump al presidente Duque. Un epílogo de la semana que demuestra que Estados Unidos se está moviendo fuerte en la política interna, como en los tiempos del Plan Colombia.